Es una realidad incuestionable que la infraestructura eléctrica de la Región Caribe adolece de grandes deficiencias por su obsolescencia y que, según expertos en la materia, tiene retrasos de quince a veinte años que no ha resuelto la trasnacional Gas Natural Fenosa accionista mayoritaria de Electricaribe. Esto ha traído graves consecuencias en la calidad de vida de más de diez millones de habitantes de la Costa y la competitividad del sector productivo.
Obviamente no puede soslayarse el hecho de que cuando se enajenaron las electrificadoras de la región, primero a manos de una empresa con sede en Caracas y luego en la española Unión Fenosa, los gobiernos neoliberales de la década de los noventa (César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana) establecieron una política al mando en servicios públicos que convirtió las empresas de carácter público en monopolios privados a los que solo les interesa el ánimo de lucro y la maximización de las ganancias. Por ello crearon la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que se encargaría de dictar la normatividad tarifaria a tono con los principios de “eficiencia económica y la suficiencia financiera” estampados en las leyes 142 y 143 de 1994.
A estas dos grandes talanqueras --pésima calidad del servicio y una de las tarifas más altas del mundo-- se le adosaron otros fardos pesados como los cobros indebidos que hacen las facturas impagables en sectores vulnerables; el cambio de cobre por aluminio de mala calidad en las redes, como lo admite el gerente general de Electricaribe José García Sanleandro en entrevista a la Silla Vacía; la tercerización laboral a través de la subcontratación de labores misionales para bajar costos; el trato indigno a las quejas constantes de los usuarios y pare de contar.
Una especie de masa crítica que viene estudiando esta problemática con asociaciones de pensionados, trabajadores activos, intelectuales, profesionales, han concluido que son necesarias acciones urgentes e inaplazables para darle una salida integral a la crisis estructural, como las siguientes:
- Un verdadero plan de corto, mediano y largo plazo con cuantiosas inversiones para mejorar y optimizar la infraestructura eléctrica de la Costa con recursos del Estado para que no impacten las tarifas de acuerdo al artículo 87.9 de la ley 142 de 1994.
- Urgentes cambios en la normativa tarifaria para que no sigan cobrando las redes, circuitos y transformadores como nuevos; no continúen robando con el cobro a los usuarios del 33% para cubrir el impuesto de renta y pagándole al Estado solo el 20% como reconoce la Dian; que la rentabilidad sea alrededor del promedio mundial del 8% y no el 14% actual.
- Que se establezca una auditoría permanente contra los cobros indebidos y sobre los materiales para las redes de buena calidad, que se abran oficinas en la totalidad de los municipios de la región y se brinde atención digna a los usuarios.
- No debe continuar la tercerización laboral en los trabajos permanentes porque atentan contra el buen mantenimiento y la salud y los derechos de los asalariados.
- Debe garantizarse el respeto a los derechos convencionales del personal activo y pensional.
- No es de ninguna manera conveniente la propuesta de la Federación de Departamentos en el sentido de buscar un gestor o varios gestores que reemplacen a Electricaribe y que esta empresa les arriende la infraestructura ya que se configuraría un intermediario más con mayores tarifas sin resolver los asuntos descritos y saldría peor el remedio que la enfermedad.
- Que se dé cumplimiento al compromiso de Santos del 14 de enero pasado en Barranquilla de condonar las deudas por $400 mil millones de pesos a los usuarios de zonas especiales.
- Es indispensable que en las mesas de discusión estén presentes las fuerzas vivas de la sociedad y no solo la parte gubernamental y las élites económicas y gremiales como ha venido sucediendo porque no representan el clamor general ciudadano.
