En las facultades de Administración enseñan que el riesgo en la toma de decisiones es inversamente proporcional a la cantidad y calidad de la información que se obtenga. Es decir: a más información menos riesgo, y viceversa. Vale la pena aplicarlo a la decisión que ha promovido el gobierno nacional de suspender la cuarentena para algunos sectores y abrir los espacios de las ciudades a quienes integran los renglones de manufactura y construcción en el país.
Entre otras cosas, nos asalta la duda de si la mayoría de la población tendrá certeza sobre las labores que implican los sectores de la construcción y, sobre todo, de manufactura (que en términos amplios va desde las artesanías hasta la tecnología, y más estrictamente se refiere a la producción industrial), y si tendrán la disciplina social para circunscribirse solamente a estos.
No podríamos afirmar que la decisión del presidente sea buena o mala ─eso desafortunadamente lo sabremos solo al final de todo esto ─ sino que la misma carece de información real (porque no se han hecho un número de pruebas de contagiados siquiera aceptable en comparación con el número de habitantes), oportuna (porque los resultados de las pruebas que se hacen tardan demasiado en conocerse), confiable (porque muchas de las pruebas han estado mal procesadas, sobre todo al principio) y completa (porque no se han diseñado o no se han socializado los protocolos a seguir en cada ciudad en cuanto a número, identificación, ubicación, horarios, transporte, áreas a proteger, bioseguridad, seguimiento, sanciones, etc. con respecto de las personas que se integran a estos sectores de la economía).
Se está asumiendo un gran riesgo por falta de información y por actuar de prisa. Es un craso error del presidente tomar una decisión tan trascendental sin tener los suficientes elementos de juicio, así quiera delegar la responsabilidad en los alcaldes. Además, un viejo proverbio enseña que el tiempo suele burlarse de las cosas que se hacen sin su concurso. ¡Que Dios nos tenga de su mano!
Sin embargo, hay que reconocer, de otro lado, que el modelo económico que impera en nuestro país ─de acuerdo al Banco Mundial el segundo más desigual de Latinoamérica y el séptimo del mundo─ obliga a la mayoría a salir a la calle a trabajar o a rebuscarse (legal o ilegalmente) para comer y para que a su vez una minoría pueda ganar más de lo que tienen.
En efecto, somos 48 millones de colombianos de los cuales se ocupan 18 (hasta hace poco, pues no sabemos qué ocurrirá al final). De estos, el 50% (9 millones) lo hacen de manera informal; es decir, no reciben seguridad social, ni cesantías, ni pensión. Además, la gran mayoría de los otros 9 millones reciben un salario mínimo (¿mísero?) que no les alcanza para comer y mucho menos para ahorrar para cuando vengan estos “tiempos difíciles” como los que estanos viviendo hoy. Mientras, el DANE nos dice que el 10 % más rico de la población recibe 65 veces el ingreso del 10 % más pobre. Y la CEPAL afirma que en Colombia el 1% más rico de la población concentra el 20% de los ingresos.
Un ingrediente adicional alrededor de esta decisión es el enfrentamiento público entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, con barras propias de cada lado. Por cierto, a este último le han convenido las largas apariciones diarias en la televisión nacional ─ pues pasó del 26% al 68% de aprobación─ con una herramienta de comunicación propia del castrochavismo. ¡Quién lo creería!
