Desde hace un año se prendieron las alarmas por la megaobra del Puente Pumarejo. Así se lo hizo saber el interventor, Gustavo Bejarano Chalá, en mayo del año pasado a Invías. Él advertía grietas en el concreto y problemas en la estructura de los pilotes de la obra insignia para los barranquilleros. Ahora, la lupa está puesta en el consorcio SES, del que forma parte la española Sacyr en un 70 %. El incumplimiento es preocupante en una obra con un valor de $ 614.9 mil millones y que presenta retrasos y por lo tanto costos asociados, que le han significado Sacyr tres procesos sancionatorios con multas de apremio. Como están las cosas, la promesa del presidente Santos de podérsela a entregar a los barranquilleros durante su mandato se verá frustrada porque la fecha proyectada es junio de 2019, con nuevo presidente abordo.
Desde noviembre del año pasado está por resolverse en Invias una multa solicitada por el interventor para sancionar este comportamiento, pero que extrañamente no avanza. Lo anterior, al igual que en las otras entidades del estado que deben también tomar decisiones sancionatorias por incumplimientos en las entregas de obras de SACYR. Ya se le impuso una multa de $ 11.000 millones en el contrato de la concesión del corredor vial Puerta de Hierro-Cruz del Viso cerca de Cartagena. La estrategia de los españoles de dilatar y no responder parece estar llegando al límite y los problemas están a punto de explotarle.
La empresa Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos (SACYR) fue creada a mediados de los 80 por cuatro ingenieros, Luis del Rivero y José Manuel Loureda Manuel Manrique, el actual presidente Manuel Manrique, y Felix Riezu. Su entrada a Colombia fue en 1997 de la mano de la Concesionaria del Magdalena Medio (Commsa), que agrupaba a la también española ACS y a otras cuatro firmas colombianas y que terminó con un millonario pleito por incumplimiento y reclamaciones que se resolvieron con una conciliación en donde Commsa tuvo que reconocerle al gobierno colombiano los USD $ 77 millones que había entregado como anticipo. Invías, por su parte, renunció a su derecho de cobrar multas por la caducidad del contrato, las cuales ascendían a los USD 137 millones.
La historia de Sacyr es el fiel reflejo de los vaivenes de la economía española. Como tantas compañías en 2007, erráticamente se tomaron confianza y se sobre endeudaron; la constructora con una agresiva política de compras superó los 21 mil millones en préstamo en euros cuando la facturación llegaba solo a los 5.000 millones anuales. En sus días de gloría Sacyr aspiró a controlar el BBVA y Repsol, falló con el BBVA, pero sigue siendo el segundo accionista de la petrolera española, a costa de capitalizaciones que han puesto en aprietos financieros a la empresa. Luis de Rivero su expresidente fue destituido por su vinculación al caso “Bárcenas”, donde Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (PP) confesará que recibió 200.000 euros de Sacyr a cambio del contrato de basuras en Toledo por diez años que obtuvo una filial de Sacyr, recursos que terminaron en la campaña de María Dolores de Cospedal, actual Ministra de Defensa de Mariano Rajoy para la presidencia de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En abril de 2014, se descubrieron cuentas en un banco suizo donde Luis de Rivero y otros, habrían recibido sobornos para que el PP controlara las comunidades de Madrid y Valencia, ambas enredadas con corrupción.
En esta megaobra de Sacyr en Latinoamérica la española también falló y los panameños terminaron enfrascados en un complicado pleito
El lío mayor de Sacyr ha sido la ampliación del canal de Panamá, el cual luego de una inauguración con bombos y platillos en junio de 2016, no ha salido de los estrados judiciales. En 2009 Sacyr lideró el Consorcio Grupo Unidos por el Canal – GUPC (con un 41.6%) con que el que ganó el proyecto, con la fórmula conocida: ofertar por la baja para luego reclamar ajustes y compensaciones. GUPC demandó al gobierno panameño por USD 3.720 millones de sobrecostos en la construcción, en los que se incluyen USD 1.200 millones de un reclamo por “interferencia” y otros USD 450 millones por daño a su imagen, reclamaciones que la Autoridad del Canal de Panamá no ha reconocido por falta de sustento y que GUPC liderado por Sacyr elevó al Tribunal de Arbitraje de Miami brincandose la Junta de Resolución de Conflictos, como estipulaba el protocolo. Panamá a su vez reclama ante las cortes inglesas las cartas de crédito sobre las garantías dadas, tema que solo se resolverá en el 2022.
A finales del año pasado Sacyr exportó de Panamá, con todas sus mañas, al ingeniero industrial José Peláez, para asumir la dirección de las cinco obras con una inversión de 2000 millones de euros, en las que tiene participación en Colombia, la cual pesa en el escenario de crisis español.
Además del emblemático Puente Pumarejo en Barranquilla, Sacyr tiene otros contratos con problemas a través del Fondo de Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En el Fondo de Adaptación le fue adjudicado en febrero de 2014, con un plazo de 33 meses la construcción de tres puentes en la vía Bucaramanga-Málaga por valor de $ 81.545 millones, para agosto del año pasado llevaba apenas el 30 %. En diciembre, el Gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá Durán firmó un nuevo otrosí al contrato, no sin antes indicar que “Sacyr no es una empresa fácil”. El contrato con un valor final de $ 100 mil millones será entregado a mitad de 2018 luego de 42 meses.
Iván Mustafá, gerente del fondo de adaptación, deberá lograr que el Presidente de Sacyr en Colombia, José Peláez, responda por los puentes en la vía Bucaramanga-Malaga.
El principal problema de Sacyr en el país es a través de Sacyr Concesiones 4G, empresa a la cual, bajo la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María, se le asignó en julio de 2015 la reforma y ampliación de la autopista entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso. Nuevamente ganaron con la propuesta de menor valor: USD 275 millones para 202 kilómetros para una concesión a 25 años, sobre la que ya pesan por cinco incumplimientos y $ 11.000 millones en multas.
El primer obstáculo que plantearon fue por la supuesta existencia de unas “arcillas expansivas” por las que Sacyr planteó la primera reclamación. La ANI se defendió advirtiendo que esta condición geológica estaba descrita desde un comienzo en el pliego licitatorio. Sacyr inició la controversia jurídica solicitando la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad que terminó a favor del Estado colombiano a través de la figura arbitral del “Amigable Componedor”. Sacyr contraatacó con una demanda ante el Tribunal de Arbitramento "en la que pretende la declaratoria de nulidad de la decisión del Amigable Componedor'" y ha hablado con llevar el caso a los estrados internacionales ante la amenaza de caducidad del contrato, decisión que está en manos del presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. El contrato de concesión presenta ya un atraso de más de nueve meses.
De ser declarada la caducidad Sacyr quedaría impedido para participar en nuevas licitaciones y tendría que ceder todos los demás proyectos viales en que está vinculada en el país: la doble calzada Pasto-Rumichaca; la autopista Mar 1, uno de los proyectos más esperados en Antioquia, que cubre la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas que inició trabajos en febrero de 2017; dos tramos del corredor de la doble calzada Buenaventura-Loboguerrero comprendido entre Altos de Zaragoza y Cisneros; y el corredor Cúcuta-Pamplona que le fue asignado en abril de este año, ya con problemas en la ANI.
Todas las obras en que está vinculada la española Sacyr son cruciales para el plan vial del país y no se entiende cómo esta problemática constructora española se ha colado como un jugador mayor a sabiendas de las triquiñuelas que hay detrás de la fórmula que viene repitiendo desde su aterrizaje en Colombia hace ya veinte años, que le ha resultado rentable para su bolsillo, pero inconveniente para el país.
