En días recientes en redes sociales hubo una campaña de “resistencia pacífica” al Grupo Aval como protesta por el escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrado y por los presuntos obstáculos del fiscal Martínez Neira para investigar los nexos de este grupo en el caso de Odebrecht. A lo que se suman: la caída del puente de Chirajara, la forma como Luis Carlos Sarmiento anuncia las futuras inversiones en sus negocios de infraestructura con dineros provenientes de las cotizaciones pensionales y el hecho de que, en medio del escándalo, cayera el valor de las acciones de este grupo en las bolsas internacionales con el consecuente riesgo para pequeños y medianos ahorradores y cotizantes.
El gobierno reaccionó velozmente para defender al Grupo Aval a través de los pronunciamientos del superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, y de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, y amenazó a los críticos con sanciones penales por el delito de pánico financiero. Luego se dijo que estas sanciones serían solo para los mensajes que contuvieran “información falsa”. Dicha actitud suscita dos reflexiones: la primera, encaminada a recordar que la resistencia a los atropellos no es un delito. Eso equivaldría a decir que Gandhi fue un delincuente, cuando en realidad fue un ejemplo de resistencia pacífica al llamar a los indios a no consumir las manufacturas fabricadas en Inglaterra y a volver a elaborar sus propios tejidos para poner fin a las injusticias del régimen colonial británico.
En segundo lugar, las denuncias en redes sociales contra el Grupo Aval se han quedado cortas, puesto que no incluyen las numerosas irregularidades cometidas por las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Mencionemos solo algunas: ofrecer bonos promocionales a jóvenes universitarios sin que sepan que están siendo afiliados a una AFP (Porvenir ha empleado y sigue usando esta triquiñuela); afiliar trabajadores sin su consentimiento; dar información incompleta y falsa al usuario, y falsificar firmas. Una tesis de especialización de una prestigiosa universidad encontró más de 27.000 quejas por falsificaciones en una sola AFP, en el año 2015.
Mientras tanto, el Estado ha permitido que las AFP usen los ahorros de los cotizantes con fines de especulación, cuando la Constitución prohíbe la utilización de los dineros de la Seguridad Social para propósitos diferentes a ella. A su vez, mientras la ley defiende la libertad de elección del régimen pensional, han aparecido normas que restringen dicha libertad, obligando a permanecer en un fondo durante cinco años e impidiendo el cambio después de haber cumplido 47 años, las mujeres, y 52, los hombres.
Como resultado de lo anterior, los adultos mayores reciben pensiones de las AFP, que en nada se acercan a los montos que les prometieron: hay quienes quedan con un 25% de la última liquidación laboral y otros, solo con el 10%. Las salas laborales están repletas con las demandas entabladas por las víctimas para probar que fueron engañadas. Algunas de ellas han obtenido fallos favorables, pero otras han recibido sentencias que las culpan y tildan de irresponsables. Que las víctimas no son las responsables de esta estafa, lo demuestra el hecho de que incluso jueces laborales han tenido que presentar demandas para anular la vinculación a una AFP y poder retornar a Colpensiones. Entonces, no se trata de negligencia por parte del estafado, sino de la existencia de una fina maquinaria propagandística y legal para favorecer al sector financiero y perjudicar a los asalariados. Tampoco se trata de casos aislados. Las víctimas se cuentan por cientos de miles y aún no sabemos si por más.
Hay que agregar los costos que ha tenido para el fisco el favorecimiento a las AFP, pues con ello se disminuyeron considerablemente las cotizaciones al régimen de prima media que administra Colpensiones –organismo al que, luego de asfixiarlo, los banqueros acusan de insostenible–. Si se hubiera mantenido la exclusividad del régimen público, este sistema no solo sería totalmente autosostenible sino que aportaría fondos para el desarrollo nacional. Y a esto, hay que añadir, los costos resultantes de las quejas ante las instancias gubernamentales y las demandas en los estrados judiciales. Todo esto se paga con nuestros impuestos.
Recientemente se le entregó a la Defensoría del Pueblo una queja para reclamar la defensa de los derechos de los colombianos afectados por las AFP. La Defensoría del Pueblo remitió dicha queja a diferentes instancias pero aún queda faltando la Contraloría. Cabe recordar que la AFP más grande es Porvenir, del Grupo Aval. Ahora veremos con cuánta solicitud el Estado colombiano asume la investigación de estas irregularidades, así como de la que constituye la estafa más grande en la historia de Colombia: en el monto de la pensión de jubilación, y en contra de uno de los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores. Seguramente el gobierno no lo hará con la misma diligencia, ni con el gran despliegue en los medios de comunicación, como lo hizo en días pasados para defender al Grupo Aval y a su dueño, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo.
