En medio de todas las vicisitudes que ha traído la pandemia, llega a Colombia un nuevo proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional.
Mientras que un congresista le cuesta al pueblo colombiano la suma de $ 34. 417.000, ese mismo grupo de legisladores a quienes el pueblo paga su salario le aumentan el sueldo a los menos favorecidos en un 3,5 por ciento, generando para el año 2021 una remuneración salarial de $1.014.980.
La democracia en Latinoamérica se ha convertido en el sistema de gobierno en el que el pueblo elige a su propio verdugo; que en campaña política, como lo hizo Duque, disfraza sus verdaderas intenciones. Además, de las evidentes consecuencias económicas dejadas por el COVID-19, el pueblo colombiano enfrenta ahora la tercera reforma tributaria realizada durante el gobierno de Iván Duque y la primera que un país latinoamericano realizaría después de la pandemia.
Una reforma avalada por un ministro de Hacienda que desconoce la realidad de lo que las familias colombianas gastan en la canasta familiar, y que además reduce la inversión en el gasto público, congelando los salarios de los empleados públicos por cinco años, pero agregando el IVA a productos básicos de la canasta familiar y además ampliando el margen de quienes tienen que tributar impuestos. Así el gobierno colombiano pretende que el pueblo asuma el déficit fiscal dejado por la pandemia.
En una rueda de prensa, Alberto Carrasquilla afirmó que: “El impacto fiscal que ha tenido la crisis de la pandemia ha implicado una visión que no se limita al año 2020, sino que también nos afecta en el año 2021”. El Ministerio de Hacienda calcula un déficit fiscal del 7,8% del PIB para 2020 que podría subir al 8,6% para este año. “Necesitamos hacer política fiscal teniendo en cuenta muchísimas consideraciones. La primera y más importante en un sentido de mediano y largo plazo es que tenemos que revertir los incrementos importantes en el endeudamiento”. Lamentablemente, ese revertimiento no es asumido por los congresistas cuyos exuberantes sueldos no se han visto afectados. Será la clase media trabajadora, cuyos ingresos cada vez más se ven desvalorizados en su poder adquisitivo, la que asumirá este déficit fiscal a través de las políticas del gobierno, que afectarán no solo el bolsillo de los colombianos sino también la inversión en ciencia, tecnología, educación, y servicios públicos.
¿Cómo afecta la nueva reforma tributaria al sector educativo?
Teniendo en cuenta que la relación aumento salarial e IVA no son proporcionales, 3,5 por ciento del salario mínimo, frente a un 19 por ciento, el presupuesto familiar no alcanzará para hacer la misma cantidad de mercado que se hacía, esto afectará la alimentación de los estudiantes quienes recibirán clases en estados de desnutrición, afectando consecuentemente sus procesos de aprendizaje, de igual manera en una situación de pandemia donde el internet y el uso de la tecnología se han vuelto herramientas indispensables para el desarrollo de las actividades escolares, Duque pretende gravar los servicios de energía e internet en un 19 por ciento a los estratos 4, 5 y 6; los implementos tecnológicos que en esta pandemia se convirtieron en básicos para la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia serán gravados igualmente con el 19 por ciento de IVA, quedando fuera del alcance para familias de escasos recursos, los que ante la imposibilidad de obtenerlos se verán forzados a retirar a sus hijos del sistema escolar, consecuentemente, habrá disminución de la tasa de escolaridad, generando despidos de docentes en las diferentes Instituciones del país.
Por otra parte, la nueva reforma tributaria le otorga facultades especiales al presidente por seis meses para suprimir, fusionar, reestructurar y modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva, privatizar entidades como el Sena, que desde hace mucho tiempo está en la mira del Estado, será mucho más fácil con esta nueva reforma tributaria, a quien además pretende quitársele de manera permanente $300.000 millones de presupuesto; siendo el Sena una entidad pública que ha servido para capacitar en formación técnica, tecnológica, administrativa, artística y artesanal a muchas personas de escasos recursos y a través de la cual muchos han encontrado la manera de conseguir su sustento, al ser privatizada, las posibilidades de formación académica para las personas de escasos recursos se reducirán notablemente, ampliando la brecha en la desigualdad social colombiana.
“No es estar atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros” dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ante la opinión pública. Con eso en mente, la pregunta: es ¿qué hace de verdad el gobierno en favor del pueblo colombiano?, ¿legisla en favor del pueblo o gobierna para la clase social más favorecida?
Lo cierto es que el gobierno de Iván Duque y el mal manejo que ha hecho de los recursos del pueblo, con los cuales la clase gobernante puede mantener su forma de vida, ha aumentado la brecha de la desigualdad social y desvalorizado el poder de la educación.
