Puentes, señales de tránsito, vías peatonales y en general el mobiliario del espacio público es invadido indiscriminadamente, por estos días, por publicidad política. ¿Cuál es el verdadero compromiso con el ambiente de los aspirantes que buscan llegar a los cargos de elección popular?
Que “Colombia posee la democracia más antigua de América Latina” es una de esas afirmaciones que hemos oído decir en algún momento de nuestra vida. Aunque muchos la desvirtúan, si en América Latina se impusiera un termómetro para medir el grado de democracia por el volumen de contaminación visual y basura que se produce en época de campañas electorales, ésta afirmación, seguramente, no tendría duda.
En un momento en que los medios de comunicación y en las redes sociales se habla de cambio climático, páramos, humedales, recurso hídrico y del medioambiente en general, son escasas las propuestas concretas de los diferentes candidatos sobre estos temas, pero sobreabunda la publicidad política en postes, puentes, muros y vías.
Este desbordamiento de la publicidad democrática, es un festival de colores, nombres y números que invitan a votar por la mejor opción, pero que a la luz de los hechos termina siendo un indicador del compromiso ambiental de los candidatos.
En Colombia existe un marco legal sobre la publicidad exterior visual en materia de publicidad política que regula la forma, característica, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral, con el fin de garantizar el acceso equitativo a la utilización de estos medios, en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética.
En resumen, no se puede instalar publicidad política en vías principales y metropolitanas, en postes de redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas, estructuras del Estado, zonas históricas, edificios, sedes de entidades públicas, embajadas, áreas de reserva natural, y en lugares donde se obstaculice el tránsito peatonal. Sin embargo, solo en Bogotá la Secretaría Distrital de Ambiente informó que a finales de enero ya había tenido que desmontar más de 2.900 afiches que estaban instalados sin cumplir con los requisitos establecidos.
La propaganda electoral genera una considerable cantidad de residuos sólidos a los que desafortunadamente no siempre se les da un manejo adecuado y genera serias afectaciones al ambiente, como contaminación del aire, el agua y el suelo, además de la contaminación visual, lo que repercute indudablemente en la salud y calidad de vida.
Los candidatos y sus equipos de trabajo al diseñar e implementar las campañas, deben acatar tanto las normas nacionales como las disposiciones de las diferentes autoridades municipales competentes para la regulación de la publicidad política.
La responsabilidad que recae en los movimientos y partidos políticos no sólo se limita a que haya un marco legal vigente y restrictivo, además debe atender a la cada vez mayor demanda de la sociedad para que los candidatos desarrollen una mayor conciencia, responsabilidad e interés en cumplir con dicha normatividad, que resulta ser un indicador, para esa sociedad, del compromiso ambiental del candidato.
Lo que sí podría medir el “termómetro democrático”, de la actual contienda electoral, es el grado real de compromiso ambiental de los candidatos. Es hora de pasar del discurso al hecho.
Director Ejecutivo de ASOCARS*
*Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
