Está bien que la justicia sea ejemplarizante y le dé a cada quien lo que se merece de manera razonable y equitativa. Lo que está mal es que sea selectiva a la hora de aplicar esa justicia razonable y equitativa.
El Tribunal Superior de Bogotá codena a Epa Colombia, Daneidy Barrera, a 63 meses y 15 días de cárcel por las acciones que ella cometió en el año 2019, durante las manifestaciones que se presentaron en Bogotá y que ella misma publicó: con un martillo daña algunos vidrios de un TransMilenio, daña un torniquete con equipo electrónico.
Por estos hechos ya había sido condenada en marzo del año pasado, pero no por “instigación para delinquir con fines de terrorismo”. Por esta última imputación es que este tribunal la condena ante una apelación que hizo la empresa de recaudo de Bogotá y la obliga a pagar una multa que sobrepasa los 400 millones de pesos.
Pero no es razonable y justo que le corten la cabeza a esta mujer y la expongan en una lanza, como escarmiento para los “vándalos”, mientas que los corruptos con poder político y económico tienen sus cabezas engominadas, sentados a manteles, incluso, con los mismos que tienen que impartir esa justicia.
Es más, esta mujer no tiene antecedentes; no hay sistematicidad en la conducta que hizo y no se podría predicar que es un peligro para la sociedad, pues ella mejoró su conducta, se convirtió en empresaria y crea muchos puestos de trabajo… Es útil para la sociedad.
Lo contradictorio es que hay mucho delincuente suelto, que arman sus propias bandas, con una estela de antecedentes que incluyen homicidios, incluso con casa por cárcel, y andan delinquiendo porque a la justicia se le ocurrió sentenciar que no “son peligrosos para la sociedad” y los soltó. Eso es lo que está mal. Por eso tiene razón la gente en indignarse, porque la justicia no procede con la misma celeridad y severidad contra los corruptos, los que se roban millones y millones de pesos de los colombianos; que atentan, incluso, contra la vida y los derechos fundamentales de los niños.
Ahí está el último caso, y no será el último, el de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, que coronó una licitación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia por un valor de más de un billón de pesos con el objetivo de dotar de internet a más de 7.000 colegios de Colombia sin la debida experiencia en el sector de la tecnología, sin músculo financiero para soportar semejante contrato y adulterando garantías bancarias.
Le dieron un anticipo de más de 70.000 millones, el contrato está incumplido, la interventoría falló en su labor y la mayor parte de ese anticipo lo sacaron del país. Una pregunta: ¿si el contrato se hizo en Colombia, para ejecutarlo en Colombia, por qué sacaron cerca de 60.000 millones del país?
Claro que sí, la gente tiene que exigir que haya justicia razonable y equitativa para todos, con el mismo racero y con la misma celeridad; que no sea dócil con el corrupto con poder y dura con los de ruana. No olvidemos que hace poco la procuradora Margarita Cabello archivó el proceso a favor de diez exdirectivos de la junta de Ecopetrol por el robo de Reficar, y la fiscalía, con Barbosa al frente, está empeñada en que una jueza precluya la investigación contra Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos.
Y se pueden contar cientos de casos en que la justicia trata con delicadeza a los que tienen el poder político y económico para comprar esa justicia y le archiven los procesos; que cuando inevitablemente no pueden evitar esa justicia amiga porque la acción corrupta se destapó, les dan casa por cárcel, les dan multas irrisorias y salen después a disfrutar de sus millonarios robos.
