Anunciada por Emmanuel Macron en la COP27 el pasado mes de noviembre, esta cumbre es el resultado de una reunión con Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, en el Caribe. La carismática dirigente de esta micronación lleva varios años trabajando en un ambicioso proyecto basado en la propia experiencia de la isla: dar a los países vulnerables acceso a recursos financieros para responder al calentamiento global. Es un reto que supera a todos los demás, pero que resulta insostenible en el círculo vicioso del endeudamiento. Según la ONG Oxfam, "el 93% de los países más vulnerables a las catástrofes relacionadas con el clima están endeudados o cerca de estarlo. Los países en crisis (...) ya no pueden invertir en servicios públicos o en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo".

Bancos de desarrollo: gastar más y mejor

Es en el tema de la deuda donde la iniciativa de Bridgetown converge con otra agenda: la reforma de las instituciones de Bretton Woods, es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fundados en 1944. Supuestamente destinadas a garantizar la estabilidad macroeconómica, ya no están en sintonía con la realidad y las necesidades globales del nuevo siglo.

Sin embargo, detrás de estas dos instituciones, toda la galaxia de bancos públicos de desarrollo necesita cambiar de cara. "Actualmente, estos bancos están interesados en financiar proyectos concretos -una turbina eólica aquí, una planta fotovoltaica allá- sin tener una visión de conjunto de la transformación global que deberán experimentar los países en desarrollo en el plazo de unas décadas", explica Benoît Leguet, director del Instituto de la Economía por el Clima (I4CE). A partir de ahora, se les pedirá que ayuden a los gobiernos a desarrollar y financiar un marco que ofrezca suficientes incentivos y protección al sector privado para que destinen más fondos a proyectos de lucha contra el cambio climático. Como resume el economista, "tenemos que pasar de un enfoque basado en el volumen -he hecho tantos proyectos climáticos- a un enfoque basado en el impacto -he conseguido desbloquear un marco que permite al sector privado aportar capital".

Gastar mejor, pues. Gastar más también, recapitalizando estos bancos de desarrollo, argumentan las ONG, pero también economistas e investigadores. Sébastien Treyer, director del Instituto del Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), analiza: "Hay que quintuplicar la capacidad de intervención del Banco Mundial y del sistema de bancos de desarrollo en dos o tres años. Se trata de reformas masivas, nada fáciles de decidir. Esto pone de manifiesto la gran tensión que existe entre mostrar voluntad política en este tema y la dificultad de lograr resultados concretos en un espacio de tiempo relativamente corto".

Una cumbre política para restablecer la confianza Norte-Sur

La deuda, las reformas bancarias, el sector privado y la creación de nuevas fuentes de ingresos son los cuatro pilares de esta cumbre de un día y medio, cuyo objetivo, en palabras del Palacio del Elíseo, es "desbloquear las conversaciones" para "crear un impulso político", o incluso "refundar Bretton Woods". El viernes, promete la Presidencia, "habrá una síntesis de todos los compromisos adquiridos" y la publicación de una hoja de ruta con vistas a las próximas citas de 2023, en particular el G20 en India y la COP28 en Dubái. "Esta cumbre, que responde a una necesidad, es esencial pero también extremadamente arriesgada. Porque aparte de hacer una declaración política muy importante, ¿qué más puede producir? Harán falta avances concretos", estima Sébastien Treyer.

En el fondo, esta minicumbre, que aspira a convertirse en un gran acontecimiento, promete "construir un nuevo contrato entre el Norte y el Sur", en palabras de Catherine Colonna, ministra francesa de Asuntos Exteriores. "Cuando se fija un objetivo tan ambicioso, hay que estar a la altura de las expectativas", afirma Cécile Duflot, directora de Oxfam y ex ministra. Sin embargo, prosigue, "las reformas que están sobre la mesa son esencialmente técnicas y, sobre todo, basadas en recursos constantes, por lo que no están a la altura del problema". "La Covid ha aumentado las desigualdades y ha hecho retroceder la lucha contra la pobreza, a veces 30 años en el África subsahariana", pero mientras tanto, señala, "los países ricos han conseguido movilizar 28.000.000 millones de su respuesta a la Covid sólo en 2020".

Sébastien Treyer está de acuerdo: "Encontramos soluciones económicas increíbles para Ucrania, pero cuando países africanos como Ghana o Zambia, que son ejemplos de procesos democráticos en el continente africano y que tenían una trayectoria de despegue económico muy interesante, se encuentran en riesgo de endeudamiento masivo, les pedimos que esperen seis o 18 meses para encontrar una solución. La cooperación internacional corre el riesgo de descarrilarse, entre el Norte y el Sur y, en particular, entre el Oeste y el Sur".

A primera vista, la lista de participantes es impresionante: 39 jefes de Estado o de gobierno, 45 ministros o jefes de delegación y otros tantos responsables de grandes instituciones, entre ellas las principales afectadas por una reforma de los acuerdos de Bretton Woods: Kristalina Georgieva, directora del FMI, Ajay Banga, cuyos primeros pasos al frente del Banco Mundial serán observados, así como Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil y directora del Nuevo Banco de Desarrollo, creado por los Brics y con sede en China, y el sultán Al-Jaber, que preside a la vez la próxima COP28 y la compañía petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos.

Los Estados del Norte no respondieron a la invitación francesa. Joe Biden estará representado por su secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Canadá y Japón, miembros del G7, enviarán ministros. Incluso Narendra Modi, que preside el G20 y coorganiza la cumbre, estará ausente. Varios observadores han señalado el valor de una cumbre informal de este tipo en un momento en que los organismos tradicionales están paralizados por la geopolítica. Sin embargo, con solo seis meses de preparación a sus espaldas, sobre todo diplomática, esta enésima reunión que lleva el sello de Macron corre el riesgo de quedar archivada en la bien surtida estantería de la buena voluntad. "Es la credibilidad de Francia la que está en juego", afirma un responsable de una ONG africana.

Promesas que cumplir

En marcado contraste, 26 de los 39 presidentes y primeros ministros son africanos. Una presencia acorde con la urgencia y la impaciencia. Los países más vulnerables y endeudados siguen esperando la prueba de que el Norte tiene la confianza de ayudarles a prepararse para los azotes del cambio climático. A sus ojos, esta prueba debe plasmarse en el cumplimiento de al menos dos promesas incumplidas.

La primera es la promesa hecha en 2009 en la COP15 de Copenhague, y reafirmada en 2015 en París: aportar 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2020 para ayudar a los países a adaptarse. La suma prometida se ha estancado en 83.000 millones. "2023 debería ser el año en que se reúnan", se ha dicho en el Elíseo para tener paciencia. Así que no es en absoluto seguro que se anuncie en los próximos dos días. Es más, se ha puesto en duda la propia credibilidad de estas cifras, ya que tres cuartas partes de esta cantidad son préstamos y no donaciones. "Esto conduce a un sobreendeudamiento de países que no son responsables del cambio climático", señala Fanny Petitbon, responsable de incidencia política de la ONG Care.

El segundo son otros 100.000 millones de dólares, los Derechos Especiales de Giro (DEG), apodados "moneda del FMI" y sacados para rescatar las arcas en la época de Covid. Pero el sistema de redistribución es manifiestamente desigual, ya que es proporcional a la pertenencia de cada país al FMI. Por ejemplo, de los 650.000 millones de dólares en DEG emitidos en el marco de la pandemia, sólo 33.000 millones se destinaron mecánicamente a África. Para remediar esta debilidad, en 2021, en una cumbre africana celebrada en París, el G20 prometió 100.000 millones de dólares en DEG. De momento, sólo se han recaudado oficialmente 60, pero no se descarta un anuncio para mañana.

Según un informe histórico de economistas presentado en la COP27, los países en desarrollo y menos adelantados necesitarán 2,4 billones de dólares anuales de aquí a 2030 para cumplir sus objetivos medioambientales, de los cuales un billón tendrá que proceder de los países desarrollados. La suma se eleva a cuatro billones, según la OCDE, si se incluye el desarrollo. Para Benoît Leguet, director de I4CE, "el primer criterio de éxito de la cumbre será cuantitativo: cuántos miles de millones se prometerán y en qué forma". Las ONG insisten en que, si se empieza por cumplir las promesas del pasado, estos cientos de miles de millones serán una gota en el océano en comparación con las necesidades reales.

Nuevas herramientas para llenar las arcas

Junto a estas expectativas, de los debates podrían surgir compromisos concretos. Se prevén varios "instrumentos innovadores" -principalmente impuestos-, tanto para crear nuevas fuentes de ingresos públicos como para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

En vísperas de la cumbre, el tema del transporte marítimo parece llevar ventaja. Con un 3% de las emisiones globales, si fuera un Estado, este tráfico internacional sería el séptimo mayor contaminante del planeta. Pero no lo es, y por tanto no está sujeto al Acuerdo de París, que exige a los Estados un esfuerzo. Pero para que un impuesto así vea la luz, será necesario convencer a países reticentes, como Brasil e India, que temen que la medida suponga un freno a las importaciones. Sin embargo, este impuesto está siendo promovido por las Islas Marshall, un archipiélago del Pacífico totalmente dependiente de las importaciones. "Las negociaciones avanzan a buen ritmo. En julio se celebrará una cumbre de la Organización Marítima Internacional en la que podría tomarse una decisión sobre este impuesto que, según cálculos del FMI, podría generar entre 30.000 y 140.000 millones de dólares al año", afirma Fanny Petitbon, de la ONG Care.

También se estudiará la introducción generalizada de una cláusula climática en los contratos bancarios, que permita suspender el pago de la deuda durante cierto tiempo en caso de catástrofe natural. Esta solución está siendo impulsada en particular por Barbados, que ya se beneficia de ella, al igual que otras islas de la subregión caribeña.

"Algo tiene que salir de esta cumbre", reitera Sébastien Treyer, del IDDRI. Si no, la reacción será inmediata. Para obtener fondos o sanear sus deudas, "los países del Sur dicen que mirarán a otra parte. China, por ejemplo, está haciendo mucho más que el FMI en materia de reestructuración de la deuda. Pero esto se hace bilateralmente, no multilateralmente. El riesgo es que China cree las instituciones de Bretton Woods del mañana si no las reformamos". La presencia en París del primer ministro Li Qiang atestigua el interés de Pekín por formar parte de la ecuación global.

Para Cécile Duflot, "los países del Norte han comprendido claramente que están sentados sobre pilares de arcilla. Siempre se puede decir 'así es como siempre ha sido, esas son las reglas', hasta que un cierto número de personas dicen 'sus reglas se están volviendo injustas y son un medio de mantener un sistema desigual'. Es entonces cuando llega esta cumbre".