Cuando las Empresas Municipales de Cali alcanzaron el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado (E.I.C.E), los trabajadores se anotaron un gran logro, pero, sobre todo, ganó la ciudad. Emcali hoy es una empresa robusta con activos por $7 billones, un patrimonio que supera los $4 billones [1] y 700.000 clientes que han aportado de sus bolsillos a través de generaciones para su consolidación. Es por ello que la modificación al Acuerdo 34 de 1999, y en específico, al objeto social de Emcali, propuesta por el alcalde y el gerente Flórez, amerita un análisis riguroso sobre las implicaciones del mismo.
Este proyecto de acuerdo se está discutiendo como una carrera de corta distancia, en sesiones virtuales, con un remedo de participación ciudadana, sin presencia de la academia y de todas las fuerzas vivas de la ciudad. Un debate sobre nada menos que la razón de ser de Emcali en temporada decembrina, es simplemente cerrarle la puerta en la nariz a los usuarios quienes han respaldado a la empresa mediante el pago de sus facturas y permitiendo que sus impuestos vayan a mejorar o a rescatar a nuestra amada empresa.
El argumento central del alcalde y el gerente Flórez para defender el cambio del objeto social es que Emcali debe incursionar en los negocios de aseo, TIC, alumbrado público, generación de energía y gas domiciliario para superar sus dificultades. Todos estos son buenos negocios de los que hoy solo se lucran unos cuantos privados. Ambos arguyen que de la participación en estos depende el futuro de la empresa. Sí y no. Es cierto que si Emcali se vincula a los negocios antes mencionados sería positivo para la empresa y la ciudad, sin embargo, insinuar que las dificultades de Emcali tengan origen en la ausencia de los mismos constituye un engaño. Los problemas de Emcali son consecuencia de décadas de malos manejos, de una intervención del gobierno nacional, de una deuda ilegítima de más de un billón de pesos con la nación, de la tercerización endémica y de diversas formas de corrupción de la cual han participado las sucesivas administraciones de turno. A pesar de los males que aquejan a Emcali los usuarios y los trabajadores de la empresa la hemos mantenido como una empresa multiservicios, con unidad de caja, 100% pública y al servicio de la ciudad, muy a pesar de los anhelos de la clase política tradicional local y nacional.
Dos asuntos están pasando de agache y no los dicen los promotores de la propuesta. El primero es que Emcali difícilmente podrá vincularse directamente a los nuevos negocios, tanto es así que no existe ningún estudio técnico que viabilice la incursión de Emcali, por ejemplo, en la recolección de basuras de la ciudad. ¿Cuánto costaría?, ¿quién lo realizaría, ¿qué beneficios traería? Son preguntas sin respuesta, pues a lo sumo, las empresas municipales se convertirán en un intermediario que subcontrate dichas actividades, como ya sucedió con el alumbrado navideño 2020.
El segundo, es que la reforma al objeto social pretende que Emcali pueda ampliar su radio de acción a actividades que están por fuera de los servicios públicos, tanto es así que en la exposición de motivos del mencionado proyecto de acuerdo reza que “el objeto social de Emcali EICE ESP, actualmente, constituye una camisa de fuerza que impide el aprovechamiento de nuevas oportunidades, traducidas en la posibilidad de prestar una gama de servicios conexos y complementarios a los prestados, además de prestar otras actividades económicas que hoy son claves para una empresa….”. Muchos pensamos distinto. El actual objeto social de Emcali le ha permitido a la empresa desarrollarse, aumentar su capacidad de cobertura e investigar en la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la prestación de Servicios Públicos y esto último no requiere una ampliación de objeto social ni mucho menos representa una talanquera para el desarrollo de la empresa.
¿Qué está en riesgo con la ampliación del objeto social de Emcali a actividades distintas a los servicios públicos?
La inclusión del parágrafo 2 del Artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 y las diversas funciones que se añaden en el artículo 5 del Proyecto de Acuerdo, literales 2,5,6,7,10, contemplan la inclusión de actividades que no son conexas o relacionadas a los servicios públicos. La participación en actividades que estén por fuera del marco normativo de la Ley 142, 143 de 1994, 1341 de 2009 y 1978 de 2019, desdibuja la naturaleza jurídica de las Empresas Municipales establecida con claridad en los artículos 18 y 19 de la Ley 142. Las Empresas de Servicios Públicos (ESP) tienen un objeto social exclusivo relacionado con la función social del estado y el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado lo garantiza, mientras que las nuevas aventuras comerciales pondrían a la empresa a funcionar bajo las reglas del Código de Comercio poniendo en riesgo el patrimonio de los caleños al competir bajo condiciones hostiles y desconocidas ante los grandes monopolios y ante la voracidad del mercado financiero del cual ya ha sido víctima.
Incursionar en negocios como el recaudo de productos financieros o la administración de fondos de entidades financieras [2] son actividades que no tienen relación con la función social de Emcali, las mismas pretendían añadirse hace unos meses a EPM [3] sin que llegase a concretarse. Tampoco es conveniente la apertura de negocios con el agua potable, más aún con el recién abierto mercado de futuros de agua, es impensable privatizar parte del agua potabilizada de la ciudad.
Otro riesgo adicional es que los nuevos negocios que no se circunscriben a la normatividad mencionada escapan a la aprobación del Concejo Municipal y quedan en manos de la junta directiva que depende casi enteramente del alcalde de turno, por tanto, el control ciudadano sobre la empresa, que es de todos, queda en entredicho.
Un debate riguroso, sin afanes y de cara a la ciudadanía podría permitir a Emcali fortalecerse como una Empresa Prestadora de Servicios Públicos que se actualice a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, estas actividades han probado ser una de las maneras más efectivas de intervención estatal en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Constituye un grave error entrar en riesgosos e irresponsables negocios que no responden a los intereses de los caleños. El proyecto de acuerdo podría beneficiar a Emcali, a los ciudadanos y los trabajadores, siempre y cuando se elimine de su articulado la posibilidad de entrar en negocios por fuera de la órbita de los servicios públicos.
[1] Estado de situación financiera separado, 31 de octubre de 2020.
[2] Exposición de motivos del proyecto de Acuerdo 044 de 2020 del concejo municipal de Santiago de Cali.
[3] Artículo de opinión: ¡Requiem por EPM, una ESP exitosa! Juan Diego Vélez, 28 de julio de 2020.
