Abogados sin principios, que pública y cínicamente han manifestado, en detrimento de los abogados justos, que la ética es ajena al derecho, sin interés genuino en proteger la cultura y la herencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ponen en riesgo a través de conclusiones amañadas, sin fundamento técnico, ni científico, la continuidad de Cerro Matoso.
Un fallo con tinte histórico, en abstracto, como así lo indican en sus apartes, puede generar un precedente negativo con enormes repercusiones para la región del alto San Jorge, Montelíbano, Córdoba y en general para el desarrollo industrial del país, al poner en riesgo la continuidad de lo que es sin lugar a dudas una empresa que hace minería bien hecha, sostenible y responsable social y ambientalmente, que impacta positivamente a las comunidades, a sus trabajadores, contratistas, proveedores, familias y niños a través de su cultura de Cuidado y responsabilidad social.
Cerro Matoso además de ser una operación minero-industrial, es su gente que a través de un proceso piro metalúrgico altamente controlado en sus riesgos transforma la materia prima para producir y exportar ferroníquel, generando beneficios para sus inversionistas, para el Estado colombiano y también para las comunidades del área de influencia directa y sus municipios:
- Operación minero-industrial: esta minería es pequeña, circunscrita al cerro y aproximadamente en 600 hectáreas, en comparación con otras operaciones de tipo minero a cielo abierto, Cerro Matoso no es minería extensiva, es más industria que mina. De esta manera, el fallo no puede verse tan solo como un ataque al desarrollo minero, sino como un funesto precedente para la industria del país, fuente generadora de empleo y beneficios para los colombianos. El mensaje es claro: si eres industria y a tu alrededor existen necesidades básicas insatisfechas no vale el cumplimiento legal a las normas de salud y ambiente, porque igualmente serás responsable de todos los determinantes a tu alrededor. Hago un llamado a los gremios industriales para defender al país de este precedente oscuro.
- Su gente: más que un conjunto de equipos mineros y de un proceso industrial, Cerro Matoso somos sus empleados y contratistas, hoy por hoy en su totalidad colombianos y su gran mayoría de Córdoba y la región Caribe. Gente entusiasta, responsable, pujante y que trabaja con pasión. Gente que tiene la ética impregnada en su ADN y está impresa en su quehacer diario. Es inaceptable permitir que todo el esfuerzo y el trabajo mancomunado de personas por operar seria y responsablemente a Cerro Matoso, que no solo han sorteado las vicisitudes de las restricciones del proceso, de altos costos energéticos, variabilidad de la tasa de cambio, legislación variante, vacíos legislativos, crisis de mercados, conflictos internos entre otros, con el fin de tenerla viva durante 36 años, para que terceros en procura de un beneficio focalizado y efímero, sin conocimiento de causa, mancillando a sus empleados y contratistas, se refieran a Cerro Matoso como una empresa asesina y que envenen.
- El ferroníquel: aún antes de existir CMSA, el níquel siempre estuvo en el yacimiento, y así como en los suelos que tienen magnesio, el agua tiene magnesio, en los suelos donde hay óxidos de níquel, el agua tiene óxidos de níquel. No existe a nivel internacional una evidencia técnica que relacione la materia prima de Cerro Matoso —los óxidos de níquel— con las enfermedades que se le relacionan en el fallo. El producto de Cerro Matoso se utiliza para generar acero inoxidable, y de esta manera, convivimos con él en la vida cotidiana: utensilios de cocina, prótesis médicas, equipos de tecnología y comunicaciones, medios de transporte, y cientos de productos más. Correlacionar el níquel con la tuberculosis, es grotesco y amañado, por decir lo menos.
- El Estado colombiano: los ingresos al Estado a través del pago de regalías, impuesto de renta, impuestos departamentales, impuestos locales y contraprestaciones relacionadas con el contrato de aporte se han ejecutado de conformidad con la ley. Y es innegable y considerable la dependencia que tienen los recursos del departamento y en especial de los municipios del área de influencia con estas obligaciones cumplidas. Así pues, un fallo que atiende a intereses particulares que ponen en tela de juicio la continuidad de Cerro Matoso, convocan a su defensa. Es preciso tener en cuenta el encadenamiento económico que hay detrás de esta Empresa, pues del 100% del costo de operación, más del 80% corresponde a gasto directo que se causa en Colombia (35% del costo asociado al pago de energía eléctrica, 15% asociado al gas natural de un pozo ubicado en Sahagún, la adquisición de bienes y servicios de empresas locales y regionales, en muchos casos, promovidas por Cerro Matoso). La afectación no solo es local y regional; el fallo y sus consecuencias son nacionales.
Pero además, el fallo es una ofensa a otras ramas del poder, en concreto a las entidades de control en materia ambiental y de regulación minera, que periódicamente ejercen su responsabilidad, al igual que a las empresas —que siendo certificadas— ejecutan los análisis de higiene industrial y de matrices ambientales, porque fueron desatendidas e ignoradas como incompetentes. Un fallo no puede desatender la normatividad existente, porque no solo sería injusto, sino que impide valorar objetivamente la responsabilidad o no de una empresa.
- Comunidades del área de influencia directa: Cerro Matoso es un buen vecino. Nunca podrá ser su función la de reemplazar al Estado colombiano y brindar solución a todos los problemas en materia social, de salud o económica. Aún persisten necesidades básicas insatisfechas, aunque en menor proporción a lo que sucede en el resto de regiones rurales del país. El índice de pobreza multidimensional valorado por Ecoanalítica SAS en el 2016, así lo indica. El IPM fue de 27,9 puntos, que equivale al 5,2% menos que el promedio de las comunidades rurales en el país. Por encima de esa realidad, para Cerro Matoso las comunidades del área de influencia directa siguen siendo su prioridad en su plan de responsabilidad social. Hasta el año 2013, las inversiones directas de la empresa (no relacionadas con regalías ni impuestos) para actividades sociales, superaban los 126 mil millones de pesos
- Área de influencia directa: No puede desconocerse el impacto positivo de Cerro Matoso sobre la generación de empleo directo e indirecto de la que dependen más de 8000 familias en su gran mayoría de la región. A lo largo del tiempo, se ha favorecido el desarrollo de empresas locales para la contratación de bienes y servicios. Cerro Matoso ha dotado de infraestructura escolar construyendo escuelas, ha donado sedes para el Sena y la Universidad de Córdoba en el San Jorge, sus trabajadores con sus aportes y el apoyo de Cerro Matoso han patrocinado la educación a través del programa PAE, entre otros. También es bueno resaltar que el gas natural de todos los municipios entre Sahagún y Caucasia llega a los hogares y comercios a través del gasoducto privado de Cerro Matoso sin cobro alguno por este uso para sus habitantes. Cerro Matoso siempre ha sido solidaria.
Ni Cerro Matoso ni los municipios del área de influencia directa quedan en la orilla de una carretera nacional, por lo que atentar contra ella es atentar contra la economía de toda el área del San Jorge. Sin Cerro Matoso esta zona perdería el interés para desviarse de una carretera nacional, marginándola y estancándola generándose migración en busca de nuevas oportunidades, fomentando la creación de municipios fantasmas como el caso de Humberstone en Chile, o sus pobladores quedarían a expensas de la minería ilegal o el cultivo de plantas ilícitas, que como es de conocimiento general, prolifera en el Alto San Jorge y el Bajo cauca Cercano.
Sin dudas, el cierre de CMSA y sus externalidades positivas es lo que realmente está en juego. La continuidad depende de su viabilidad económica. Desde que Cerro Matoso negoció los nuevos términos de su licencia de operación en 2012, la caída del precio internacional de níquel ha sido de más del 50%. Esto y la menor producción asociada al agotamiento del depósito, representan un reto de competitividad tremendo para sus empleados, que son los responsables de mantenerla en pie y sostenible.
Favorecer a terceros para que reclamen en abuso de sus facultades y amparados en sanciones inferidas en US$ 400M es simplemente absurdo y representa sin duda un riesgo mayor para el cierre de CMSA que incluso las caídas de precio y producción.
El llamado es a un juicio justo y técnico, responder por lo que es cierto y objetivo, y asumir lo que nos es competente. El reclamo es por una valoración del caso en Sala Plena de la Corte Constitucional, con total transparencia para la industria y el país en general. Es inadmisible que el proceso de revisión se haya iniciado por el magistrado Jorge Pretelt en su momento, cuando claramente se exhibe su familiaridad y relacionamiento con el señor Abelardo de la Espriella. Contrario a lo que piensa este abogado, pensamos que en la Corte plena, la ética y el derecho sí pueden ir de la mano. Estamos llamados a defender la minería bien hecha a la industria responsable.
