Con el asesinato de Favián José Chamorro Zabala, ocurrido en los montes de María el 31 de diciembre, fueron 45 los firmantes de paz abatidos por manos criminales en el año 2023. La víctima se encontraba en una fiesta, como es habitual en temporada navideña, esta vez en homenaje a la Virgen María, celebrada en un sector del municipio de Chalán, en Sucre. Toda la población de la región sabe que quien impone su ley allí es el denominado Clan del Golfo.
De hecho, en el municipio del Carmen de Bolívar, limítrofe con Chalán, sus habitantes denuncian que en la práctica existe un toque de queda. Nadie puede salir a la calle después de las 9 de la noche por determinación de ese grupo de autodefensas. Dicen que, entre El Salado, La Cansona y otras veredas es común encontrar personas armadas a uno y otro lado del camino. Y acusan a las autoridades de guardar silencio y carecer de alguna estrategia al respecto.
Lo que todos tienen claro es que, el poder de esa organización que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se ha acrecentado enormemente en los últimos años, extendiéndose desde el Chocó y Urabá a todos los departamentos de la costa Caribe. Tres días antes del asesinato de Favián José Chamorro Zabala, ese mismo grupo hizo descender de la lancha en que se transportaba desde Capurganá a Turbo a Yohan Serna Murillo.
La víctima, otro firmante de paz, servía en la Subdirección de Seguridad y Protección de la UNP, y prestaba sus servicios como escolta a Pedro Baracutao, representante a la Cámara por Comunes, el partido nacido de los Acuerdos de Paz de 2016. Su propósito era hacer entrega del arma de dotación, en Medellín, al escolta que debería relevarlo en su misión, por corresponderle los cuatro días mensuales de descanso que se reconocen a los escoltas tercerizados.
Puede imaginarse que los asesinos, en su retén de control, al descubrirle el arma de dotación, quizás qué propósito le atribuyeron. Así de graves estamos. Cualquiera puede caer en el momento menos pensado, por cuenta del capricho de esa organización. Duele sobremanera que se trate de firmantes de paz, ese valeroso grupo de mujeres y hombres que celebraron un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, comprometido primero que todo a garantizar su vida.
No es menos crítica la situación en otras regiones del país, por cuenta de los mismos u otros actores armados. El 1 de enero de este año, en el municipio de Sucre, departamento del Cauca, varios hombres la emprendieron a fuego, asesinando cobardemente, a Gyovanni Chávez Vega, firmante de paz, también en medio de la celebración de las fiestas de fin de año. En la región operan las disidencias de Mordisco, transitan las de la Marquetalia de Segunda y se mueve el ELN.
Además de que, como afirma Indepaz en su informe, también operan diversas bandas locales. Por cierto, al dar cuenta de este otro asesinato, el instituto recuerda que en 2022 la Corte Constitucional expidió una sentencia declarando un estado de cosas inconstitucional, con relación a la crisis de seguridad que afrontan los reincorporados de las extintas Farc. Al parecer esto no significa otra cosa que un titular de noticiero, sin ninguna otra consecuencia.
En 2022 la Corte Constitucional expidió una sentencia declarando un estado de cosas inconstitucional, con relación a la crisis de seguridad de los reincorporados de las extintas Farc. Al parecer esto no significa otra cosa que un titular de noticiero
Lo reitera el hecho de que el 6 de enero de este año, fue sacado a la fuerza de su casa de habitación, el firmante de paz Juan Gabriel Hurtado, a quien sus captores asesinaron un poco después en Caño Yamú, vereda Jordania, municipio de La Macarena, en el Meta. Quienes reinan en la zona, como amos y señores de vida y hacienda, son las disidencias de Mordisco, que se hallaban conversando con el gobierno nacional, precisamente, sobre sus intenciones de paz.
El día 14 de enero el país fue notificado de la expedición del decreto 0016 de 2024, “Por la cual se prorroga el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP”. Lacera profundamente la dignidad de los firmantes de paz, que se reconozca con esa denominación a esa banda de criminales.
Pero además se confunde al país y la comunidad internacional, al burlarse de ese modo del Acuerdo Final de Paz de 2016, por el que oficialmente desaparecieron las Farc-EP. Más todavía cuando ese mismo día, ese grupo armado asesina en la zona rural de Pitalito, Huila, a los escoltas Luis Eduardo Sterling Muñoz y Yilber Osorio Silva, que prestaban protección al firmante de paz José Enrique Roa, a quien se llevaron secuestrado y abandonaron asesinado más adelante.
Esa organización acaba de reiterar su compromiso de no apelar al secuestro y menos al crimen. ¿Qué está pasando, Petro?
