La violencia política ha tenido vieja raigambre en Latinoamérica, en donde gobiernos de corte dictatorial, por lo regular fieles guardianes de los intereses de las compañías norteamericanas, apelaron a la más aguda represión contra los ciudadanos inconformes de sus países, asesorados por expertos en seguridad de la CIA y otras agencias de inteligencia. Los golpes de Estado y el poder casi omnímodo de los ejércitos tuvieron que ver mucho en ello.
Al fin y al cabo se trataba de la implementación de la política de seguridad nacional que se enseñaba en la Escuela de las Américas a los mandos militares, en donde se les inyectaba un anticomunismo enfermizo que debía traducirse en la caza implacable del enemigo interno, ese agente soviético, chino o cubano supuestamente camuflado dentro de la población. Políticos de oposición, dirigentes obreros, estudiantiles o populares, defensores de derechos humanos.
Partidos políticos de ideología marxista o liberalismo sospechoso. A todos había que aniquilarlos, porque como decía la letra del himno de las Américas, en sus cielos debía brillar por siempre el sol de la libertad. La persecución policial y militar, los asesinatos selectivos, los desaparecidos, las torturas, las cárceles infames hacían parte de todo ese engranaje. La literatura latinoamericana de hace algunas décadas fue prolífica en el tratamiento del tema.
Hasta que comenzó a ser superado con los avances democráticos en distintos países. La lucha universal por los derechos humanos terminó arrinconando, juzgando y castigando ejemplarmente a varios de los llamados gorilas. La OEA tuvo que aceptar la carta democrática, según la cual toda dictadura debía ser condenada. Las luchas armadas de guerrillas urbanas o rurales se fueron extinguiendo con el paso de aperturas más o menos amplias.
Un tránsito que no fue fácil. Para solo citar el caso chileno, tras el golpe militar contra Salvador Allende gobernó durante diecisiete años el general Augusto Pinochet, y sólo ahora está por aprobarse una nueva Constitución Política que reemplaza la que dejó vigente el dictador. La enorme influencia de la derecha política coaligada con poderosos sectores económicos, impidió por varias décadas la transformación que recién conquistó la gente en las calles.
Igual en otros países castigados por brutales dictaduras, en donde si bien los cambios económicos y sociales han sido lentos, los avances democráticos han logrado impedir el regreso abierto de la seguridad nacional. Solamente en un país, Colombia, la naturaleza violenta del régimen político continúa siendo la nota dominante. Desde luego que la derecha local lo niega con descaro, al tiempo que reprocha como totalitarios los regímenes políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Con el perdón de muchos, y sin declararme defensor fanático de esos gobiernos, es necesario recalcar que existe una diferencia abismal entre lo que hacían las oprobiosas dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay o Paraguay, para sólo citar algunas, con lo que sucede en estos tres países. Hay que recordar que los regímenes infames de seguridad nacional contaron con el respaldo pleno de los gobiernos de Estados Unidos y la derecha continental.
Los mismos que condenan hoy, con todo el poder mediático que son capaces de desplegar, a las difíciles experiencias de esos pueblos sometidos al bloqueo, la hostilidad y el saboteo permanentes, urgidos de defender su causa contra poderes muy superiores. Curiosamente ninguno de tales poderes se ha declarado nunca contra la condición criminal del régimen político colombiano, más horrorosa en cantidad y calidad a lo que sucedió o sucede en otros lares.
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Aquí también hemos librado una lucha histórica contra el totalitarismo. La lucha armada de más de cincuenta años lo refrenda
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Aquí también hemos librado una lucha histórica contra el totalitarismo. La lucha armada de más de cincuenta años lo refrenda. Al igual que la heroica resistencia de movimientos políticos exterminados por el régimen, como la Unión Patriótica o A Luchar. Que el paramilitarismo y sus miles de masacres fueron producto del régimen político vigente está cada día más probado. Así como terminará por salir a luz la directriz oficial que generó los falsos positivos.
El Acuerdo de Paz de La Habana representó un paso gigantesco en la ruta a la democratización del país, prueba de lo cual es la actual oposición impune de los sectores más cavernarios a su implementación integral. Colombia ya no es la misma de doce años atrás. Existe un mayor protagonismo político por parte de los sectores tradicionalmente excluidos o perseguidos. El avance del Pacto Histórico no hubiera sido posible sin las previsiones del Acuerdo Final.
Aún falta mucho por cambiar, pero la decisión ya está tomada. Se siente una conciencia mayoritaria en ese sentido. Basta con leer el manifiesto de Jorge 40 desde la cárcel, para comprender cuánto ha evolucionado Colombia. Gran diálogo nacional por un acuerdo fundamental que garantice la paz total. Podrían decirlo Petro o Francia, pero lo está planteando quien fuera en el pasado uno de los más temibles jefes de la Autodefensa.
Qué Fico ni qué ocho cuartos, llegó la hora del cambio.
