El mayor problema que hoy enfrenta Medellín, el departamento de Antioquia y el país entero se exterioriza en la crisis de Hidroituango que nos puede llevar a un apagón eléctrico y, por consiguiente, a una considerable alza en las tarifas de la energía.
Lo anterior ha llevado al Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana y a UNIGEEP a adelantar un juicioso estudio de la mano de la geografía, la historia, la técnica, lo político-administrativo y la parte jurídica, en torno al desastre de Hidroituango. El estudio no es precisamente el resultado de la escucha de comentarios, noticias o lectura de periódicos, sino que es el producto de una investigación en la que se han consultado muchas fuentes, entre ellas las humanas, lo que le da a estas dos organizaciones cierta autoridad conceptual para afirmar que nada de lo que ha ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango se puede justificar presentándolo como una contingencia o algo que los tomó por sorpresa, habida cuenta de que es el resultado de los errores cometidos en la planeación, ejecución y construcción de la represa, puesto que se dejó de lado la elemental fórmula de planear, revisar, ejecutar y evaluar. Esa máxima que dice que lo que empieza mal termina peor se cumple a cabalidad en el desarrollo y materialización del cuestionado proyecto Hidroituango desde su origen.
Existen las pruebas que dan cuenta de que la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. y las Empresas Públicas de Medellín tenían conocimiento mutuo mucho antes de iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico de las pésimas condiciones geológicas de la zona, pero por el afán de sacar adelante la obra, ignoraron las advertencias hechas de tales fallas en la región del embalse.
Por la codicia mercantilista se trazaron como meta para comenzar a generar y comercializar la energía eléctrica el 1 de diciembre de 2018, y para cumplir con este objetivo se impusieron el compromiso de empezar el llenado técnico del embalse a partir del 1 de julio 2018. Sin embargo, ante la perspectiva de no poder cumplir con los plazos señalados, tomaron la decisión de cambiar los diseños originales del proyecto, sellar con concreto las bocas de los túneles de desviación, sin haber terminado la construcción del muro y del vertedero. Es decir, hicieron todo lo contrario de lo que recomendaba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
Lo más delicado y comprometedor del asunto es que no solo modificaron los diseños originales, sino también el contrato primigenio para la construcción de la obra, así consta en el acta número 15 de diciembre de 2015. Como se tiene por costumbre, hablar con las pruebas en la mano:
En varias publicaciones que la veeduría ha hecho sostiene, sin temor a equivocaciones, que en el caso de Hidroituango se puede configurar la figura jurídica del testaferrato, por lo siguiente: ¿por qué si el gerente de EPM, de ese entonces, Juan Esteban Calle Restrepo, fue quien firmó el contrato para la construcción de la Hidroeléctrica, no firmó el contrato de modificación bilateral?
En el acta de modificación bilateral se lee que en virtud de la delegación conferida por el gerente general, mediante Decreto 2035 de 2014, obra en nombre y representación de la entidad. El decreto en mención se refiere a otros asuntos muy distintos, observemos:
DECRETO 2014-DECGGL-2035 OCTUBRE 03 DE 2014.
“Por medio del cual se delegan funciones de los procesos “adquisición de bienes y servicios”, “abastecimiento de mercancías para las proveedurías”, “disposición de bienes inventariables”, funciones para la celebración de contratos en los que Empresas Públicas de Medellín E. S. P., actúa en calidad de aportante y se dictan otras disposiciones”. Ninguna de estas modalidades encaja en la delegación que dijo tener en su momento, Luis Javier Vélez Duque, para tomar la decisión que definió y que dio al traste con Hidroituango, y que de paso se llevará el futuro de Medellín y de Antioquia entera.
