“En conflictos en todo el mundo, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras” (Nisha Varia, directora de incidencia en derechos de la mujer de Human Rights Watch).
La misión constitucional que tiene la fuerza pública en todo el territorio nacional es velar, proteger y hacer cumplir los derechos de la población civil. De hecho, cada uno de sus miembros debe cumplir a cabalidad los protocolos establecidos en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, algunos integrantes del Ejército Nacional se han olvidado de la misionalidad y los principios que los regulan y han caído en la bajeza de violar a niñas integrantes de comunidades indígenas, un hecho más que oscurece la ética y el buen nombre de la fuerza pública en Colombia.
Ahora bien, en la medida que pasan los días están saliendo más denuncias de casos de violaciones y agresiones sexuales a niñas y jóvenes de comunidades afrocolombianas e indígenas en las zonas rurales del país. Según el mismo general Eduardo Zapateiro, se han presentado 118 casos de agresiones sexuales por parte de integrantes del Ejército desde el año 2016, de los cuales 45 fueron separados de la institución y el resto están siendo investigados por la Fiscalía. Estas cifran indican que existe una sistematicidad de casos que ponen entredicho la verdadera función del Ejército, proteger a la población civil.
Además de los actores armados irregulares que operan en las zonas más apartadas del país, las comunidades indígenas hoy se tienen que enfrentar a la fuerza pública: sienten temor al ver a los soldados desplegados en sus territorios, debido a estos casos referenciados. No se pueden entender ni defender estas agresiones sexuales, más bien se debe investigar a fondo qué es lo que pasa dentro de la institución y cuál es el entrenamiento que están recibiendo los soldados de Colombia.
Con eso claro es importante mencionar que en algunos conflictos armados la violación y las agresiones sexuales se han utilizado como medio de una guerra psicológica con el fin de humillar al enemigo y destruir la moral, también que en otras ocasiones se ha empleado como método de limpieza étnica. Entonces, ¿hay que preguntarles a los infractores militares si ven en las comunidades étnicas a un enemigo o si existe una directriz para atacar permanentemente estas poblaciones?
Así pues, lo que hace más grave el asunto es que la violaciones y agresiones sexuales desarrolladas por tropas militares constituyen un acto de lesa humanidad, constituido por las Naciones Unidas mediante resolución 1820 del año 2008. La anterior fue la primera resolución que contempló la violencia sexual como táctica de guerra, analizando cada situación en particular, fines políticos, fines de limpieza étnica o fines militares. No obstante, no existe ningún fin que pueda justificar este tipo de violencia sexual, más cuando hemos asistido a casos en donde se ha infringido el derecho internacional humanitario.
Si no se toman medidas urgentes dentro de la institución seguirán apareciendo casos de violencia sexual contra las comunidades más vulnerables del país, así como sucedió en el conflicto interno que vivió la República del Congo desde el año 1991, donde fueron violadas según Amnistía Internacional más de 400 mujeres, entre ellas niñas. Esto se pudo contener si desde el inicio de las denuncias se hubieran tomado medidas ejemplares en contra de los abusadores sexuales pertenecientes a la fuerza pública. Los momentos de impunidad y las medidas temerarias son causantes de que se sigan presentando las vejaciones en contra de la población civil. El caso que pone entredicho la ética y el buen nombre de las fuerzas militares sucedió por la valentía que tuvo la etnia que denunció los constantes atropellos que están padeciendo por los actores armados.
Sumado a esto, existen los llamados falsos positivos, los cuales tuvieron su mayor incidencia entre 2002 y 2008, periodo durante el cual Álvaro Uribe era presidente (2002-2010) y en la comandancia del Ejército estaba el general Mario Montoya (2006-2008). Y aunque estos parecían haber quedado atrás, este año se han vuelto a presentar nuevas denuncias sobre casos de falsos positivos y espionajes a defensores y líderes políticos, que ponen en el ojo del huracán las políticas de derechos humanos dentro del Ejército.
Estos dos fenómenos merecen especial atención para que los mecanismos de control institucional activen todos los protocolos de prevención como garantía de no repetición de estos fenómenos en el marco para la paz y la tranquilidad de la población civil.
