El partido socialista PSOE y la formación independentista catalana Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, firmaron este jueves 9 de noviembre en Bruselas un acuerdo para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, que incluye una futura amnistía para los independentistas procesados por la Justicia. El texto resalta que con el acuerdo se abre "una nueva etapa" para el país ibérico.
Los independentistas plantean además un referéndum de autodeterminación para la región española de Cataluña, según un documento difundido por los socialistas, "Acuerdo PSOE-Junts".
El acuerdo es clave para que el socialista Pedro Sánchez pueda ser investido presidente para otros cuatro años en España.
El pacto lo rubricaron el "número tres" de los socialistas, su secretario de Organización Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
El PSOE aseguró además que el acuerdo con Junts es para la legislatura y no solo para la investidura.
Los negociadores de Junts y el PSOE cerraron el acuerdo en las últimas horas después de unos días de intensificación de los contactos, con múltiples intercambios de documentos para pulir el redactado de la ley de amnistía y evitar que sus posibles beneficiarios puedan verse afectados por interpretaciones restrictivas.
La ley de amnistía, el corazón del histórico acuerdo
Una ley de amnistía que tendrá que registrarse en los próximos días en el Parlamento español para su tramitación, antes del debate de investidura de Pedro Sánchez, que se espera para la semana que viene.
El "número tres" del PSOE dijo en Bruselas que el acuerdo para una futura amnistía no incluye "nombres" y cubre personas relacionadas "directa o indirectamente" con el proceso independentista en Cataluña "entre 2012 y 2023".
El expresidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras la declaración unilateral de independencia de 2017 y que ha dirigido la negociación por parte de Junts en Bruselas, había exigido que la amnistía se aplicara a estos casos que implican "un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes".
Sobre la consulta, el documento señala que se basaría en el artículo de la Constitución española que establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
