La violencia sexual es una problemática latente en la sociedad actual. De hecho, aparece como una enfermedad cuya cura es difícil de hallar y se esparce como una epidemia que infecta a cada uno de nuestros entornos sociales, por ende espacios educativos como las universidades están permeados por este mal. Comentarios recurrentes e insinuantes por parte de docentes como “espero me hayas pensado como yo a ti”, acompañados de miradas o acercamientos incómodos, como besos indeseados que invaden nuestro espacio personal, son ejemplo de algunas situaciones que enfrentamos muchas estudiantes en nuestro entorno universitario.
De un tiempo para acá han salido a la luz de la opinión pública diferentes casos que evidencian el panorama poco alentador de violencia sexual en las instituciones de educación superior, como los presuntos casos de acoso en la Universidad del Atlántico que involucran al rector Carlos Prasca o el vídeo viral en donde se evidencia cómo una estudiante de la Universidad Nacional es acosada por uno de sus docentes. Sin embargo, esto solo es la sombra del panorama real. Si bien es cierto que es un gran logro empezar a hablar de estas situaciones que hace un tiempo parecían invisibles pero que siempre han ocurrido, las estadísticas dicen que cerca del 50% de casos relacionados con acoso son archivados por la Fiscalía, lo que, desde mi perspectiva, genera una muy mala percepción, ocasionando que las presuntas víctimas no denuncien.
Algunas universidades públicas y privadas, impulsadas por colectivos estudiantiles que han jugado un papel fundamental para visibilizar la situación, han empezado a elaborar e implementar rutas de atención para dar frente a estas problemáticas. No obstante, muchas de estas todavía resultan débiles, teniendo en cuenta que son pocas las que comprenden herramientas orientadas no solo a la atención sino a la prevención y educación frente a estos temas. Acá es realmente importante involucrar a todos los agentes de las comunidades estudiantiles, llevar un seguimiento e implementar acciones correctivas; como, por ejemplo, anotaciones en las cartas de recomendación de docentes a los cuales se les logre comprobar que están relacionados con casos de acoso, previniendo que puedan ser contratados en otras instituciones. Sin embargo, hay que reconocer que este todavía es un terreno hostil, al considerar que es un tema que hasta ahora se está reconociendo.
Por otro lado, aunque el gobierno ha manifestado recientemente una preocupación respecto a esta situación, son pocos los esfuerzos reales que han hecho para dar frente a esta problemática. La ausencia de políticas públicas que obliguen a todas las universidades a tener protocolos efectivos de atención ha dificultado más la situación, es por eso que es necesario que el gobierno se ponga la camiseta y exija a todas las instituciones de educación superior tanto la complementación de protocolos como resultados.
