En el marco de la investigación de la Fundación Foro Nacional por Colombia “¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? 2003-2018”, se realizó el estudio de caso para la ciudad de Bogotá. Varios puntos importantes se identificaron en el análisis de la trayectoria de la participación en la ciudad.
Un primer asunto para resaltar es el uso de la movilización y la protesta social. La ciudadanía bogotana cada vez más ha incorporado esta estrategia para exigir derechos y propiciar escenarios de diálogo y concertación con otros actores, especialmente con las autoridades nacionales y distritales. Entre el 2002 y 2017, se produjeron 1679 movilizaciones, cifra más alta reportada en el país. Es un hecho que varios sectores de la población no confían tanto en los espacios institucionales como escenarios en los que pueden resolver sus problemas, y buscan otras formas de interlocución con las autoridades.
De otro lado, es notorio descubrir que en la última década ha tenido emergencia el desarrollo de nuevas ciudadanías. En efecto, diferentes grupos de interés han venido incursionando de manera activa en el escenario público alrededor de temas relacionados con sexualidad, juventud, arte, expresiones culturales y artísticas, acueductos comunitarios, la defensa de los animales, memoria, mujeres, LGTBI, entre otros. Sus principales reivindicaciones han estado ligadas con la apuesta por construir una nueva forma de hacer política y de edificar identidades colectivas. Este fenómeno ha contribuido a la innovación en temas de agenda pública y a la consolidación de un escenario que rechaza las prácticas y políticas relacionadas con la exaltación de la violencia, la confrontación como medio discursivo y la exclusión como mecanismo de acción.
Desde el punto de vista de la oferta participativa, se constata que entre el 2003-2018 se avanzó en el ejercicio del derecho a la participación ciudadana desde un marco normativo garantista. En efecto, las poblaciones y expresiones culturales de la ciudad tienen canales institucionales para expresar sus demandas e intereses en diferentes temas a través de instancias creadas mediante acuerdos y decretos. De acuerdo a los datos, existen 132 espacios institucionales, de los cuales 18 son de carácter social y 114 mixtos. A pesar de la importante existencia de espacios de participación, se identifica como elemento negativo la ausencia de una mirada de largo plazo, integral y articuladora sobre la participación, lo que ha provocado discontinuidades en las estrategias y en los enfoques. Si bien se advierte innovaciones en las propuestas, pero en la práctica esos escenarios se han rutinizado y han caído en la sectorialización, la desarticulación institucional y el estilo de ejecución del mandatario de turno.
De otro lado, la capital cuenta con una Política Pública de Participación Ciudadana y un Sistema de Participación; no obstante, se constata que la política quedó plasmada en el papel y las últimas dos administraciones no la han operativizado ni siquiera han realizado una revisión y actualización de la misma en la mira de garantizar el derecho a la participación, es decir, no han tenido en cuenta estos lineamientos en la elaboración de instrumentos de planeación, en los programas y en los proyectos para la ciudad. Al respecto, y teniendo en cuenta el inicio de una nueva administración pública y la formulación de un nuevo plan de desarrollo, interesa indagar sobre los retos en materia de participación que se está trazando; retos que pueden contribuir a fortalecer el desafío de lograr un verdadero contrato social en la ciudad.
Un reto tiene que ver con la financiación de la participación. El estudio constató que las cinco administraciones anteriores destinaron, en promedio, tan solo el 1,2% del presupuesto distrital a acciones desarrolldas en materia de participación, lo que representa un porcentaje bastante bajo en comparación con las necesidades que tiene la ciudad para promover y garantizar la inclusión de la ciudadanía en las decisiones públicas. Es de esperar que la actual Alcaldía le apueste a garantizar mayor financiación con el objeto de fortalecer y asegurar la intervención ciudadana en la gestión pública, especialmente en materia de los presupuestos participativos y el desarrollo de algunos dispositivos relacionados con la paz territorial como los PDET´s.
Pero, de nada sirve dotar a la participación con mayores recursos económicos si no se tiene una apuesta clara y de largo plazo desde el punto de vista de la transversalidad de la participación en la gestión pública; al respecto el gobierno actual deberá trabajar en varios asuntos claves. El segundo reto está relacionado con la actualización y puesta en marcha de la política pública de participación de la ciudad y la aplicación de la Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria de Participación Ciudadana. En otras palabras, es necesario fortalecer y promover la participación desde la integralidad de la acción de las diferentes secretarías e instituciones locales que cobije todas las formas de expresión ciudadana en los territorios en clave de posicionar a Bogotá como escenario de gobernanza e incidencia ciudadana sobre la gestión de lo público.
Ligado con lo anterior, la administración deberá esforzarse para lograr la conectividad real entre los proyectos de las diferentes dependencias bajo la coordinación de escenarios concretos, como el Comité Intersectorial de Participación. Esto, claro está, sin perder de vista una apuesta por descentralizar a la ciudad para que sean las localidades quienes tengan la fuerza suficiente para tomar decisiones y atender las problemáticas micro-territoriales. Tal como lo muestra el estudio, Bogotá no debe olvidar que es un territorio diverso y, que en la actualidad cuenta con 132 espacios de participación ciudadana creados (74 sectoriales, 36 poblacionales, 19 territoriales y 3 de control social), lo que constituye una variedad de formas y acciones ciudadanas que permitirían el impulso de nuevas temáticas y agendas dirigidas al beneficio de la ciudad.
Ahora bien, no todo recae sobre temas que sólo atañen al desarrollo de Bogotá, pues también existen preocupaciones relacionadas con el orden nacional. Un ejemplo de esto tiene que ver con la forma como se dará impulso y apoyo a la construcción de paz y a la garantía del postacuerdo. En un contexto en el cual el gobierno nacional no da muestras de cumplir con lo pactado en La Habana, la administración López tiene el reto de seguir posicionando a Bogotá como catalizador y epicentro de la paz. En los últimos años, y de acuerdo con las cifras del CINEP, Bogotá ha sido testigo de 132 movilizaciones ciudadanas exigiendo la defensa de la paz como elemento imprescindible de entendimiento, diálogo y concertación entre sectores sociales, económicos y políticos históricamente antagónicos.
Sin duda, este desafío está en avanzar hacia dinámicas de articulación con las apuestas de participación institucionalizadas y de movilización social; la definición de agendas complementarias que contribuyan a mejorar la democratización de la gestión administrativa; la defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía; el acompañamiento a iniciativas implementadas para mejorar su impacto y sostenibilidad; el fortalecimiento de los sistemas de información para la participación; la formación de ciudadanía y el desarrollo de capacidades; la puesta en marcha de metodologías dirigidas a la concertación y la decisión; el acompañamiento a procesos de presupuestos participativos y de los PDET´s en algunas localidades; la formulación de políticas sociales; así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales y las JAC en ejercicios de capacitación administrativa, financiera y social. Estamos a tiempo de incluir varias propuestas en materia de participación en el nuevo plan de desarrollo de la ciudad. No perdamos esa posibilidad.
El Capítulo Región Central de la Fundación Foro Nacional por Colombia, surge en septiembre de 2017 como una necesidad de generar estrategias para el fortalecimiento de la presencia institucional de la Fundación Foro Nacional por Colombia en la región central: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y Santander. El Capítulo en su objetivo misional busca “mediante actividades de investigación, promoción, asesoría, formación, intervención social y publicaciones, la promoción de la participación y de valores y prácticas democráticas que garanticen la paz y la convivencia de los colombianos y las colombianas en diversos ámbitos de su vida.
