No deja de sorprendernos Uber con su anuncio de que abandonará el servicio en Colombia a partir de febrero, y digo que el servicio porque con seguridad no se irá del todo. Por lo pronto, nos ha hecho saber que se quedará entablando pleitos judiciales contra el Estado. Todo parece indicar que su presencia en nuestro país ya no será a través de conductores, prestando un servicio de transportes, sino a través de abogados mirando a ver cómo nos meten la mano al bolsillo.
No hay que olvidar que, al fin de cuentas, si el Estado pierde un eventual litigio internacional con Uber, la plata nos tocará pagarla a todos los colombianos.
Es posible que Uber disponga de argumentos para tirar el portazo y optar por la estrategia del litigio basado, como ellos mismos lo exponen, en el TLC con Estados Unidos, pero ello no quiere decir, ni mucho menos, que ese sea el camino correcto. No es correcto ni empresarial ni moralmente.
No es correcto desde el punto de vista empresarial en la medida en que su razón de ser es ganar dinero prestando el servicio de transporte y no litigando contra los Estados, aunque, por su naturaleza de empresa disruptiva, vanguardia en nuevas tecnologías, es claro que deba litigar y enfrentar conflictos sociales y jurídicos en prácticamente todos los países adonde llegue.
Y tampoco es correcto desde la perspectiva moral, en la medida en que dejan tirados a 88.000 conductores y a 2.500.000 usuarios que han confiado en su empresa, sin antes haber agotado todas las instancias, todas las estrategias, todos los esfuerzos.
El argumento básico de la fuga radica en el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el cual los condena por la práctica de la competencia desleal con los taxistas. Fallo que está debidamente apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual resulta inexplicable que partan en desbandada antes de esperar sus determinaciones y antes de insistir en todo el proceso de concertaciones a que pueda llegarse con los distintos protagonistas del conflicto, incluido el gobierno nacional, obviamente.
No quiero que Uber se vaya, no es conveniente para nadie. Para empezar, eso no le sirve a Uber, ni a sus conductores, ni a los ciudadanos, ni al gobierno, ni a los propios taxistas que creen que así se quitan de encima a un competidor duro. Ni mucho menos a la cultura de innovación y nuevas tecnologías que requerimos como nación, que hemos dado en denominar Economía Naranja, y que es el resorte más estratégico y más irrenunciable en este momento de nuestra historia.
Si optan por irse cometen un error tan grande como el que cometieron optando por la estrategia jurídica absurda que los condujo a la derrota ante la SIC.
No sé a qué abogados se les ocurrió meterlos en el laberinto de intentar convencer a la superintendencia de que Uber no es una empresa de transportes sino un empresa exclusivamente tecnológica, y que por lo tanto no les correspondía cumplir con las regulaciones establecidas para todas las empresas de transportes en nuestro país.
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La superintendencia, antes que resolver un problema, lo agravó
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Cuando uno lee el fallo con detenimiento, no tiene más que admitir que la superintendencia actuó en estricto derecho, lo que no quiere decir que su fallo haya sido acertado, en la medida en que antes que resolver un problema, lo agravó.
¿Y cómo es posible que ocurra que un fallo en derecho agrave un problema?
Precisamente es lo que ocurre cuando se intenta darles soluciones jurídicas a los conflictos que son típicamente políticos y sociales.
En este caso, además, por su naturaleza de empresa de nuevas tecnologías, es muy frecuente que ocurra en medio del denominado estrés tecnológico, es decir, cuando se aplican las normas a partir de unas regulaciones que fueron pensadas para otras épocas, que tienden a quedar atrasadas frente a las nuevas realidades, y que son aplicadas por los burócratas como si nada hubiese cambiado.
En una declaración reciente el Dr. Camilo Gómez, jefe de la defensa jurídica del Estado, afirmó que “las medidas que adoptó la superintendencia no son políticas sino jurídicas”, y en eso tiene razón, el fallo fue en derecho, no obstante, en eso también ha estado la falla del gobierno, en haberle dado al caso un tratamiento exclusivamente jurídico cuando en realidad ha debido darle también un manejo de alta política; en no haber sido capaz, hasta ahora, de liderar una solución concertada, política, entre las partes involucradas.
Pero, al margen de que el gobierno haya cometido su error en cuanto a la falta de liderazgo y audacia política se refiere, también es cierto que Uber debería reconocer que su estrategia en el proceso fue más leguleya que jurídica.
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El gobierno falló en darle al caso un tratamiento exclusivamente jurídico excluyendo un manejo de alta política y Uber en que su estrategia fue más leguleya que jurídica
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Eso de salir a decir que ellos no pertenecen al mundo del transporte sino al de las nuevas tecnologías y que, entonces, ninguna de las regulaciones, con sus respectivos costos económicos, que tienen que cumplir y pagar sus competidores, debería afectarlos a ellos, no tiene presentación.
Es tan pueril como si ahora salieran los comerciantes a decir que no van a pagar el IVA de los artículos que vendan a través de la plataforma de Rappi, por el hecho de que Rappi es una plataforma tecnológica.
El argumento se caía de su peso y, claro, perdieron. La superintendencia no se dejó meter los dedos en la boca.
Sin embargo, no se trata de que Uber pierda y se vaya. Se trata de que se quede y pueda trabajar, en armonía y sana competencia con los taxistas, con sus usuarios, con sus conductores, y para eso es clave que cambie su estrategia leguleya y opte por una verdaderamente franca, de concertación, de pedagogía social e institucional sobre lo que son las nuevas tecnologías y sus impactos en las sociedades y en las instituciones.
Las grandes empresas tecnológicas deberían ser las primeras en comprender el estrés tecnológico que causan sus propias innovaciones, y adoptar una disposición ética que debiera conducirlos más hacia ayudarnos a los países a intentar soluciones amigables y a vivir procesos de renovación institucional armónica, que a dejarse arrastrar por abogados que siempre estarán más interesados en facturar en pleitos que en conjurar conflictos.
Hasta ahora, los tres grandes protagonistas del caso han escogido estrategias equivocadas.
El gobierno porque le ha dado largas a los procedimientos judiciales en vez de haber salido a liderar la conversación y la solución política del conflicto.
Uber, en tanto se ha ido por la esgrima de argumentos leguleyos e inviables, más que por una estrategia digna que más allá que legalizarlos, los legitime.
Y los taxistas que han creído que es mejor sacar de la arena a un competidor a punta de garrotazos legales que prepararse para los desafíos que les imponen los usuarios cada vez más exigentes y más conectados con las nuevas tecnologías.
Que los taxistas ni sueñen que han ganado sacando a Uber y arropándose con los laureles de un fallo que no alcanza a ocultar sus constantes atrasos y pecados en el servicio.
Pero el primero que tiene que dar el gran paso de convocatoria y solución es el gobierno de la Economía Naranja. Es preciso que el presidente Duque haga gala de su política de conversación conjugada con la de nuevas tecnologías y muestre su disposición a eliminar una serie de regulaciones que son del pasado y demasiado costosas para todos los empresarios del transporte. Esta es una magnífica oportunidad para mostrar en un hecho concreto que su propuesta es eficaz.
De lo contrario, corremos el riesgo enorme de que el caso Uber termine magullándonos la naranja de la que todos los colombianos tenemos sed.
