Desde que el COVID-19 está ocupando las parrillas de los principales medios de comunicación (escritos, radiales y televisados) y hasta de nuestros estados y tuits, los enemigos de la vida y los corruptos están haciendo de las suyas a lo largo y ancho del país. Eso sí que es un verdadero aislamiento inteligente: aprovecharse de la miopía de la prensa para seguir robando y desangrando.
Como lo denunció Uprimny en su columna dominical más reciente, en las últimas semanas ya han asesinado a varios líderes, entre ellos un líder de sustitución de cultivos en Putumayo, un exconcejal y también líder en Puerto Santander, un líder minero y presidente del Concejo de San Francisco (Antioquia), dos líderes indígenas emberas en el Valle del Cauca, un exconcejal en La Apartada (Córdoba), dos excombatientes de las Farc en Caquetá, una en Bogotá y otro en Meta. A los enemigos de la vida todo les está quedando fácil porque, como dice el investigador, la medida de aislamiento social les ha servido para localizarlos más fácil.
A esa lista le sumo el atentado contra un líder social y activista de la población LBTIQ en Medellín, mientras empacaba mercados para repartir entre quienes están siendo golpeados por este aislamiento social obligatorio. Por fortuna, no lo asesinaron. Sin embargo, más tarde, el 4 de abril, un sindicalista y sus tres hijos en Piamonte, Cauca, no corrieron con la misma suerte: todos fueron asesinados, aunque otras versiones dicen que solo murieron él y dos de sus hijos, mientras que su esposa y su otro hijo huyeron.
Además, en El Espectador, el periodista Sebastián Forero Rueda denuncia en su crónica que la misma Fuerza de Tarea Vulcano que asesinó a Dimar Torres, asesinó a Alejandro Carvajal, un joven de 22 años que promovía la sustitución de coca y se oponía a la erradicación forzada en Norte de Santander. Esto ocurrió el 26 de marzo.
En el Chocó, por su parte, los paramilitares están ya tomando el control del norte de ese territorio. Esto lo relata el portal Verdad Abierta en un artículo titulado En riesgo inminente por lo menos 61 mil personas en el norte de Chocó.
Ni qué decir de la corrupción. En su columna dominical en Semana, María Jimena Duzán reveló audios de la evidente cercanía entre el subpresidente Duque y el hermano del narcotraficante Ñeñe Hernández, el Goyo Hernández, una presunta ficha clave para la compra de votos en el Cesar y La Guajira. Por su parte, Salud Hernández también denunció en su columna que millonarias sumas de dinero están siendo usadas para supuesta pedagogía y atención del COVID: por ejemplo, en Neiva unas cartillas costaron 295 millones y en Santander contratarán un centro de llamadas para atender dudas y todo lo relacionado con el COVID, pero sin claridad de la preparación técnica de quienes lo atenderán. Seguramente no pasará nada ni con lo del Ñeñe ni con los millonarios contratos que están haciendo de cuenta del virus.
Finalmente, y por no seguir la lista de robos y asesinatos que están teniendo lugar en el país, en la página web de colombiacompra.gov.co se evidencia que justo el día en el que el Duque declaró la Emergencia Sanitaria, momento desde el cual se supone el gobierno debería ser más austero en los gastos, la jefa de área de Contratación de la Policía Nacional, Rocío Cubillos Rodríguez, ordena la compra de 10 de tanquetas represoras del ESMAD y sus respectivos accesorios, por valor de 7.900 millones de pesos. Interesantes las prioridades del gobierno (ver orden).
Con ese infierno de dinero Duque pudo haber comprado miles de pruebas para detectar el COVID, por ejemplo. El virus no se combate con tanquetas. ¿O será acaso que están previendo un estallido social a causa del hambre, el desempleo y el abandono estatal?
Comprendo la gravedad del COVID, pero también comprendo la gravedad de la corrupción y el asesinato de líderes sociales. No puede ser el virus les esté dictando la agenda noticiosa a todos los grandes medios de comunicación. Colombianos, mientras nos estamos lavando las manos bien juiciosos, siguen asesinando y robando.
