Colombia vive con el gobierno Petro, encaminado a una transición energética en su desarrollo, una de las discusiones económicas más extremadas e incomprendidas a que haya lugar.
Sus opositores sin excepción condenan la misma con el argumento, poco elaborado, de que hacerlo es inoficioso dado que Colombia no es un emisor de gases tipo invernadero, y que su atolondrado avance está lejos de ser comprendido por países ricos culpables del calentamiento que continúan recurriendo al carbón y petróleo como fuentes de energía.
Ocultan con ello que la involución obligada en este aspecto asumida por la Unión Europea, modelo en esto de transición energética, provino de una guerra con Rusia que hasta hace muy poco se consideraba poco factible.
Y aunque se precian de que Colombia tiene la mayor biodiversidad del planeta olvidan que esta se encuentra amenazada por la explotación sin cuidado de la minería y los hidrocarburos. Y finalmente no encuentran que este es el único camino para detener la destrucción ecológica que azota a millones de compatriotas debida al calentamiento del planeta.
En cuanto a su reforma tributaria que, a diferencia de los gobiernos anteriores, decidió imponer impuestos a la comercialización de sectores como el del carbón y del petróleo, que hoy gozan de precios altos, con el fin de conseguir recursos para afrontar los desastres que propicia el cambio climático y se niegan a reconocer los países ricos, levanta las alarmas de toda la vieja vocinglería neoliberal que la califican como el preludio de la catástrofe económica del país. Pues su decisión provoca el abandono de la inversión extranjera que representa el 20 % del sector minero y con ello la caída de las exportaciones del país que suman el 40 % de sus ventas.
En toda esta problemática se olvida la premisa fundamental que rodea la valorización del dólar, de la que tampoco el actual gobierno resulta indemne. Alza desproporcionada debida a las decisiones de la Reserva Federal en defensa de la economía gringa, y esta, a la crisis económica mundial generada por la incertidumbre general que muestra el modelo capitalista libertario. Hecho en crisis este último que se niegan a reconocer quienes los tuvieron por dogma hace 34 años.
El caso sirve de un lado para demostrar que una garantía tajante –como la que exigen los turiferarios del sistema– para la continuidad de la explotación de hidrocarburos, si bien serviría para moderar en algo el ascenso del dólar, continuaría golpeando sin misericordia a las clases más pobres agravando la destrucción de sus frágiles entornos como resultado del aumento progresivo del calentamiento terrestre.
Una tragedia humana de millones de compatriotas, que aunque contemporánea con los pedidos ad infinitum de los industriales, no aparece entre las inquietudes de estos, que se limitan en este terreno a que sus inmuebles permanezcan intocados por la naturaleza desbocada.
Y del otro a tener claro que los países ricos no están dispuestos a asumir lo que llaman en las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Fondo de Pérdidas y Daños, una vieja aspiración de los países pobres que surgió desde 1991, hace 22 años, y que apenas en la COP26 de Glasgow tuvo agenda, pero para que las naciones desarrolladas se reafirmaran en su teoría de no asumir costos por los eventos adversos que produjera el calentamiento del planeta.
Una negativa que por el costo inmenso que van adquiriendo los percances difícilmente será tramitada por los autores del desastre, y que dadas las evasivas e incumplimientos que en general van teniendo los acuerdos logrados en estas conferencias mundiales, su incremento en los años futuros y mucho más cuando la temperatura del planeta aumente, se harán incalculables sin que los países subdesarrollados que los sufren tengan de dónde generar los ingresos para al menos paliarlos.
Un panorama horrendo que algunos países pobres, en especial latinoamericanos, y entre estos de manera especial Colombia, han ayudado a crear. Como sucediera en la crucial Cumbre del Clima de Paris -la COP21 de 2015- en la que tras el nombre de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), promovieron la división de las naciones subdesarrollados para decidir temas cruciales de la agenda ecológica mundial. La Ailac se presentó entonces como bloque que buscaba coordinar políticas ambiciosas y progresistas dentro de la Asamblea.
Pero por los resultados que en dicha Cumbre se generaron en favor de las posiciones injustas de los países ricos en asuntos primordiales del Cambio Climático, la Ailac pareció más coordinar los intereses de estos para ayudarlos a eludir responsabilidades inexcusables con el resto del mundo, que impulsar la ambiciosa y progresista tarea de obligarlos a asumir políticas efectivas para detener el calentamiento y sus efectos con base en una verdadera justicia ecológica.
Páginas oscuras escritas por varios gobernantes nuestros contra los más débiles del planeta, que esta vez esperamos, ante la obligada ausencia que decretara la decisión electoral del pueblo colombiano, sea resarcida al menos en parte por el gobierno de Gustavo Petro y la presencia de una delegación de quilates en la COP27 de Egipto, que haga olvidar con sus aportes para una verdadera justicia ecológica mundial la mala memoria que hasta ahora habíamos dejado en estos encuentros.
