Se catapultó la inseguridad en todo el país. La inseguridad que generan las guerrillas, ya no es la más grave, en proporción de crímenes cometidos. La delincuencia común y organizada se tomó la nación. Las respuestas y actitud del gobierno, ante la magnitud del desafío, no corresponden a lo que se requiere. Parece que el gobierno y el establecimiento, no entienden la gravedad del problema y quisieran soslayarlo o minimizarlo.
Hay más de 1.7 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles. Por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 6 habitantes, sin control efectivo, por parte del gobierno. Pero el gobierno y el negocio militar se niegan al desarme de civiles. ¿Para relativizar la responsabilidad estatal, frente a la criminalidad e inseguridad?
El gobierno es el responsable de la inseguridad ciudadana. Por mantener el modelo socioeconómico y la estructura de poder que lo sustenta, no actúa como le corresponde.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97 %. Estadísticas verificables, ubica a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad e inseguridad ciudadana, en el planeta, mientras sostiene el gasto militar más alto, en términos del PIB (mayor al 6 %). Esto es aberrante.
Colombia gasta más de $100 000 millones diarios en su aparato militar, policial y de inteligencia, sin incluir inversiones en equipamiento y crecimiento de pie de fuerza, pago de recompensas a delatores y hasta a aliados criminales, en no pocos casos. Más del 12 % del presupuesto de 2021. ¿Es el costo de no garantizar la inseguridad?
¿Qué porcentaje de la población, es consciente o no conoce las cifras y los hechos, de la inseguridad e irresponsabilidad de los gobiernos?
El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general, es cósmico. Requiere de decisiones concretas, normas legales y procedimientos permanentes eficaces y de quién las haga cumplir. Exige cortar privilegios rentísticos, politiqueros y de conveniencia de los usufructuarios del poder. Es el meollo del problema y por eso no hay solución.
Pero, sobre todo, se requiere que el régimen que gobierna, crea y actúe consciente y responsablemente. Que crea en los efectos del desempleo, la marginalidad, la pésima educación. Esos son el caldo de cultivo de todo lo que se relaciona con la inseguridad de los ciudadanos.
Con la estructura de poder y legal del régimen, es imposible garantizar seguridad y justicia.
No hay seguridad, donde centenares de ciudadanos son víctimas del atraco, el raponazo, el fleteo, la extorsión y el chantaje y desaparición. Donde hay más de cinco mil niños que mueren anualmente por desnutrición o enfermedades asociadas y más de 40 % de la población, padece algún nivel de desnutrición y limitaciones al acceso a la salud y más del 60 % sufre la informalidad y el desempleo.
No hay seguridad donde los organismos del Estado, cuya función es la seguridad ciudadana, recurren al crimen, para mostrar resultados y donde la misma autoridad puede ser perseguida por organismos del Estado, bajo el ropaje de acciones de inteligencia y contrainteligencia y donde la brecha entre pobres y ricos es cada día más amplia y se concentra más la riqueza, cada día.
La mezquindad, el egoísmo, la irresponsabilidad social y la codicia de los usufructuarios del poder y de la riqueza, engendraron el caos en que zozobra Colombia, bajo los auspicios de la indignidad de la política, la corrupción y la inmoralidad.
Esta es Colombia, huérfana de dirección política y de honestidad. Víctima del engaño secular, de políticos y dueños del poder político y económico.
Estamos ad portas de un nuevo festín electoral. El elector será responsable de que la nación continúe gobernada por los mismos y con los mismos resultados, traducidos en atraso, inequidad, engaño, pobreza, desempleo, miseria, inseguridad y corrupción.
Todo ciudadano tiene legítimo derecho a tener una vida digna. Bajo los parámetros de inequidad socioeconómica endémica que padecen las mayorías colombianas, no hay ni habrá condiciones de disponer de una vida digna.
Debemos aprovecha la próxima contienda electoral, para castigar a quienes fueron delegados por el pueblo, para ejercer el poder público, en diferentes instancias y se negaron a responder con dignidad y responsabilidad.
Ese debe ser el mayor desafío del elector en las próximas elecciones. Con las dimensiones que ha alcanzado la inseguridad ciudadana, la criminalidad y la pobreza, en Colombia, están dadas las condiciones para declarar Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana. Esa decisión y medida, permite adoptar procedimientos legales, para para prohibir el porte de todo tipo de armas y garantizar la detención, judicialización y penalización de todo tipo de criminal y de jueces y litigantes irresponsables, que protegen delincuentes y garantizan impunidad. Son decisiones aplicables que el gobierno evita, para favorecer cálculos mezquinos.
El elector solamente debe votar por quien se comprometa a declarar la Emergencia Nacional por la Inseguridad Ciudadana. Ese gobernante debe comprometerse a reestructurar el código penal y de procedimiento penal. El sistema penal y procedimental vigentes, son laxos, permisivos y absolutamente inadecuados, frente a la gravedad de la problemática criminal nacional.
Todo acto criminal, contra todo lo que signifique inseguridad ciudadana, debe ser penalizado con mínimo tres años de cárcel intramural inconmutable y más, según los antecedentes. La problemática criminal nacional, no se resuelve con paños de agua tibia. Se requiere autoridad, en el amplio sentido de la palabra.
