El presidente Duque sorprendió al país anoche con una alocución en la que anunció que vetaría 6 artículos de la ley estatutaria de paz y presentaría un proyecto de reforma constitucional para modificar tres de los temas más álgidos del acuerdo en materia de justicia. Les digo que sorprendió, porque hace poco más de un mes el presidente había dicho que no la vetaría, y porque la reforma que anuncio plantea un choque de trenes al proponer una reforma constitucional que básicamente devuelve a revisión asuntos sobre los que la Corte Constitucional ya se había pronunciado.
La alocución, tanto en la forma como en el fondo, muestra un endurecimiento en la posición del presidente Duque, más en línea con su partido y las directrices de Uribe, y representa un espaldarazo al fiscal Martínez.
Como el anuncio plantea temas de tanta profundidad, hoy solo me voy a referir a la inseguridad jurídica que genera el anuncio y a los contenidos de la reforma, en especial, a la extradición y a los delitos de ejecución continuada.
Lo primero que quiero decir es, que ni lo que propone es el fin de la paz, ni es el principio del apocalipsis. En lo personal, algunas de sus propuestas me parecen muy importantes para el país y para el futuro de la transición. Sin embargo, la consecuencia más inmediata del anuncio tiene que ver con la seguridad jurídica: la ley estatutaria, para que cumpliera con la función de ofrecer unas garantías vinculantes para los compromisos, debió estar lista antes de la firma del acuerdo. Sin embargo, no solo quedo en manos de un nuevo gobierno de oposición que ha demorado bastante su trámite, sino que ahora vuelve al Congreso, en donde se decidirá si se aceptan las objeciones y se crearán unas comisiones accidentales para su estudio.
Ese proceso, que va a radicalizar aún más al Congreso, terminara zanjado por los pragmáticos políticos, como Vargas Lleras, que nunca apoyó ni se opuso púbicamente a la paz siendo el vicepresidente de Santos y, a pesar de sus críticas a este gobierno, ha mostrado mucha cercanía con Uribe en estos temas. La bancada de Cambio Radical terminará decidiendo pues el futuro de esas objeciones. A eso hay que sumarle el dispendioso proceso de proponer y llevar a discusión una reforma constitucional que se mete con los temas más álgidos del acuerdo. Esto plantea, tan solo en términos de tiempo, unas demoras extraordinarias que se suman a los obstáculos financieros y procedimentales que han impedido que la JEP avance en forma. La primera consecuencia la veremos esta semana: ni Márquez, ni alias el Paisa comparecerán como estaba previsto alegando falta de garantías. Atentos al comunicado.
Me parece profundamente contradictorio que el presidente
insista en la extradición, y al mismo tiempo,
declare un compromiso inamovible con las víctimas y la verdad
Ahora, me parece profundamente contradictorio que el presidente insista en la extradición, y al mismo tiempo, declare un compromiso inamovible con las víctimas y la verdad. Ahí está intentando matar dos pájaros de un solo tiro: endurecer la política antidrogas para cumplir con lo pactado en Estados Unidos, y quedar bien con el público. Desafortunadamente, los objetivos no son compatibles. O damos la pelea para que los máximos responsables de los peores crímenes cometidos en el marco del conflicto digan la verdad y paguen por lo que han hecho, o los mandan para Estados Unidos. Duque tendrá que decidir cuáles son los intereses que representa, y cuál es el precio que está dispuesto a pagar por su defensa.
Y esto nos lleva a un asunto muy complejo. Me refiero a la reforma constitucional que propondrá llevar a la justicia ordinaria a los responsables de delitos de ejecución continuada. Sin duda, la propuesta está pensada para sacar de la jurisdicción de la JEP a los miembros de las Farc metidos en el narcotráfico y facilitar su extradición, pero lo que no han previsto los asesores del presidente es que igualmente afectaría a militares, policías y políticos de alto nivel involucrados en casos de desaparición forzada, por ejemplo.
A pesar de la amplitud del Decreto Ley 2191 del 78, conocido como la Ley Chilena de Amnistía, y de la extensa inmunidad que le protegía como Senador Vitalicio, ese fue el tema que produjo la solicitud de extradición contra el dictador Augusto Pinochet por parte de España bajo el principio de Jurisdicción Universal. No se olvide que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contempla también la operación de una Comisión de la Verdad cuyas investigaciones podrán ser usadas en juicio, como lo hiciera el fiscal Strassera en Argentina contra la Junta Militar, y cuyas conclusiones son vinculantes para el Estado Colombiano en su integridad.
El mensaje de fondo es que lo propuesto por Duque no debe juzgarse como bueno o malo porque coincide o no con Uribe. Es tal la obsesión con las Farc que se ha olvidado que el sistema está pensado para juzgar a todas las partes comprometidas en el conflicto, y por lo tanto, cualquier cosa que se proponga, afectará a todos los procesados por igual.
