Colombia está avanzando en la ruta de la organización de una renta básica incondicional e indefinida que atienda las necesidades de más de 20 millones de personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad debido a sus carencias monetarias y a la falta de empleo y de fuentes de trabajo.
La pandemia del coronavirus que contagio a millones de personas desde los primeros meses de 2020, la crisis social como consecuencia de la desaceleración de la economía y las demandas de miles de personas que agitaron los trapos rojos solicitando apoyos del gobierno y de los empresarios para atender el día a día de la debacle sanitaria y humana colocaron en la agenda pública la renta básica como algo prioritario frente a la desesperación de las familias.
Varios organismos internacionales se pronunciaron para que todos los estados adoptaran medidas de urgencia con el fin de sobrellevar los graves problemas de la coyuntura global derivada de la presencia del covid19 con sus apocalípticas manifestaciones.
Ciertamente, el gobierno del señor Iván Duque se colocó a tono con tal requerimiento y en abril del 2020 expidió el Decreto 518 de 2020 que creó el “Programa Ingreso Solidario” para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Ver https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/normatividad/decreto_518_del_4_de_abril_de_2020.pdf )
Con este decreto, de manera puntual, se establece que el gobierno hará entrega de una transferencia monetaria no condicionada y se crea para el efecto un “Programa Ingreso Solidario”, bajo la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Familias en su Tierra, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA). El ingreso solidario se fijó inicialmente en 160.000 pesos (40 dólares) y su vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2022. Posteriormente su monto se elevó a los 190 mil pesos (50 dólares).
Los hogares escogidos como beneficiarios de dicho ingreso solidario hacen parte de la base de información construida por el Departamento de Planeación Nacional (DNP) que contiene distintos registros administrativos, tendiente a mejorar la identificación de los potenciales beneficiarios de las ayudas y transferencias otorgadas por el Gobierno nacional durante la duración de la crisis sanitaria y social.
Con estos registros el Departamento Nacional de Planeación determinó, mediante acto administrativo, el listado los hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario. Para el efecto, el DNP tiene en cuenta los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad registrados en el Sisbén, y que cumplan con los criterios de ordenamiento de Sisbén, para cual podrá hacer uso de registros y ordenamientos más actualizados de este Sistema no publicados, de acuerdo con lineamientos señalados.
Este programa ha funcionado durante los últimos 24 meses, desembolsando cuotas bimensuales, pero su impacto ha sido mínimo en las situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.
Adicionalmente, los listados organizados están contaminados por interferencias de los políticos y por fraudes para favorecer a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas no obstante ellos ser titulares de ingresos pensionales permanente.
El ingreso solidario no es en estricto sentido una renta básica, es un subsidio ocasional ordenado sin las definiciones de rigor. Como ya hemos señalado una renta básica debe ser más amplia y con impactos efectivos en la superación de la pobreza y vulnerabilidad.
