Hace más o menos una década se botó mucha corriente respecto a una noción con la cual se exploraba abordar caminos respecto a la difícil situación de guerra en la sociedad colombiana, quizás buscando un nuevo comienzo; libros, artículos, eventos, seminarios, visitas de expertos internacionales ayudaron a posicionar especialmente la idea de posconflicto, que en estricto no se remitía a superar de manera total y definitiva como si a morigerar la fiereza, a atemperar y tratar civilizadamente los conflictos sociopolíticos que cercaban la democracia.
Esa discusión, hoy un tanto olvidada, ayudó a construir imágenes de lo deseable, que animaron el proceso de negociación política y reincorporación a la vida civil de las Farc-EP, nos abrieron a la posibilidad de que un gobierno no tradicional y de características alternativas accediera al poder en este período y a que se instalen y sostengan otras dinámicas de negociación del conflicto armado con organizaciones como el ELN u otros grupos regionales; a simple vista podría afirmarse que la sociedad colombiana ha ido asumiendo lentamente una ruta de posconflicto. ¿En qué consistiría esa ruta?
La idea más común y plausible del posconflicto es el diseño de un conjunto de medidas para democratizar económica, política y culturalmente la sociedad de tal forma que sea posible salir de la guerra y acometer la tarea de la verdad, la reparación y la reconciliación. Esta labor de décadas contempla la visualización colectiva de un país que se desvincula de la guerra y se ocupa de generar garantías y oportunidades para el goce de los derechos de la ciudadanía. Es una tarea intergeneracional que implica compartir la amorosa gesta de una convivencia democrática y la construcción del estado social de derecho.
Recordemos que en el año 2016 se concretó la firma del Acuerdo del Teatro Colón e inmediatamente se vino un cuatrienio de “hacer trizas la paz” firmada, se negó la importancia de los acuerdos, se congelaron las reformas pactadas y se minaron las fuerzas vivas de la sociedad para negar el alcance de lo pactado; entonces, solo la tarea de hormiga de la Comisión de la Verdad pudo continuar y llevar a buen puerto el camino. Entre los años 2020 y 2021 tuvimos un período especial de pandemia global y de confinamiento, las ciudades con sus barricadas estallaron y volvieron a poner de presente que hay un conflicto urbano y rural, que se requieren reformas sociales y un nuevo pacto social para que Colombia sea viable y no un lamento, un padecer.
Hemos asistido en los últimos dos años al esfuerzo por instalar una agenda de sociedad y gobierno en esa dirección, con el impulso a urgentes reformas sociales y medidas que retomen los diálogos que faltan para avanzar en la meta democratizadora de la paz. Sin embargo, la velocidad de partidos, liderazgos políticos y empresariales tradicionales para oponerse a esa ruta, la negación de una agenda de cambios nos sigue anclando en “el siempre lo mismo” de la exclusión social, la acumulación económica por despojo y la guerra. En las nuevas circunstancias, poderes tradicionales han reducido la tensión con el Pacto Histórico a una pelea burocrática por el manejo del estado y a la puja por mantener las vetustas normas que sostienen impresentables privilegios, cuando de lo que se trata es de democratizar la sociedad colombiana.
Ojalá logremos avanzar formando una nueva generación de ciudadanías que asuman esa ruta con paciencia, porque evidentemente hay una élite opuesta a las transformaciones que mira para otro lado
Es necesario que reforcemos la atención a la necesidad de que las nuevas expresiones políticas y los movimientos ciudadanos le den contenido a los propósitos que se comenzaron a labrar hace unos años, así se le llame transición ahora. Es tiempo de recordar, en un contexto planetario difícil, que necesitamos avanzar en una transformación de país y que se debe potenciar desde los territorios más victimizados y vulnerables. El posconflicto del que tanto se escribió y habló, como el programa del Pacto Histórico que hoy es Plan de Desarrollo, se centra en construir una sociedad en transición democrática, en recuperar la dignidad de la vida a partir de una nueva agenda ecológica, un nuevo acuerdo para superar la desigualdad social y productiva, un nuevo marco de gestión estatal por el bienestar y la economía del cuidado; si eso no es viable, lo que se viene es profundizar el mal trato y la disputa sin fin a la que estamos acostumbrados.
Todo anuncio rimbombante de un nuevo comienzo suele ser un poco imaginario y a veces puede dejar sabores amargos; sin embargo, categorías como el posconflicto que instalan nuevos horizontes son necesarias. Ojalá logremos avanzar en nuevos tramos al respecto, formando una nueva generación de ciudadanías que asuman esa ruta con paciencia, porque evidentemente hay una élite opuesta a las transformaciones que mira para otro lado. Es tiempo de recordar en el caso colombiano que es mejor una insurgencia haciendo política legal que sembrando minas quiebrapatas, un congreso discutiendo reformas que repartiéndose entre sí el presupuesto nacional, una sociedad comprometida en aprender a convivir y en trabajar solidariamente que destruyéndose en tristes disputas por la captura de rentas.
La realidad que se dibujó hace años evidencia una existencia difícil, no se ha avanzado mucho, pero nadie dijo que era fácil; si queremos avanzar tenemos que abrazar más la estrategia de los cambios democráticos creando nuevas capacidades sociales e institucionales; incluso así la palabra posconflicto esté olvidada y no case con las realidades actuales, sirve para hacer memoria de un anhelo, de un proyecto de sociedad y país.
