*Esta es la versión de los allegados a la familia Moreno
En un país que se acostumbró a que todo tipo de personajes aleguen persecución judicial y política, huyan de las autoridades o se amparen en peticiones de asilo para no comparecer a los procesos ante los jueces, resulta significativo que dos jóvenes universitarias hayan soportado más de 4 años afrontando el caso más sonado de la historia judicial del país, sin alegar nada más que su inocencia, y compareciendo todas las veces en que han sido citadas. Incluso cuando no ha sido obligatoria su presencia, han puesto la cara ante la sociedad y el sistema judicial.
Decenas de audiencias, interrogatorios, entrevistas, insultos directos y mediáticos, avalancha de injurias y calumnias por las redes sociales, tergiversación de sus versiones y mitos que muchos siguen considerando verdades. Y también la privación de la libertad; es lo que han enfrentado las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero Moreno, acusadas dentro del proceso por la muerte de su compañero de universidad Luis Andrés Colmenares. Citar “Caso Colmenares” en cualquier escenario despierta de inmediato el interés y el apasionamiento de los interlocutores, a favor o en contra de las tesis de inocencia o de responsabilidad en el fallecimiento de Luis Andrés.
Pese a todo ello, Laura y Jessy no han huido del país, no se han escudado en “persecución judicial” ni “motivos políticos”; no se han enfermado para no acudir a alguna audiencia, sus abogados no han apelado a las tretas usuales en los juicios penales ni han atiborrado a los jueces de peticiones o reclamos. Ni todo el barullo que ha convertido este caso en un espectáculo, en buena medida por el afán de muchos medios de comunicación de hacerle seguimiento no como noticia sino como un reality, ha impedido que estas dos jóvenes mujeres hayan dejado de estudiar. Una, Jessy, ya se graduó como Ingeniera Industrial, y la otra, Laura, está en la etapa final de una carrera interrumpida abruptamente hace ya más de 4 años por obra de lo que la Fiscalía intenta demostrar como homicidio agravado, y ellas como un accidente en medio de una noche de rumba.
Y también han debido soportar el desmesurado afán de condenarlas por parte de una Fiscalía que ha manejado el caso como si fuera de verdadero interés nacional – que no lo es pues se investiga es un presunto caso de homicidio común y no un magnicidio. Ni el fallecido Luis Andrés ni ellas ni Carlos Andrés Cárdenas Gómez (ya absuelto plenamente de cualquier responsabilidad) eran conocidos más allá de sus círculos familiares y de amigos; no tenían ninguna notoriedad por caso alguno. Pero las particulares circunstancias que se fueron creando alrededor, llevaron a unos fiscales afanosos de resultados a generar día tras día la errada impresión de que Colombia estaba frente a un hecho de mayor magnitud que los magnicidios de Gaitán, Galán, Pizarro o Gómez Hurtado.
Y así transcurrió el 2015: Laura, Jessy y su defensa acudieron al Juzgado, discutieron las pruebas, controvirtieron, apelaron, presentaron sus argumentos, hicieron uso de su legítimo derecho a no estar de acuerdo con la acusación. Y guardaron silencio – porque así lo ordenó la Juez del caso desde hace dos años - frente al ya reiterado ruido de los micrófonos, los portales Web, las cámaras de televisión y las acusaciones cada vez más agresivas, verbales y por redes sociales, de la familia Colmenares, a quienes también cobija la orden de la Juez de no emitir declaraciones o hacer comentarios sobre el caso en los medios de comunicación u otro escenario diferente a los estrados judiciales.
¿Y QUÉ HA PASADO CON EL EX FISCAL GONZÁLEZ?
Y, en sentido contrario, terminó el 2015 sin que la misma Fiscalía se afane por determinar la concreta responsabilidad del ex fiscal 11 Antonio Luis González, acusado gravemente de haber promovido, estimulado y avalado los testimonios mentirosos de tres delincuentes, los tres ya condenados por sus falacias, quienes son las únicas personas que han declarado – falsamente como se demostró – haber sido testigos del supuesto homicidio de Luis Andrés. Dos de estos tres mentirosos, Jesús Alberto Martínez y Wilmer Ayola, declararon con todo tipo de detalles cómo el entonces fiscal 11 González y la familia Colmenares los llevaron al proceso, les pagaron, instruyeron y presionaron para declarar en contra de Laura, Jessy y Carlos. Similar acusación fue hecha, en televisión y ante la misma Fiscalía, por el fiscal Napoleón Botache contra su ex compañero de trabajo Antonio Luis González.
Y tampoco han avanzado los procesos penales contra el mismo abogado González por el hecho de dejar en libertad a un criminal que violó y dejó embarazada a una menor de edad; igualmente sigue congelado contra González la acusación de la Procuraduría en su contra por maniobras ilegales en la defensa del sicópata que arrojó ácido contra Natalia Ponce de León.
A tal punto se encaminan hacia la impunidad estas graves acusaciones contra el abogado González, que el pasado 4 de noviembre el ex fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, afirmó en un foro de la revista Semana que no entendía porqué el ex fiscal Antonio Luis González no está preso por promover, inducir y patrocinar a los tres falsos testigos. Iguarán aseguró que el González hace parte del “cartel de falsos testigos”.
Dijo Iguarán: “tres testigos falsos promovidos por el fiscal González; ¿cuándo se va a judicializar, o mejor a encarcelar a este hombre que hace parte de este cartel de testigos? Fue el abogado González quien los indujo, promovió, patrocinó el testimonio mendaz, mentiroso”.
De manera reiterada como señaló la Juez, la fiscalía ha ocultado evidencias, elementos probatorios que permitirían el derecho a la defensa y al debido proceso durante cinco años de investigación.
Ese ir y venir convirtió el caso Colmenares en uno de los procesos más polémicos de la historia judicial del país.
PRUEBAS OCULTAS
El resumen anual del “Caso Colmenares” dejó también en evidencia el constante ocultamiento de pruebas de la Fiscalía a la defensa, a tal punto que la Jueza 11 determinó enviar al Consejo Superior de la Judicatura y al mismo organismo investigador, diversos elementos mediante los cuales se probarían esos actos ilegales del ente investigador, en cabeza de los ex fiscales Martha Lucía Zamora y Antonio Luis González. La decisión se produjo después de varios incidentes en los que la defensa demostró que la Fiscalía había ocultado y omitido varias pruebas importantes, sobre todo aquellas que favorecen a las acusadas, tales como:
Los documentos del primer jefe investigador que tuvo el Caso Colmenares, Manuel Rodríguez, del CTI, quien pese a ser miembro de la investigación no fue llamado a declarar
Dos informes de los investigadores del caso, Gerardo Quintero y Rubén Darío Angulo
Los análisis de lluvias (hidrológico) elaborados por expertos del Acueducto de Bogotá
Muestras de sangre que desaparecieron misteriosamente en manos del entonces fiscal Antonio Luis González
Documentos relacionados con el polémico médico forense Máximo Alberto Duque, en los que constan todas las órdenes y trámites que la Fiscalía en su momento emitió para efectuar la exhumación del cadáver de Luis Andrés Colmenares en el cementerio de Villanueva, Guajira
OTROS DATOS Y CIFRAS
- Durante el año 2015 se desarrollaron en total 25 audiencias del proceso, cada una de ellas con duración promedio de once (11) horas. A todas asistieron la defensa, y a la mayoría de ellas las acusadas sin que sea obligatoria su presencia
- Fueron escuchados veinte (20) testigos, todos llevados por la Fiscalía, aunque desestimó testimonios que anteriormente consideraba valiosos, tales como de varios de sus propios investigadores y de algunos de quienes acompañaron a Laura, Jessy y Luis Andrés la noche y madrugada de los hechos
- El testigo Juan Sebastián Bautista Grillo, quien declaró en el proceso en julio, denunció que horas antes de rendir su testimonio, fue intimidado a través de mensajes vía redes sociales por la abogada Lucelly Céspedes Espitia, cercana amiga de la familia Colmenares. Los mensajes intimidatorios, que Grillo puso en conocimiento de la Juez y de la Fiscalía, fueron copiados en su cuenta de Twitter por el señor Luis Alfonso Colmenares antes de la declaración del testigo
- El reconocido periodista Herbin Hoyos Medina denunció públicamente la extraña forma en que el señor Luis Alfonso Colmenares se enteró y divulgó detalles reservados del trabajo investigativo que adelantaba respecto de los falsos testigos, incluida una reunión privada con uno de ellos, Wilmer Ayola. Herbin afirmó que este acto era un claro atentado contra la libertad de prensa
- Los abogados de la defensa debieron controvertir las declaraciones del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt acusado en el Congreso de la República de presuntos sobornos en una tutela, quien se valió del “Caso Colmenares” para profundizar sus pugnas con otro magistrado del Alto Tribunal. La defensa calificó de “desatinadas” las declaraciones del señor Pretelt “pues no son más que inocultables intenciones de desviar todo el debate ético y jurídico en que se ha visto envuelto”. Los defensores afirmaron que Pretelt, como cualquier colombiano, tiene todo el derecho de defender su inocencia y sus actuaciones, “pero no permitiremos que use como escudo a dos personas inocentes y completamente ajenas a sus causas judiciales y políticas”
