Causas de la crisis eléctrica de la costa
Tienen que ver con las políticas de apertura económica y libre comercio con las cuales se intervinieron las electrificadoras de la Región Caribe hace más de veinte años, para luego privatizarlas y dejarlas en manos de Unión Fenosa en el año 2000. Unión Fenosa es una transnacional española que desmanteló miles de kilómetros de redes de cobre y los exportó haciendo una gran fortuna, impuso la tenebrosa tercerización laboral y se embolsilló más de trescientos mil millones de pesos del subsidio FOES y de los programas PRONE y FAER, según investigación de la Contraloría General.
La intervención de la Superservicios agravó la crisis
Dentro de un mes largo se cumplen tres años de estar intervenida Electricaribe con fines de liquidación. La Superservicios tomó la medida cuando Gas Natural Fenosa (Naturgy) estaba incumpliendo los pagos de la energía que les compraba a las generadoras para venderla a los usuarios, ya que no genera un solo kilovatio hora. En ese lapso casi todos los indicadores se han agravado: en el aspecto financiero, las pérdidas son billonarias; la infraestructura está cada vez más obsoleta con las subestaciones trabajando a más del 90% de capacidad; prácticamente no ha habido inversiones; más del 50% de los transformadores cumplieron o están cercanos a su vida útil de 35 años. El peor de los mundos. Y los usuarios sufriendo lo indecible con un pésimo servicio y unos cobros que en los sectores más vulnerables se han tornado impagables.
El Plan Nacional de Desarrollo: alzas a granel
El PND (Ley 1955 de 2019), con su capítulo de Electricaribe, de ocho artículos, lo que hace es profundizar la crisis con más de lo mismo y peor. Veamos:
- Tres alzas de tarifas: 1) El aumento de cuatro pesos el kilovatio hora retroactiva al mes de mayo cuando se aprobó el PND. 2) El nuevo Régimen Especial Tarifario para la Costa (Resolución CREG 109 de 2019) y 3) El aumento del 100% de la contribución que pagan todas las empresas de servicios públicos (1% de los gastos de funcionamiento), vía tarifas de los usuarios de todo el país, para el sostenimiento de la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios
- Asunción del pasivo pensional por el Estado (los colombianos) por $1.5 billones y sin ninguna contraprestación.
- Ante la gravedad de lo aprobado, el defensor del pueblo demandó tres artículos del PND (el alza de cuatro pesos el kilovatio hora y la asunción del pasivo pensional) y fue objeto de un matoneo infame desde el poder Ejecutivo, el Legislativo (la bancada costeña) y el Financiero. Se difundió que el defensor había desistido de la demanda, lo cual no es cierto. Si la Corte Constitucional admite la demanda, la coadyuvaremos.
Solo dos opciones: alza de tarifas o inversión pública
El gobierno de Duque, igual que el de Santos, diseñó un entramado normativo para cargarles la crisis a los usuarios residenciales y del sector productivo alzando las tarifas. Prepara el camino para una nueva privatización y segmentación del mercado del sector eléctrico de la Costa, todo lo contrario de lo que sucede en el interior del país
- La Resolución 015 de 2018, que incorpora las inversiones futuras a las tarifas, está suspendida en la Región Caribe, pero vigente en el resto del país.
- El documento Conpes 3933 de 2018 establece en la página 41 que los préstamos y sus obligaciones deben ser “prepagadas en el menor tiempo posible (por los usuarios vía tarifas) para efectos de levantar la garantía de la Nación”.
- El documento Conpes 3966 de 2019, que ratifica todo el Conpes 3933 con su carga tarifaria, incorpora el Régimen Especial Transitorio Tarifario para la Costa y emite concepto favorable a la Nación para que otorgue garantía soberana al Fondo Empresarial de la Superservicios por $735.000 millones, que deberán ser prepagados por los usuarios
- El artículo 10 de la Resolución Creg 109 de 2019, en consulta, que reglamenta el Régimen Transitorio Especial Tarifaria para Electricaribe para aplicar el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 (PND), trae uno de los aspectos más lesivos: las pérdidas eficientes que van a hacer parte de la tarifa son las producidas a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2018, que podrían ser alrededor del 25%, y no las permitidas del 15%. Es un golpe muy duro para los usuarios y muy favorable para quienes quieren privatizar de nuevo la empresa. Y el artículo 15, que aplica a la remuneración de la Comercialización (tarifa) el riesgo de cartera de usuarios tradicionales, el riesgo de cartera de usuarios de áreas especiales y la prima de riesgo de cartera por atender usuarios de barrios subnormales, va a tornar impagables las tarifas
Conclusión
La única forma de no elevar las tarifas en forma tan escandalosa, que llevaría a una explosión social en el Caribe, es establecer una empresa regional eléctrica de la costa de carácter público, para la distribución y comercialización de la energía, incluso que llegue a una integración vertical con generadoras públicas como Urrá y Gecelca, que sea rentable y cuyas inversiones en infraestructura provengan de las regalías mineras, entre otras fuentes, sin afectar las tarifas, como quedó establecido en el parágrafo primero del artículo 318 del PND. La Costa Atlántica se merece una EPM pública, como la de Medellín, que le sirva al progreso regional, y no descargar la crisis en los usuarios, trabajadores y pensionados. Además, tener en cuenta que la renovación de redes sea compatible con energías limpias.
* Ponencia presentada en la Audiencia pública de la CREG realizada en el hotel El Prado sobre el nuevo régimen tarifario especial para la Costa Atlántica.
