Leyendo las respuestas de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, (El Colombiano 29-II-2020) se me ocurren estos comentarios que tienen actualidad en la coyuntura política nacional.
¿Qué hacemos para bajar el asesinato de las mujeres?
“La mayoría son casos de violencia intrafamiliar o violencia de la expareja”
Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno en la crisis familiar? Es un derecho constitucional la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos que no puede ser delegado a los gremios económicos o en manos particulares, haciendo de la seguridad un asunto personal, que fue precisamente lo que llevó a la conformación de la autodefensa campesina de donde salieron los grupos guerrilleros y, posteriormente los paramilitares que aún siguen azotando al campesinado colombiano, no obstante haberse firmado el Acuerdo de La Habana hace tres años.
La verdad es que no hay en el Plan de Desarrollo ni en el Presupuesto Nacional un proyecto financiero para la mujer, de manera que las declaraciones del Gobierno se quedan en buenas intenciones que no trascienden los medios de comunicación.
Se trata de combatir las causas que hacen posible no sólo la violencia contra las mujeres sino también contra cualquier ser humano, como está ocurriendo con el genocidio de los líderes sociales, excombatientes de las Farc, y defensores de los DDHH ante la indiferencia del Gobierno colombiano. Con razón la ONU le acaba de reclamar sobre la seguridad de los líderes sociales y la respuesta del Presidente fue que el Organismo Internacional se estaba entrometiendo en los asuntos internos de Colombia, violando la soberanía nacional. Hágame el favor. El Presidente Duque reclamando porque le están violando la soberanía nacional.
¿Cómo va a funcionar el Bloque de Búsqueda de corruptos?
“Me he reunido con la Comisión de Moralización que está integrada por los entes de control y encabezada por el Presidente de la República para la coordinación institucional entre la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, para poner a funcionar el Bloque de Búsqueda de los Corruptos”
Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, pero por ahí no es el camino. La corrupción es institucional, es estructural y mientras no haya reformas políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales, que tengan un carácter estructural, es iluso pensar que con un “bloque de búsqueda” y una “comisión de moralización” va a desaparecer la corrupción.
Hace falta primero que todo acabar con la raíz del problema: el Congreso de la República, es decir, empezar con una profunda Reforma Político-electoral que cambie el sistema de elección a las corporaciones públicas, y que tenga que ver principalmente con la financiación de las campañas electorales.
Hace falta la reestructuración del origen y la conformación del Consejo Nacional Electoral y de una reingeniería de la Registraduría del Estado Civil, para darle a estas entidades independencia política, financiera y administrativa, que le permitan libertad de vuelo sin estar amarradas a los partidos tradiciones en el Congreso de la República.
La segunda medida es una profunda Reforma de la Justicia, pues sin el poder soberano, independiente y autónomo de la Fiscalía y de la Rama Judicial, es imposible atacar la corrupción con resultados positivos, como pasó, por ejemplo, con el emblemático zar anticorrupción nombrado por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez.
Empezando porque el Fiscal General lo elige la Corte Suprema de terna, enviado por el Presidente, es decir, lo nombra el primer mandatario, quien a su vez lo juzga la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, es decir, la puerta giratoria de la felicidad, y, en estas condiciones, a la angelical vicepresidenta de la República se le ocurre decir que va combatir la corrupción con el Bloque de Búsqueda y con la Comisión de la Moralidad encabezada por el presidente de la República. Ni tanto honor ni tanta indignidad.
El tercer paso es la Reforma de la Educación y la Reforma Laboral. Si no tenemos un sistema educativo que le asegure la educación primaria, secundaria, profesional y técnica; universal, democrática y científica; con igualdad de acceso para todos los colombianos, es imposible pedirle a la juventud que se queda por fuera de la universidad (en este año 45.000 estudiantes de los 50.000 que se presentaron en la U. de A. se quedaron por fuera) es imposible pedirles que no se matriculen en los combos de narcotraficantes, en las redes de grupos armados al margen de la ley, en las redes de prostitución, en las empresas de sicarios y de traficantes de narcóticos de todas las especies, y los grupos de “quiniadores” y extorsionistas en los barrios y camunas populares.
Por eso la Reforma de la Educación debe estar fuertemente ligada a la Reforma Laboral, si es que en verdad queremos combatir la corrupción con resultados efectivos. Si a los jóvenes de los sectores populares no se les brinda educación, empleo y justicia, los pueden perseguir con el peso de la Comisión de Moralización y con el Bloque de Búsqueda de los corruptos, pero nunca conseguirán el objetivo de acabar con la inmoralidad.
Es en el sistema educativo donde se enseñan los valores humanos y democráticos, pero si no se proyecta una profunda Reforma laboral democrática, si no se proyecta un nuevo modelo de acumulación, de crecimiento y desarrollo económico y social, los valores inculcados en el hogar, en la escuela, en el Bachillerato y en la universidad, no tendrán las condiciones económicas, sociales y políticas, culturales y ambientales propicias para desarrollarlos en el ambiente del mercado laboral.
Es precisamente lo que está pasando en el ámbito de los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial; en los ministerios y en los institutos descentralizados; no hay motivación para comportarse con dignidad como seres humanos, se sabe que se ganan un puesto que dura cuatro años y que después se van para la calle si no cohonestan con la corrupción y con el arribismo, de tal manera que están condenados y sometidos; fuera de la cadena de la corrupción no hay salvación. Cambalache siglo veinte problemático y febril.
Por eso la perspectiva que los alienta es la filosofía del “sálvese quien pueda” en medio de la más feroz competencia de la competitividad, del rendimiento de la rentabilidad, de la producción de la productividad, de lo práctico, lo efectivo y eficaz, donde el ser humano ha sido preparado para ser un robot en la cadena de valor agregado del capitalismo neoliberal.
Esta es precisamente la filosofía y la política que orientan al Estado colombiano y a su gobierno de clase: la política de “sálvese quien pueda” del neoliberalismo salvaje, que se expresan en el emprendimiento individual, en la economía naranja, y en la “paz con legalidad” del Plan de Desarrollo: “Pacto por Colombia”. “Pacto por la equidad”. Qué belleza. Ya se anuncian los claros clarines, como decía Rubén Darío.
Expresiones cantinflescas para engañar a las mayorías y defender los interese de los grandes propietarios y de las multinacionales que, mediante estos recursos semánticos quieren embaucar a la población para convencerla de que en realidad están atacando la corrupción con la creación de un bloque de búsqueda y de una comisión de la moral. Están buscando la fiebre en las sábanas. Dan ganas de reír y de llorar.
¿Cuál es el avance puntual de la mesa de Conversación Nacional?
“Estamos abiertos a recoger dentro de nuestras políticas públicas, de nuestros programas, lo que tenga justificación y que podamos incluir”.
Más claro no canta un gallo. La Mesa de Conversación Nacional es, viéndolo bien, una mesa de conservación nacional. Es decir, es la política del gobierno para acabar con la protesta popular, para apacentar la ira y la indignación de las capas medias y de los sectores populares, sumidas en la desesperanza y en la falta de perspectivas para la realización personal.
Como quien dice, la mesa es para conversar conservando y conservar conversando, un galimatías del mismo diablo pero que en realidad está expresando la verdadera finalidad del gobierno: esconder los verdaderos propósitos de los grandes propietarios y de las multinacionales, como aquella frase que se inventaron para defender la exploración y explotación del petróleo mediante el método del fraking “Producir conservando y conservar produciendo”. Qué maravilla, cómo manejan la lengua castellana estos prestidigitadores de la palabra.
Pero por mucho lenguaje cantinflesco que le quieran meter al asunto, por mucho que el príncipe piense que lo están viendo vestido, la realidad es que el pueblo lo está viendo desnudo. El 71% de la población desaprueba a su gestión. El 71% no cree en el encantador serpientes. La famosa tarima digital de la Conversación Nacional no es más que un distractor para la conservación de la oligarquía dominante.
¿Y frente a la Reforma Pensional?
“No hay un proyecto de reforma pensional que sea del Gobierno y que esté ya definido. Hay muchas ideas sueltas. Hay propuestas que han salido desde los Fondos de Pensiones, desde Centros Académicos, pero no hay un texto que sea la propuesta del Gobierno”
El cuento del pastorcito mentiroso, pero al revés. El Gobierno sí tiene un Proyecto de Reforma Pensional, pero está esperando a acabar con la protesta nacional, dividir el movimiento popular, impedir la creación de la Mesa de Negociación para consensuar con la Banca, los Gremios Económicos, el FMI, la OCDE y presentar el Proyecto de Pensiones de conformidad con los intereses del gran capital y en contra de los intereses de los trabajadores y de las nuevas generaciones.
Si el gobierno no tuviera un Proyecto de Reforma Pensional, es decir, si la clase dominante de los grandes propietarios no tuvieran un Proyecto de Reforma Pensional, entonces ¿por qué cambiaron a la Ministra de Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, por la Ministra del Trabajo, Cecilia Arango?
Si no hay un Proyecto de Reforma Pensional ¿por qué le dieron el Ministerio de Salud a Cambio Radical de Vargas Lleras?, ¿por qué le dieron el Ministerio del Trabajo al Partido de la U, con el ángel custodio de los Fondos Privados de Pensiones de Sarmiento Angulo, y del Grupo Empresarial Antioqueño?, ¿por qué le dieron Ministerio de Agricultura al partido Conservador?
Pues sencillamente para poder tener la gobernabilidad que le permita aprobar las Reformas que necesita la clase dominante para poder continuar realizando la plusvalía, para poder seguir amasando la cuota de ganancia en el mercado de capitales en beneficio de la clase dirigente y en detrimento de los trabajadores y de los sectores populares sumidos en la miseria, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la marginación, y la estigmatización, y enfrentando la violencia física de los poderosos.
¿Ve compromiso de los líderes del Paro para llegar a un acuerdo?
“Ese comité tiene poco rigor, tiene poca seriedad. Primero tenían 15 puntos y luego pasaron a 120, luego pusieron 15 puntos más. Cuando teníamos las respuestas ellos han venido dilatando las reuniones, y han llegado con planteamientos inaceptables. Nosotros no tenemos por qué entrar a negociar el Estado”.
Con mentiras de este calibre es muy difícil defender una política gubernamental. Precisamente la gran prensa ha hecho de estas manifestaciones el argumento para desacreditar al movimiento y hacer crecer las dificultad para el entendimiento entre el Gobierno y el Comité de Paro, porque la verdad verdadera es que el gobierno se ha negado sistemáticamente a aceptar el de la Mesa de Negociación, para poder imponer su Mesa de Conversación Nacional, con el fin de desgastar, dividir, fraccionar y agotar el movimiento, hasta conseguir la gobernabilidad que le permita sacar adelante las Reformas que le están exigiendo el FMI y la OCDE y los grandes empresarios del País.
Aquí que la verdad es que el gobierno no quiere rebajarse a negociar los puntos centrales del pliego petitorio presentado por el Comité de Paro, solo quiere conversar, conversar y conversar, indefinidamente, siguiendo el consejo de su jefe político: “Trabajar, trabajar y trabajar”, hasta que el movimiento de masas se vaya desmontando poco a poco, se vaya fraccionando y desgastando para poder implantar las Reformas neoliberales contra los trabajadores y el movimiento popular.
Desde luego que “el Gobierno no tiene por qué entrar a negociar las posiciones del Estado”, pero esta afirmación es tendenciosa de mala fe y está dirigida a confundir a la opinión pública porque en ninguno de los trece puntos iniciales del Comité de Paro se habla de desmontar el Estado Social de Derecho establecido en la Constitución del 91. Todo lo contrario, se está reclamando el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la Carta fundamental, y de los compromisos estatales contraídos con los estudiantes, los profesores, los maestros, la minga indígena, con el Movimiento agrario, y con el cumplimiento de la implementación y desarrollo de los Acuerdos de La Habana.
De entrada, cerraron la puerta de la negociación y botaron las llaves a la basura con una actitud prepotente y autoritaria que desdice de su lenguaje de concertación. Son trece los puntos para concertar y negociar (EEUU acaba de negociar un acuerdo de paz con los Talibanes de Afganistán), pero parece que en Colombia el gobierno de Duque es más papista que el Papa.
El gobierno está esperando que llegue el 16 de marzo para empezar a tramitar las reformas mencionadas, agregando el gancho de la cadena perpetua para los violadores de niños y de la posibilidad del voto para las Fuerzas Armadas.
Por eso frente a la recomposición del Congreso y la gobernabilidad del régimen, hay que hacer un análisis de la correlación de fuerzas y de las perspectivas de desarrollo del movimiento, no solo de las fuerzas del Gobierno para contener la protesta popular, sino también del Estado de ánimo de la gente, su voluntad real de lucha, de unidad y de organización de los sectores sociales comprometidos con la protesta popular.
En este sentido es muy importantes tener en cuenta el estado real de la economía que tenemos en este momento y de sus tendencias de desarrollo, que se mide con el crecimiento de 40.000 personas desempleadas en el mes de enero (13% ); la Reforma Tributaria apenas empieza a descargar sus golpes en la canasta familiar de los trabajadores, de las capas medias y de los sectores populares, cuyos ingresos y capacidad de compra empiezan a disminuir, contrayéndose la demanda de bienes y servicios y por ende la capacidad de recaudo fiscal, lo que le obligará al gobierno recortar los gastos sociales sin aumentar los puestos de trabajo prometidos por la Ley de Crecimiento Económico
De tal manera que las Reformas de Educación, Salud, Trabajo y Pensiones, que son las más sentidas por los sectores sociales de menores ingresos, unidas a la inseguridad y al desplazamiento de familias enteras por la violencia en las grandes ciudades y en muchas regiones de Colombia, serán el caldo de cultivo para continuar con las protestas populares que se incrementarán en este año, tanto amplitud como profundidad.
A esto situación tenemos que añadir el resultado de la última encuesta de Invamer, donde el 71% es desfavorable a la gestión del gobierno, mostrando el clima de incertidumbre y de inconformidad en amplios sectores de la población, elemento que se debe tener en cuenta para la preparación de la jornada del 25 de marzo.
De la participación popular en este evento se van a desprender los desarrollos políticos de las clases y sectores de clase durante los dos años que le faltan al gobierno de Duque.
Pase lo que pase el 25 de marzo, hay que construir una táctica unitaria que permita avizorar las tendencias fundamentales en el desarrollo de la lucha de masas, conservando la iniciativa en la combinación de la lucha parlamentaria con la movilización de masas en la calle, con un desgaste permanente del gobierno que permita aislarlo de la opinión pública, neutralizar franjas sociales que lo apoyan y conquistar la simpatía de amplios sectores populares y de las capas medias, con claros objetivos de lucha democrática.
De manera que, si el gobierno neoliberal “no tiene por qué entrar a negociar las posiciones del Estado”, tampoco el movimiento popular tiene por qué dejar de organizar la resistencia popular, para la construcción de una alternativa democrática.
