Con el fin de ayudarle a los productores de arroz a prepararse para el impacto del TLC sobre el sector, el 13 abril del 2012, los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo y el de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Diazgranado, firmaron el Decreto 728/2012, por medio del cual se reglamentaron las condiciones para la aplicación del contingente libre de arancel para la cantidad acumulada de mercancías de cuartos traseros de pollo y de arroz.
En el proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, a principios de 2012, los gobiernos de ambas partes acordaron que las subastas a través de las cuales se haría la asignación del contingente de arroz, serían administradas por los representantes del sector arrocero de Estados Unidos, y del lado de Colombia, por Fedearroz.
Esta decisión obedecía a la necesidad de promover la competitividad de los productores arroceros en Colombia, aprovechando además los 6 años de gracia que se le otorgó en la negociación del TLC. La idea original fue que dichos recursos se destinaran a cerrar las brechas del eslabón primario en términos de costos de producción, productividad, investigación genética, trasferencia de tecnología e infraestructura de riego, y así ser capaces de competir frente al arroz americano.
Seis años despues, el sector arrocero sigue sumido en una profunda crisis de ineficiencia y de falta de competitividad, pues Fedearroz, en vez de invertir los $164.000 millones que ha recibido de esas subastas en mejoramiento de semillas, mecanizacion de cultivos, distritos de riego y transferencia de conocimientos que, aumentaran la productividad de los productores en los mismos estandares de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, se dedicó ha invertir la inmensa mayoría de estos recursos, en construccion de una planta de secamiento, almacenamiento y trilla en Pore (Casanare) por un monto de $54.500 millones, otra en Puerto Lopez (Meta) por un monto de $54.850 millones y un centro de acopio en Valledupar por un monto de $11.678 millones.
Lo grave de este asunto, es que el gerente General de Fedearroz, Rafael Hernandez, se ha negado rendir información a sus afiliados sobre estas abultadas inversiones, lo cual tiene intranquilos a más de uno sobre posibles sobre costos en estas mega inversiones. Tampoco, se ha podido establecer cual ha sido el beneficio en términos económicos y de competitividad para casi 17.000 pequeños y medianos arroceros. Muchos arroceros se quejan de las altas tarifas que cobra Fedearroz, las cuales estan por encima del mercado. Para citar sólo un ejemplo, mientras que el costo de secamiento en un molino es de $30/kg, la tarifa de Fedearroz es de $65/kg.
Otro tema que preocupa a los productores de arroz y a las entidades de control, es que, el Ministerio de Agricultura, no ha realizado una sola auditoria ni control a esas inversiones, lo cual genera muchas suspicacias. Tampoco se cuenta con un documento técnico que demuestre el impacto de esas inversiones en el incremento de la productividad, competitividad y rentabilidad de los productores.
Hasta ahora, es un total misterio el detalle contable la ejecución de esa millonaria suma de dinero por parte de Fedearroz y el impacto en la productividad del sector, que debería ser de público conocimiento para los afiliados e incluso para el Ministerio de Agricultura que ha debido hacer una auditoría de los recursos.
