Como lo manifestaron los rebeldes en su comunicado del 29 de agosto de 2019, entre los gobiernos de Santos y Uribe (Duque) se acabó con la esperanza de pacificación total de la guerrilla comunista más antigua del hemisferio.
En primer lugar, no debe olvidarse que Juan Manuel Santos estuvo más preocupado por su imagen de Nobel de Paz luego de 2016 que de la implementación de lo pactado con los exguerrilleros. No debe olvidar el pueblo colombiano que fue durante su (des)gobierno que las curules para las víctimas no fueron aprobadas, no se avanzó significativamente en la reforma rural, la lucha contra el narcotráfico se estancó, surgió la matanza de líderes sociales comprometidos con el proceso de paz, entre otros. Ya para 2017, y sabiendo que había ganado su Nobel de Paz y que no tenía los recursos para comprar el congreso con mermelada como lo había hecho para poder gobernar en sus años anteriores, egoístamente dejó que la paz sucumbiera frente a sus enemigos y se retiró no a mirar ballenas, sino a exhibirse ante el mundo como el gran administrador público que nunca fue. La estocada final contra la paz vendría con su sucesor, Iván Duque.
La distinción más grande entre Santos y Duque es que este todavía tiene contactos con Uribe y, por eso, sus posiciones son más belicosas. Pero, en esencia, los dos representan el mismo modelo neoliberal, de crecimiento económico destinado a los más ricos sin que la situación de los más pobres mejore (la desigualdad ha aumentado), y sin un compromiso real con solucionar las causas de la violencia. Bastaba con leer el proyecto plan de desarrollo y la ley de presupuesto que había dejado Santos en el 2018 y lo que propuso Duque para saber que eran lo mismo: insuficientes recursos para la educación pública (que fueron aumentados gracias al movimiento estudiantil de 2018), la reducción de impuestos a los grandes capitales, la reducción de los beneficios en servicios públicos para los estratos bajo y medio, etc.
Cuando parte del pueblo desinformado, manejado por la maquinaria política, eligió a Duque frente a una alternativa política que quizá habría cambiado el rumbo de la trágica historia colombiana, aquél profundizó lo que ya venía presentándose y lo elevó a niveles de casi locura: se ignoró el mandato constitucional del derecho a la paz mediante el abandono de lo acordado, la desfiguración de lo pactado, su implementación a regañadientes. Elegir a Duque significó un retroceso en sí mismo frente a la paz. Lo poco que ha hecho hasta el momento ha sido intentar manipular al pueblo para hacernos creer que la vía violenta es la única solución a nuestro conflicto interno. Junto a su amigo el exfiscal (en buena hora) Néstor Humberto Martínez (también cercano a Santos pues fue este quien lo ternó y lo eligió su ministro de la presidencia), se encargaron de presentar a las Farc como la causa de todos los males nacionales, a Santrich le achacaron la lenta implementación de lo acordado por parte del Estado, con Venezuela encontraron la cortina de humo perfecta mientras ocultaban su responsabilidad en la corrupción de Odebrecht, y con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP intentaron enlodar el sistema de justicia transicional para que no cumpliera la su misión de esclarecer la verdad que, después de tantas partidas de colombianos en la guerra, es lo único que nos ayudará a los que quedamos para avanzar y construir un mejor futuro.
Por eso, colombianos, no debemos olvidar la responsabilidad compartida de estos dos últimos gobiernos en la nueva escalada de violencia que vendrá de parte de la nueva Farc. Pero más allá de echar culpas, lo importante ahora es no repetir aquellos hechos de 1964 en Marquetalia liderados por el mismo sector político de ultraderecha que tanto entonces como hoy gobiernan: la recurrir al aniquilamiento armado del oponente e ignorar los avances paquidérmicos de la implementación de la paz. Lo peor que puede hacerse es subestimar este brote de violencia como se hizo en su momento, ignorando las causas de su alzamiento, y tratándolo de meros criminales (o narcotraficantes); esta es la peligrosa fórmula para una segura radicalización y degradación de la guerra. Por el contrario, el diálogo y el cumplimiento de lo pactado en 2016 son las únicas vías correctas y científicamente comprobadas por nuestra propia historia para encarar como nación el nuevo desafío de las rearmadas Farc. Esta es nuestra responsabilidad como colombianos y si no nos movilizamos para exigir su cumplimiento, seremos todos responsables de vivir continuamente en guerra.
