Palabras del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 68° Periodo de Sesiones Ordinarias
Señor Presidente,
Señor Secretario General,
Señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Distinguidos delegados,
Señoras y señores:
Permítanme romper un poco el protocolo y comenzar esta intervención hablando de una mujer sencilla, de una mujer colombiana llamada María Zabala, que resiste todos los días el peso del dolor en su corazón.
Hace dos décadas, hombres armados pertenecientes a grupos ilegales llegaron a su vereda, situada en el Caribe colombiano, determinados a imponer su ley del terror.
Frente a ella y sus pequeños hijos, asesinaron a su esposo y a otros dos familiares; la obligaron a abandonar su casa, y le prendieron fuego a todo.
A duras penas logró sacar los cadáveres de las cenizas, los enterró allí mismo, y salió huyendo de su parcela, con sus niños, sin una sola pertenencia. Sólo llevaba su tragedia a cuestas.
Hoy María Zabala es una líder valiente e inspiradora: una líder de las víctimas que trabaja por la paz.
Tristemente, en Colombia hay muchos miles de casos más como el de María Zabala.
Se calcula que en estos 50 años han muerto, por causa del conflicto, más de 220 mil personas.
¡Eso es más del doble de las víctimas fatales en la Guerra de Bosnia, en la antigua Yugoslavia, que fue una guerra abierta y despiadada que conmovió al mundo!
Y habría que agregar a los heridos, a los mutilados por las minas antipersona, a los que han sufrido la infamia del secuestro y a los desarraigados de su propia tierra, que pueden sumar unas 5 millones de personas.
Esta es la realidad dura y cruda de un conflicto que, infortunadamente, sigue vigente.
Es el conflicto más viejo y el último del hemisferio occidental.
Colombia –a pesar de esto– ha logrado avances sin precedentes en los últimos años en materia de seguridad, de lucha contra la pobreza y de desempeño económico.
Hemos logrado mucho –¡muchísimo!– en medio de esta confrontación. ¡Cuánto más podríamos hacer sin ella!
Y debo confesar ante ustedes que para mí hubiera sido fácil, como gobernante, seguir avanzando por el camino que llevábamos y dejar sin resolver definitivamente el conflicto. Porque hacer la guerra es más fácil que buscar la paz.
Hubiera sido más fácil, pero no responsable.
Porque seguir conviviendo con el conflicto sería como condenar a millones de personas a muchos más años de violencia, de miedo, de pobreza, de victimización.
No sería responsable ni con América Latina ni con el mundo, que sufren también, de diversas maneras, los efectos del conflicto colombiano.
Y no sería responsable con mi propia conciencia, porque hoy estamos ante la mejor oportunidad –una oportunidad real, tal vez la última– de poner fin al conflicto, y no podría morir tranquilo si no hago todo lo que esté a mi alcance para aprovecharla.
Mi generación no ha conocido un solo día de paz, y mi sueño es que mis hijos y los hijos de todos los colombianos sí puedan conocerlo.
Espero que la guerrilla entienda que llegó el momento de dejar atrás esta confrontación de 50 años; que llegó el momento de cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos; que llegó el momento de continuar su lucha pero en democracia.
Hoy, ante esta Asamblea, los colombianos agradecemos el apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional en el propósito de alcanzar el fin del conflicto por la vía del diálogo, y reivindicamos ante el mundo nuestro derecho a lograr la paz.
Nos cansamos del miedo, nos cansamos de la violencia, nos cansamos de un conflicto que enfrenta a hijos de una misma nación y que frena nuestro desarrollo.
María Zabala es una víctima entre muchas, y todas tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. En eso estamos trabajando en nuestro país.
Mi gobierno promovió el más ambicioso proyecto de ley que se conozca para atender y reparar a las víctimas en medio de un conflicto, una ley que tuve el honor de sancionar en presencia del Secretario General de Naciones Unidas Ban-ki Moon.
Pero nuestra obligación va más allá de la atención a las víctimas del pasado.
Nuestra obligación más urgente hoy es evitar que se produzcan nuevas víctimas; es acabar este conflicto ya, para que el ciclo de violencia y de dolor no se siga repitiendo.
Nosotros lo estamos haciendo siguiendo nuestra tradición democrática y respetando, por supuesto –como siempre lo hemos hecho– nuestro Estado de derecho y nuestras obligaciones internacionales.
Queremos acabar nuestro conflicto sin renunciar a la justicia, ni mucho menos a la verdad y a la reparación de las víctimas.
Y aprovecho para hacer una reflexión en esta Asamblea sobre el papel de las Naciones Unidas y las organizaciones multilaterales frente a nuestro proceso de paz y su eventual implementación.
Es una reflexión pertinente y actual, pues Colombia es tal vez el primer país del planeta en asumir un proceso de esta naturaleza durante la vigencia del Estatuto de Roma, lo que nos convertirá en un modelo para otros casos en que se busque privilegiar el diálogo sobre la solución armada, como debe ser.
Recientemente la antigua Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, señaló que la doctrina internacional no ha sido exitosa en encontrar respuestas prácticas a cómo resolver la tensión real entre paz y justicia en un proceso de negociación.
Recordó la señora Arbour casos paradigmáticos, como los tribunales para Yugoslavia y Ruanda, que han tenido inmensos recursos pero muy pobres resultados.
El tribunal para Ruanda, fundado en 1994, solo ha logrado resolver 40 casos de cerca de 800 mil asesinatos que se cometieron en un año.
Y el de la antigua Yugoslavia, en 20 años, apenas ha resuelto un centenar de casos.
¿Cómo lograr, entonces –al mismo tiempo– la terminación del conflicto armado, el cumplimiento de nuestras obligaciones de investigación y sanción, y la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas?
Estos dilemas hay que enfrentarlos con honestidad y con seriedad, y así lo estamos haciendo en Colombia.
En efecto, adoptamos una estrategia integral de justicia transicional que atiende los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que esperamos nos permita hacer el tránsito a la paz.
Podemos decir que hemos sido pioneros en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto, poniendo en un lugar prioritario la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Porque en mi país nadie quiere –¡nadie quiere!– que la violencia se perpetúe.
Lo que planteamos a la ONU y a la comunidad internacional es que se respete el derecho de Colombia –y de toda nación– de buscar la paz.
Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas, y confiando en que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional.
No podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables para luego no cumplir, pero sí podemos construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas.
Si entendemos la justicia y la lucha contra la impunidad –en una transición– como un conjunto de medidas que satisfagan a las víctimas y no solo como la administración de procesos penales, es posible encontrar una solución integral para todos.
Me refiero a medidas como el esclarecimiento real de lo sucedido, el reconocimiento de responsabilidad, la recuperación de confianza, el acceso a una reparación, o aquellas destinadas a garantizar la no repetición.
De esta manera la justicia se convierte –como debe ser– en un apoyo y no en un obstáculo para la paz.
Y quiero ser claro: NO habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.
Por el contrario, esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado.
No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia.
Lo digo con total convicción.
Es mucho lo que está en juego: ni más ni menos que el fin de un conflicto de medio siglo y la suerte de 47 millones de colombianos.
Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los seis puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita.
Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera, o si reinciden en la guerra.
Desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento definitivo.
Es la hora de las decisiones. Si salimos con las manos vacías, condenaremos a nuestra nación a muchos más años de sangre y de dolor.
¡No podemos perder esta oportunidad! ¡Las futuras generaciones y la historia no nos perdonarían!
Ahora bien, nuestro conflicto –con toda su violencia y su crueldad– ha estado atravesado por una flecha venenosa que lo alimenta y que se alimenta de él: el narcotráfico.
Esta actividad ilícita ha sido la principal fuente de financiación de la violencia y el terrorismo en mi país –y yo diría que en el mundo– en los últimos tiempos.
Sin la influencia nefasta del narcotráfico –que aviva la hoguera de nuestra guerra– estoy seguro de que ésta ya habría terminado.
Por eso hemos incluido en la agenda de discusión con la guerrilla –como un punto específico– el tema de las drogas ilícitas.
Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales, ¡imagínense lo que eso significaría!
Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible que ahora podemos hacer posible, para bien de los colombianos y del mundo entero.
Hace 52 años, aquí, en este mismo recinto, se aprobó la Convención que dio acta de nacimiento a la guerra contra las drogas.
Hoy tenemos que reconocer que esa guerra no se ha ganado.
Y lo digo como el presidente del país que más muertos, más sangre y más sacrificio ha puesto en esta guerra, y también el que más resultados ha obtenido en la lucha contra este flagelo y las mafias que lo sustentan.
Consciente de esto, lideré el año pasado, al presidir la Cumbre de las Américas, una propuesta para debatir y mirar diferentes escenarios en la lucha contra el problema mundial de las drogas, con el fin de evaluar lo que estamos haciendo y buscar la forma de ser más efectivos.
Encomendamos a la Organización de Estados Americanos realizar estudios con expertos, con académicos, con personas que tienen diferentes enfoques sobre cómo afrontar este problema; estudios que nos fueron entregados en mayo.
Los diversos gobiernos los estamos evaluando y deben servir de insumos para la discusión en todas las universidades y centros de pensamiento, y en diferentes escenarios, no sólo de América sino del mundo entero, porque este es un problema global que requiere una solución global.
Por eso –porque es un problema global– esperamos que sus conclusiones se debatan también en el seno de este organismo, de las Naciones Unidas, que ya ha convocado una Sesión Especial sobre las Drogas para el año 2016.
Si obramos unidos frente a la problemática de las drogas, con una visión integral que se aparte de sesgos ideológicos o políticos, ¡cuánto daño y cuánta violencia podemos evitar!
Y no solo hablo de daño a las personas, sino también a la naturaleza, porque el narcotráfico se ha convertido en un depredador mayor de nuestros bosques, en lo que podría catalogarse como un verdadero “ecocidio”.
Colombia está comprometida a fondo con la protección del medio ambiente.
Impulsamos en la Cumbre Ambiental de Rio + 20 la propuesta de establecer unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sean un referente obligado en la agenda de desarrollo de las próximas décadas.
Estos objetivos, en cuyo diseño estamos participando activamente, pueden y deben incorporarse en una agenda visionaria y ambiciosa de desarrollo para todos los países a partir del 2015. Hicimos parte del Panel de Alto Nivel convocado por el Secretario General, y que ya entregó su informe.
Colombia está poniendo mucho de su parte.
Por ejemplo, hace unas semanas duplicamos el área del parque nacional natural más grande de Colombia, el Parque de Chiribiquete, ubicado en el centro mismo de nuestra Amazonia.
Con la decisión que tomamos, estamos declarando reserva natural y preservando de actividades mineras y de deforestación a un área similar a la de Bélgica, y no en cualquier lugar, sino en la zona donde la Amazonia tiene su máxima diversidad biológica y cultural.
Esta misma mañana lanzamos, junto con el Primer Ministro de Noruega y otros cinco países, la iniciativa de la nueva economía climática. Con el apoyo de los más serios institutos de investigación del mundo buscaremos la mejor forma de hacer compatible la eficiencia económica con la preservación del medio ambiente.
Así estamos asumiendo nuestra responsabilidad con el cambio climático –que ya nos ha afectado, y de qué manera–, protegiendo las fuentes de oxígeno y de agua para la subsistencia del planeta.
Y termino con esta declaración:
En mi país estamos trabajando y seguiremos trabajando para que el doloroso caso de María Zabala –y el de millones de víctimas– no se repita más, ¡nunca más! ¡NUNCA MÁS!
Yo aspiro a que el fin del conflicto sea la buena noticia que traiga el Presidente de Colombia en un año a esta asamblea.
Muchas gracias.
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Tanta retórica hace daño, Santos
El Presidente Santos respondió calculando cada palabra al referirse en Nueva York a los ofrecimientos de colaboración que le hiciera el Presidente Mujica. No obstante agradecer la propuesta del territorio uruguayo como posible sede, el primer mandatario colombiano prefirió no adelantar nada sobre diálogos con la guerrilla del ELN. En este tipo de situaciones hay que ser muy prudente. Las decisiones se toman de común acuerdo, afirmó.
Vale creer que para el Presidente Santos esta última frase debe inspirar también los diálogos con las FARC. Las decisiones, los acuerdos, han de ser el producto del consenso. No puede pretenderse estar sentado en una mesa de conversaciones y que sólo lo que una de las partes sostenga merezca atención. Si como lo predica repetidamente Santos, se conversa es con el enemigo, si la paz consiste en tender puentes entre contrarios, los modelos económico y de democracia, verdaderas causas de la confrontación social y armada, necesariamente deben ser modificados.
En las más recientes intervenciones del Presidente Santos, su discurso apunta a señalar con un grave e irresponsable sesgo, que el conflicto armado colombiano, la guerra, esa que ha dado en llamar mula o vaca muerta atravesada en el camino, es atribuible de manera exclusiva a la insurgencia. El terrorismo de Estado, las ejecuciones extrajudiciales, el paramilitarismo, los desplazamientos y demás horrores, según él, sólo son imputables a nosotros. Los intereses norteamericanos, la oligarquía colombiana, sus fuerzas armadas, sus políticas antipopulares y violentas, su corrupción y sus represiones son por completo ajenos e inocentes.
Si bien es cierto que varias generaciones de colombianos no hemos conocido en la vida un solo día de paz, tampoco puede desconocerse que lo peor de la existencia ha correspondido siempre a los sectores más pobres, la inmensa mayoría, y no precisamente a las familias engominadas que durante más de un siglo han manejado el país para beneficio de sectores minoritarios. Que Santos padre o hijo hayan prestado su servicio militar en la Armada o el Ejército, está muy lejos de equipararlos con los humildes colombianos que se juegan la vida en el campo de batalla. Las odiosas distinciones de clase y los privilegios perversos no desaparecen con frases enternecedoras.
El cerrado régimen bipartidista, la violencia salvaje en que echó sus raíces desde la primera parte del siglo pasado, azuzada por familias como los Santos, según sus propias y espontáneas revelaciones recientes, la brutal redistribución de la tierra que se prolonga hasta los albores de esta centuria, las políticas económicas encaminadas a favorecer siempre a banqueros, empresarios, terratenientes y compañías extranjeras al precio del envilecimiento de la vida de los trabajadores y campesinos, la militarización creciente, la criminalización de la lucha social, el vandalismo policial, la conjunción de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo, el exterminio de la Unión Patriótica y lo más granado del movimiento sindical, campesino y popular, la guerra sucia, los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en nombre de la contrainsurgencia, el capitalismo salvaje desatado en el país con la implementación de las políticas neoliberales, para la oligarquía gobernante ninguno de esos fenómenos de la vida colombiana guarda relación alguna con el conflicto armado existente en el país. Así que basta nuestra voluntad para poner fin a todo.
Lo que hemos afirmado las FARC desde el comienzo de las aproximaciones con el actual gobierno, es que para poner fin definitivamente al conflicto es necesario remover todas esas causas reales de la confrontación. Tras un largo proceso denominado Encuentro Exploratorio, firmamos con el gobierno nacional un Acuerdo General que todo el mundo conoce. Cuando lo hicimos, las dos partes coincidimos en que el desarrollo de los puntos de la agenda acordada se cumpliría en el espíritu de las distintas consideraciones que integraron su preámbulo. Sin embargo, nuestros delegados siempre se topan con la actitud gubernamental de considerar que el Acuerdo sólo comprende los puntos de la Agenda, a los cuales además insisten en otorgar tal restricción, que sólo lo que ellos llevan a la Mesa merece considerarse.
Cumplidas así las cosas, y ya lo han explicado ampliamente nuestros voceros, el gobierno nacional insiste en sus imposiciones unilaterales. Ya cuenta con su marco legal para la paz, un modelo de justicia transicional diseñado sin contar para nada con nuestra opinión, el cual además el Presidente Santos promociona hasta en las Naciones Unidas, única fórmula que considera válida para los puntos sobre víctimas y participación política. Ya tiene lista su ley de referendo para refrendar los acuerdos finales. Afirma que una vez desmovilizada, la guerrilla deberá cambiar de bando y sumarse a la política estatal de erradicación de cultivos ilícitos, porque así lo tiene él decidido antes de tratar del tema en los foros respectivos y en la Mesa. Así también la responsabilidad por el conflicto deberá ser asumida toda por nosotros.
Y aparte, presiona con el cuento de que el tiempo y la paciencia de los colombianos se agotan. Las protestas, las marchas y los paros recientes demuestran que eso puede ser cierto, pero no en el sentido que indica el Presidente. Su tal Pacto Nacional por el Agro no pasa de ser otro de sus falsos positivos. Los problemas, la inconformidad y la rebeldía siguen vivas. Lo que se acorta en realidad es el tiempo para definir su candidatura a la reelección, y es evidente su afán en exhibir al país un acuerdo de paz. Pero ni siquiera por ello asume una posición que facilite la concertación. Somos nosotros quienes debemos ceder a sus afanes y firmar cuanto antes lo que él quiere. Vuelve a llamarnos terroristas, se ufana de haber derramado nuestra sangre como nadie en los últimos cincuenta años y exhibe en cada mano la cabeza de un miembro del Secretariado.
Así la cosas, cada gesto nuestro de reconciliación significa debilidad. Haber pasado sobre el cadáver del camarada Alfonso Cano, haber aceptado los dos enviados al primer encuentro cuando no eran los que oficialmente nos habían dicho, hasta nuestra sincera voluntad de firmar una paz digna y justa es interpretada como el producto de la derrota militar. Y qué decir de la propuesta de cese bilateral de fuegos. Y de cada una de las propuestas a la Mesa. Todavía a estas alturas, tres años después de fracasar con su Espada de Honor y su Prosperidad Democrática, y pese a sus manifestaciones de encontrar una salida política, Santos, alucinado, confía en doblegarnos con gruñidos. Estamos muy viejos para eso. La clave está en consensuar, en cambiar para bien esa actitud arrogante y mezquina.
Mientras eso pasa, ante tan grande ofensiva discursiva y mediática contra nosotros y lo que sucede en la Mesa, con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre, he decidido autorizar a nuestros voceros en La Habana la elaboración de un informe al pueblo colombiano. Tenemos una gran responsabilidad ante él, y tanta retórica hace daño, Santos.
Timoleón Jiménez
Jefe del estado mayor de las Farc-Ep
25 de septiembre de 2013.
