La paz es la más grande ilusión histórica de la sociedad colombiana, misma que recibió una luz de esperanza con los acuerdos de La Habana, firmados en Cartagena y Bogotá en el segundo semestre del 2016, entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y un sector de representantes de las Farc EP.
Dicha paz corresponde a un paradigma construido en el seno de la Secretaría General de la ONU a iniciativa de Boutros Boutros-Ghali y su equipo de trabajo, avalado por el Consejo de Seguridad y que ha sido caracterizado como un esquema liberal con algunos ribetes neocoloniales, pues muchas veces desconoce las condiciones específicas de las naciones donde se aplica el recetario recomendado por la ONU, que para decirlo con claridad es nuestro caso.
Aun así, el paso dado por el gobierno del expresidente Santos es un hecho de gran impacto en la superación de la inveterada violencia colombiana que sería necio desconocer, como lo hizo el gobierno uribista de Iván Duque (2018), quien dio curso a una estrategia para hacer trizas la paz mediante una política que se nombró como “Paz con legalidad” que en realidad fue un programa para captar los recursos de la cooperación internacional con el fin de canalizarlos en el manejo clientelista de la precaria gobernabilidad de la actual administración.
La “Paz con legalidad” se convirtió en una plataforma violenta que reactivó el conflicto nacional en un tercer ciclo que hasta el momento ha significado el exterminio de miles de líderes sociales, la ejecución de centenares de masacres, el asesinato sistemático de los excombatientes de las Farc que se acogieron de buena fe a los compromisos gubernamentales, el bloqueo de la reforma rural integral, la desviación politiquera de los Pdet, la obstrucción de la democratización política, el sabotaje a la justicia reparativa, la bancarrota de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y el desconocimiento de los enfoques étnicos, territorial y de género en la implementación de los acuerdos de paz.
Como quiera que de las votaciones del 13 de marzo ha surgido un nuevo campo político, con su correspondiente correlación de fuerzas, en el que tendrá una gran incidencia la bancada parlamentaria del Pacto Histórico que lidera el senador Gustavo Petro, integrada por más de 60 parlamentarios, el asunto de la paz y su rescate se convierte en un gran reto hacia el futuro.
Las representaciones parlamentarias de izquierda tienen el deber de animar una gran corriente sociopolítica en defensa de la paz y su recuperación.
El trabajo de la paz, en su componente institucional, debería hacerse a cuatro columnas para que se retome en el próximo plan nacional de desarrollo actualizando el Plan Marco de Implementación[1] ya aprobado, al cual se le dedicaría un capitulo especifico y en los planes de desarrollo territorial; se impulse con proyectos de ley (como los que recientemente ha formulado la ex senadora Victoria Sandino); con Actos legislativos y con decretos ejecutivos que deben, por supuesto, apoyarse en la jurisprudencia acumulada a propósito del propio acuerdo, de la ley de amnistía, del Estatuto de la Oposición, del estado de cosas inconstitucionales decretado recientemente por la CC y de las curules de la paz.
Por supuesto, la construcción de un capítulo especifico de paz en el próximo Plan de Desarrollo va a requerir un protocolo especial de participación ciudadana en su construcción, para sustraerlo del manejo tecnocrático, y ampliar la intervención ciudadana desde lo local; caracterizar las demandas legales y normativas; adoptar unos lineamientos presupuestales y financieros que blinden los recursos de paz en su destinación específica. tal como ocurre con las regalías y el sistema general de participaciones que tienen regulaciones legales muy concretas; establecer unos criterios técnicos para el monitoreo y seguimiento del capítulo de la paz del PND tales como el enfoque territorial, la coordinación y el seguimiento, los niveles nacionales y subnacionales y la articulación con los planes del Acuerdo de Paz con incidencia territorial.
Recuperar y rehacer los acuerdos de paz es un compromiso del Pacto Histórico y de sus legisladores, que demandará un conocimiento detallado de cada uno de los asuntos de la paz, necesitará de la coordinación y de la participación de equipos técnicos comprometidos con la reconciliación y la erradicación de la violencia.
Hay aspectos de urgencia de la paz que requieren del PH una acción inmediata en el campo de los Derechos Humanos para proteger la vida de los excombatientes de las Farc, detener el exterminio de los líderes sociales y frenar las masacres que azotan a las comunidades indígenas y agrarias a consecuencia de la brutalidad del Ejercito como ocurrió recientemente en Puerto Leguizamón. Las garantías establecidas deben materializar de manera prioritaria.
También demandan la mayor diligencia los aspectos agrarios y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.
Por supuesto, el liderazgo político del PH debe enfocar su atención en los escenarios territoriales donde la violencia se ha profundizado como son los casos del Guaviare, el Sur del Meta y el Caquetá, lugares en los que la Operación Artemisa del Ejército se ha convertido en un verdadero martillo que atropella a los campesinos y colonos para favorecer el extractivismo minero y el despojo de los baldíos nacionales; o los casos del Putumayo, Cauca, Choco, Arauca, la Costa Pacífica, el Magdalena y el Catatumbo.
En estos lugares es prioritario convocar audiencias públicas y procesos de veeduría ciudadana para visibilizar las distintas violencias que golpean a las poblaciones más vulnerables ocasionando su desplazamiento y despojo de bienes.
[1] Ver el PMI en el siguiente enlace electrónico recuperado el 18 de abril del 2022 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3932_Anexo%20B_Plan%20Marco%20de%20Implementaci%C3%B3n%20(PMI).pdf
