¿Cuáles son los principales hechos que han rodeado el proyecto, los temores que sustentan su rechazo por parte de los locales y el llamado en favor de la permanencia territorial que debería ser objeto de discusión?
Taganga es un corregimiento contiguo a la bahía de Santa Marta, ubicado entre el Parque Natural Nacional Tayrona y el Parque Distrital Dumbira, y forma parte de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. De tradición pesquera y turística, no solo se caracteriza por su belleza escénica con los parajes propios de la Sierra Nevada y del mar Caribe, sino que en su interior residen comunidades con modos históricos de gestionar el territorio desde lo colectivo.
¿En qué consiste el proyecto?
Alrededor de 2005, la Terminal de Graneles Líquidos del Caribe SAS (Terlica) solicitó licencia ambiental ante el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta –hoy Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (DADSA)– para construir y operar un muelle multipropósito en el sector Punta Voladero. Esta le fue otorgada mediante la Resolución 028 de 2007, modificada por la Resolución 142 de 2010, que amplió el término de la licencia de 5 a 20 años.
En 2011 Terlica le cedió la licencia a la Sociedad Portuaria Las Américas, encargada ya no de construir un atracadero (como se autorizó en 2007) sino un puerto multipropósito destinado al cargue de graneles líquidos e hidrocarburos. Cabe anotar que tanto Terlica como la Sociedad Portuaria están bajo control del grupo DAABON, perteneciente a la familia Dávila Abondano.
Esta familia es reconocida como una de las más poderosas del Magdalena, con varios de sus miembros involucrados en escándalos nacionales como los que tuvieron lugar con el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Además, se les acusa por presuntamente haberse apropiado de tierras despojadas en lugares como El Peñón, sur de Bolívar (Hacienda Las Pavas) en donde se han implementado cultivos de palma de aceite, lo que les ha valido boicot internacionales, como el sucedido con la firma Bodyshop de Reino Unido, que adquiere sus productos. Gran parte de sus actividades se relacionan con el sector agroindustrial: banano de exportación y palma de aceite, de mucho peso en el departamento.
Cuatro años después, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) otorgó la concesión para la construcción, administración y operación de un puerto privado, autorizando la ocupación temporal de zonas marítimas de uso público. Esto fue visto como una oportunidad para el sector palmicultor ante la ausencia de terminales especializados para el manejo de los aceites vegetales, con los costos que ello supone para un sector con crecientes volúmenes de producción y una agenda volcada hacia los mercados internacionales.
Actualmente la producción con destino al exterior es evacuada desde Terlica, que dispone de 13 tanques de almacenamiento operados a través de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Pese a que fue pensado como puerto especializado, en agosto de 2017 la Sociedad Las Américas solicitó la modificación de la licencia, esta vez ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el fin de movilizar hidrocarburos y derivados del petróleo, entre otras sustancias, aparte de los graneles líquidos previstos inicialmente.
Dicha licencia fue concedida a través de la Resolución 00178 del 12 de febrero de 2018, para construir el puerto entre el emisario submarino de aguas servidas de Santa Marta (El Boquerón) y la desembocadura del colector pluvial norte, a 2 km de la playa de Taganga.
Los temores de la población y el impacto ambiental
Lo que algunos sectores vieron como oportunidad para ampliar la oferta exportable que podría salir desde el puerto –el cual contempla un aproximado anual de movilización de 550.000 toneladas– sumado a su ubicación en un sector en el que no se preveían desarrollos urbanísticos, turísticos o náuticos, otros vieron con recelo debido a los antecedentes de este tipo de infraestructuras en la zona, además de los riesgos que representan para la vida marina, junto con las dinámicas socioeconómicas y culturales asociadas.
Estas se darían no solo por las olas generadas por su operación, la cual puede alterar el recorrido de los peces y acabar con los ancones de pesca de la bahía de Taganga –como lo han manifestado pescadores del lugar– sino por la privatización de áreas públicas y los riesgos de derrame de sustancias peligrosas que almacena o podría almacenar Terlica, muchas de los cuales son consideradas altamente inflamables, combustibles o tóxicas.
La Resolución MAVDT 1682 de 2008 menciona que entre los productos almacenados por la empresa se destacan: “aceite de uso agrícola, aceites grasos de origen animal y vegetal, ácido acético, alcohol etílico, orto-xileno, octanol, etilinglicol, etilinglicol monobutileter, cloruro de metileno, metil metacrilato, tetracloroetano, ácido fosfórico, hidróxido de sodio (soda cáustica), óxido de propileno, etilendiamina, etanolamina, ciclohexano, acetato de vinilo, acrilato de butilo y metil metacrilato”.
Cabe anotar que a la empresa se le han comprobado deficiencias al momento de aplicar los planes de contingencia, haciéndola merecedora de sanciones por parte de la autoridad ambiental, como ocurrió tras los derrames del 23 de abril de 2008 (ver Resolución MAVDT 1682 de 2008), cuando se derramaron cerca de 90 toneladas de aceite crudo de palma en el sector del emisario submarino, detrás de Punta de Betín, generando un efecto ecosistémico devastador, al alterar el equilibrio de las comunidades algales y del litoral rocoso que redujo la abundancia de la fauna del lugar, además de la muerte de colonias enteras de corales, de distribución restringida en el Caribe colombiano.
Así mismo afectó la economía y la salud de las comunidades de pescadores, con daños que no han sido resarcidos, según denuncian desde la Veeduría ¡Despierta Taganga!, lo cual ha sido desestimado por directivos de la Sociedad Portuaria.
Esta emergencia estuvo antecedida de hechos similares registrados el 3 de enero y 28 de junio de 2006, cuando se presentó la ruptura de una de las líneas de conducción en los patios de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, además del vertimiento de aguas de lavado en el sector de Playa Boquerón, a lo que se sumaría el derrame interno de 152 toneladas de aceite crudo de palma el 28 de junio de 2007, del que no fue posible recuperar 500 kilos que fueron a parar al mar (ver Resolución MAVDT 1682 de 2008).
A ello habría que añadir otro derrame en agosto de 2008 que llevó al Ministerio de Ambiente a imponer medidas preventivas a través de la Resolución 1482 de 2008, considerando el amplio radio de afectación que comprometió las playas de Taganga, Playa Grande, Playa Vaca, Sisihuaca, El Remansito, Playita Linda, Playa de Pescaito y Playa Petaca.
Esto corrobora la incidencia de la hidrodinámica del lugar, la cual lleva a anticipar la afectación de Taganga de presentarse otro derrame, como ya ha sucedido.
De otra parte, existen denuncias sobre la forma en que se ha adelantado la socialización del proyecto con personas a las que no se les reconocen roles de liderazgo a nivel local, en un contexto de presuntas restricciones al momento de pescar sin que se ofrezcan alternativas a quienes viven de la actividad, acompañadas de la demolición de sus viviendas, el aumento en el costo de los servicios públicos, junto con la estigmatización de quienes se oponen al puerto al sindicarlos como parte del “cartel de Taganga”.
Esta polarización explica, a su vez, las movilizaciones que han tenido lugar –por ejemplo– en diciembre de 2016, abril y mayo de 2017, y las de agosto del año en curso, las cuales demuestran ausencia de legitimidad social del proyecto que fue –precisamente– uno de los prerrequisitos de la ANLA para otorgar la licencia ambiental.
La permanencia en un territorio ambicionado
Con el otorgamiento de la licencia ambiental, la ANLA consideró cumplidos los requisitos en un proceso concebido desde lo administrativo; sin embargo quedan en el aire las limitaciones al momento de evaluar los riesgos, además de la ausencia de legitimidad social y las deficiencias en materia de participación al no considerar –por ejemplo– la aplicación de la Consulta Previa, teniendo en cuenta que el proyecto se ubica en la Línea Negra (territorio ancestral de los 4 pueblos de la Sierra Nevada).
Esto supone un desconocimiento de la población indígena, cuyos territorios van más allá de los lugares en los que se encuentran asentados, para comprender –en similar proporción– aquellos en los que residen los espíritus de la naturaleza, al decir de un líder Wiwa.
Ciertamente, el que los lugares no se encuentren habitados, no significa que los impactos generados allí no afecten a los territorios aledaños en su dimensión biofísica, cultural y productiva, por lo que avalar estas intervenciones basándose en este criterio resulta inconveniente, al omitir las interrelaciones existentes entre las partes constitutivas de un territorio específico.
De ahí que cobren importancia escenarios como los que se abren con la actualización del POT de Santa Marta, en los que urge abrir espacios para que las comunidades locales manifiesten su voz frente al futuro de sus territorios, haciendo necesaria la visibilización de las problemáticas y expectativas locales como parte central de la gestión territorial.
*Publicado originalmente por: Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
