Hay señales de que el nuevo presidente peruano tiene una particular visión en materia de cumplir a cabalidad su juramento preelectoral de mantenerse dentro de los márgenes democráticos: nombra a Guido Bellido como primer ministro, una cuestionada figura por sus declaraciones calificadas de apología del terrorismo e investigadas judicialmente. Bellido, a su vez, utiliza a ronderos como su guardia personal, y es calificado por el periódico La República, entre otros medios e instituciones, de tener "posiciones homofóbicas y machistas". El medio limeño fue más allá: la elección de Bellido manifiesta "la ruptura del compromiso básico de mantener al país lejos de cualquier amenaza extremista".
Apelar a una guardia de ronderos —organizaciones civiles de autodefensa campesina— prescindiendo de la guardia policial legal que le corresponde, según el exministro de Interior, José Pérez Guadalupe, es querer "deslegitimar las instituciones del Estado", acorde a una estrategia coherente de Castillo. Pérez Guadalupe, un sociólogo, católico que se desempeñó como titular del Interior del expresidente Ollanta Humala, se preguntó si no se estaría ante el inicio de la formación de milicias equiparables a las chavistas.
La asociación civil Transparencia lamentó la designación de Bellido, que "produce tensión e incertidumbre", y solicitó al presidente "adoptar las medidas correctivas". El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) cuestiona "restricciones a periodistas para cubrir actividades del Gobierno". En un pronunciamiento, indicó que desde que Castillo asumió la presidencia, "el gobierno ha limitado la cobertura de la prensa en actividades oficiales".
En la primera etapa de la campaña electoral, Castillo propuso un Estado socialista; regulación de los medios de comunicación; otorgar casi 2/3 del presupuesto público para la Educación y estatización de la minería. Ya en campaña por la segunda vuelta, moderó su discurso y se manifestó "en contra de cualquier cosa que vaya contra la democracia". Y, así mismo, aseguró que la propiedad privada no estaría en juego durante su presidencia.
La izquierda moderada del Perú se está preguntando hacia dónde realmente se conduce la administración Castillo, cuando aparecen expresiones misóginas, homofóbicas, antieutanasia y anti despenalización del aborto. O cuando en referencia a los migrantes venezolanos habló de "delincuentes extranjeros".
El pasado 20 de julio, Amnistía Internacional envió una carta a Castillo preocupada por declaraciones de miembros de Perú Libre con las que se verifican "expresiones discriminatorias de miembros de su partido contra la comunidad asiática-peruana". Todos indicios de una izquierda estalinista que, en definitiva, se toca con la extrema derecha. O de una trasnochada reivindicación nacionalista e identitaria.
El gabinete de gobierno lo integró Castillo con personas del partido Perú Libre, del cuestionado Vladimir Cerrón —un político formado en Cuba, con antecedentes de corrupto—, decisión que apunta en el sentido de la polarización. El Partido Morado, de orientación liberal, que integra el expresidente interino Francisco Sagasti, exigió que en el Congreso "no se le dé la confianza al gabinete". El partido derechista Renovación Popular, que cuenta con 16 congresistas, adelantó el jueves 5 de agosto su voluntad de "interpelar ministro por ministro" en el Congreso de la República.
Desaciertos
En contribución a este desencanto, Castillo ha protagonizado otros hechos que no ayudan. El primero de agosto designó al economista y abogado Jack Gary Salazar, excandidato del partido Unión por el Perú, en el Ministerio de Vivienda. Salazar fue despedido ese mismo día por una serie de cuestionamientos. Al día siguiente fue designado para el mismo cargo Geiner Alvarado López, y 24 horas después quedó sin efecto el nombramiento luego de que fuera denunciado por integrar una organización que traficaba resultados de exámenes universitarios.
Entonces, Castillo designo para el mismo puesto a Salatiel Marrufo Alcántara, también investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos desde el 2018, e investigado por el Ministerio Público a raíz de irregularidades que lo vincularían con la mafia del azúcar.
Otra designación complicada que hizo Castillo es la del viceministro de Ordenanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, investigado por la Fiscalía peruana por abrir una cuenta mancomunada para recaudar fondos que fueron derivados al sentenciado por corrupción Cerrón, líder y secretario general de Perú Libre, partido del presidente.
La fiscal anticorrupción, Bonnie Bautista, ha solicitado al Poder Judicial revocar la suspensión de la pena dictada contra Cerrón con la finalidad de que cumpla prisión efectiva. Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, no pudo ser designado vocero del Congreso ante la fuerte resistencia del espectro partidario.
Según el artículo 135 de la Constitución peruana, si el Congreso —donde Castillo cuenta apenas con 37 legisladores en un total de 130 escaños y la segunda bancada es Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, con 24— censura o le niega la confianza a dos Consejos de Ministros, el presidente puede disolver el Congreso, gobernar mediante decretos-ley con carácter urgente y convocar la Asamblea Constituyente.
Economía
Pero, por otra parte, la confirmación de las principales autoridades económicas anunciadas durante la campaña electoral ofrece un crédito a la gestión del maestro presidente que seguirá cobrando el sueldo del magisterio. El flamante ministro de Hacienda, Pedro Francke, dijo el miércoles 4 que "la estabilidad macroeconómica está plenamente asegurada en nuestro país", que son bajas las probabilidades de una inestabilidad macroeconómica en el Perú y que se podrá generar empleos masivamente.
Perú ha tenido, tradicionalmente, un altísimo porcentaje de informalidad de su PEA, y en pandemia esa cifra trepo al 77, 3 %, más de 12 millones de peruanos.
Según la Cepal, el crecimiento de la economía peruana llegará a 9,5 % en el 2021 —5,2% para América Latina— en tanto pronosticó que el PBI del país se expandirá 4,4 % el próximo año. Perú sería el segundo mejor ubicado, detrás de Panamá (12 %) y está precedido por una buena performance: un crecimiento económico notable en la región con casi 5 % en promedio anual desde 2011.
El ministro de Economía agregó que "hace falta revisar las cuentas fiscales y preparar el presupuesto del año 2022, que debe ser entregado al Congreso antes del 30 de agosto".
Francke adelantó que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien lleva 15 años al frente de la institución, seguirá en el cargo, decisión clave para "devolver la tranquilidad a los mercados y mantener la estabilidad política y económica", en opinión de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Enfrentamiento
Castillo fue votado por 8.835.579 de peruanos, pero ese no es el caudal electoral con que cuenta. En primera vuelta obtuvo algo más del 19 % de los votos, y en virtud de la polarización que tiñó la campaña electoral hacia el balotaje, por menos de 45.000 votos llegó a la Casa de Pizarro, que ahora ha dicho será un museo anticolonial.
El fujimorismo se afila las uñas para provocar la caída de Castillo, pero también es cierto que, si bien en la segunda vuelta electoral la candidata procesada por corrupción Keiko Fujimori obtuvo ocho 8.791.521 de votos, de ninguna manera ese es el respaldo real que concita. En primera vuelta había logrado apenas el 13 % del electorado, por lo que su partido quedó lejos de ser mayoría del Parlamento.
Con un Congreso extremadamente fragmentado como el que hoy presenta Perú, es difícil discernir las estrategias de los diferentes sectores parlamentarios en lo inmediato. El centro político debe retomar su protagonismo en Perú a riesgo de que el enfrentamiento entre los extremos hunda al país en una pugna estéril. Y, peor aún, un pésimo ejemplo para una región que ya adolece, en Argentina, Brasil, Colombia y otros países, grietas —de mayor o menor hondura—, pero todas auténticas barreras que impiden el entendimiento social y crispan la gobernanza,
Política exterior
El nuevo canciller peruano, Héctor Béjar, abogado y doctor en sociología, fundador en 1962 del Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero inspirado en la revolución cubana, luego de su detención por colaborar con el dictador Juan Velasco Alvarado (1968–1975), se desmarcó de la línea más obsecuente con el chavismo venezolano.
El lunes 2 de agosto Béjar, sin llegar a calificar a Nicolás Maduro como el dictador que es, sostuvo: "Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela, porque se respeten los derechos sociales de los venezolanos". No obstante, adelantó su idea de reconstituir y modernizar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hoy desmantelada.
Un nombramiento de Castillo en política exterior que parece orientarse hacia la profesionalidad es la de Harold Winston Forsyth Mejía, un diplomático de carrera que ha desempeñado importantes funciones en el servicio exterior peruano y que fuera destituido durante la época de Alberto Fujimori. Fue designado como embajador de Perú ante la OEA.
