El precio comercial de la chatarra en Colombia supera los 1.000 pesos el kilo. No obstante, la de los 50.000 vehículos que están abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue vendida en 98 pesos el kilo luego de una subasta a la que solo se presentó un oferente. La Unión Temporal RYM, conformada por las empresas Recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S.
Esta empresa tiene su sede principal en Cartagena, pero con otros puntos en Bello, Bogotá y Cali. Esta unión temporal fue la única firma que se pudo presentar a la subasta, realizada el pasado 21 de abril desde las 9:00 de la mañana. Esta debe recoger todos estos automotores en un lote en Barbosa, donde son llevados los que están abandonados, ya que los patios de la Secretaría de Movilidad, en el barrio Caribe, y el que está en la Feria de Ganados están ocupados con vehículos con poco tiempo de inmovilización.
Hay una denuncia por parte del concejal Daniel Duque, quien explicó cómo en el proceso para disponer de los vehículos abandonados, según la ley 1730 de 2014 (ver recuadro), se mostraron interesados varios oferentes, pero –según sus argumentos– el proceso venía casi direccionado dadas las especificaciones para participar.
No es un negocio pequeño: son más de 20.000 toneladas de chatarra, por los que se pagarían $2.038.400.000. La ganancia que estaría obteniendo luego de este proceso sería cercana al 1.020%, lo que representa una gran pérdida para las arcas públicas; esto indicaría un posible detrimento patrimonial.
Sin embargo, la Alcaldía asegura que es un negocio en el que gana la ciudad. Ya que según la Alcaldía de Medellín, "para establecer el avalúo comercial del valor inicial para la subasta de estos vehículos abandonados, la Secretaría de Movilidad tuvo en sus manos una cotización donde se podía vender a $100 por cada kilo de la chatarra de estos automotores. La ganadora de esta subasta también presentó la suya, en la que su oferta inicial era de $95 por kilo.
Desde la Alcaldía de Medellín dijeron que “de las invitaciones a cotizar solo algunas empresas enviaron sus respuestas y con base en éstas se fijó el valor a subastar. De las cotizaciones recibidas se estableció un valor promedio de $98 kilo como resultante de la ponderación de las mismas”.
El argumento –según el concejal– fue que para poder participar en esta subasta se debían tener unas herramientas muy específicas, con marca y referencia. En el documento de requisitos se pedía una máquina, la cual solo tendría la ganadora del proceso. Por esta razón, otro de los interesados fue descartado.
Empresa investigada
Otro de los cuestionamientos es que las empresas de Naranjo estarían implicadas en otras posibles irregularidades, como la de un proceso de chatarrización del Gobierno, en 2015, al que se habría presentado sin avales legales. Y en 2020 la Procuraduría le abrió expediente por una presunta nómina paralela en el proceso de recuperación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego del huracán Iota.
También apareció dentro de los reportes de un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, en abril de 2019, contrala reventa irregular de retroexcavadoras, cargadores, montacargas y vehículos que habrían sido destinados por la Dian para ser destruidos. Por esta investigación se capturaron a 11 personas.
