En dias pasados la comunidad wayuu del Departamento de la Guajira y la misma sociedad civil “alijuna” se enteraron con indignación más que con sorpresa que el gobernador Nemesio Roys Garzón había solicitado al gobierno nacional la instalación de una guarnición militar para “proteger” los proyectos de energía eólica que comienzan a desarrollarse en el denominado Resguardo de la Alta y Media Guajira.
La transición energética o la descarbonización de la economía tiene en La Guajira las mejores potenciales cifras para avanzar en ese camino. Los valores promedios de vientos y de horas-sol por año están entre los mas elevados del mundo y por ello es posible asegurar que esa transición tiene obligatoriamente que pasar por la península de la Guajira. Lo que no puede permitirse es que ese proceso se dé arrasando las culturas nativas, desconociendo derechos y violentando normas nacionales e internacionales que protegen a estas comunidades.
El gobernador propone que se instale una guarnición militar para proteger el capital extranjero y al gobierno nacional parece que le gusta la idea. Por eso ya se habla de “invertir” 3000 millones de pesos provenientes de fondos nacionales y 2000 millones de fondos departamentales para concretar la idea. Y a eso se añade la donación del gobierno de Estados Unidos de 20 tanques de guerra para ejercer “soberanía” desde la frontera penínsular. Todo para intimidar a la población nativa que reclama como mínimo su derecho a una consulta previa libre de amenazas y de condicionamientos.
Al gobernador le interesa más que se ejecuten los proyectos en el territorio antes que la vida y los derechos de la gente allí asentada. Con razón desde que se hizo pública la Sentencia T-302 de 2017 que declaró un estado de cosas inconstitucionales en los municipios de Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, no se han visto las acciones del Departamento de la Guajira apuntando a las soluciones. Parece que poco le importa el destino de su gente, la que en últimas, fue la que lo eligió.
Se le olvida al gobierno de turno que el territorio tiene dueño y está habitado por la comunidad Wayuu. Pero fiel a su ideología neoliberal se pone del lado del gran capital para asegurar sus inversiones. No importa si se arrasa con la constitución y las leyes.
Ni el gobierno nacional ni el departamental le hacen un acompañamiento serio a las comunidades para que concierten con las multinacionales el uso y explotación del territorio; pretenden que la comunidad simplemente diga que si a las propuestas sin el conocimiento claro de las afectaciones a su entorno vital.
Y lo que debe ser absolutamente claro es que los habitantes del territorio también tienen derecho a decir que no. Si ellos consideran que las afectaciones a su territorio, a su vida y a sus costumbres son superiores a las migajas que les ofrecen, tienen todo el derecho a decir que no.
Pareciera que el requerimiento de militares para la “protección” multinacional, fuera más bien para intimidar a la comunidad wayuu, para que los proyectos eólicos se ejecuten quieran o no los habitantes del territorio. Para que digan que sí y pueda expedirse la licencia ambiental que de vía libre a cada proyecto. Para que digan que sí y reciban en contraprestación dos viveros y un jaguey. El gobierno le apunta a la confrontación en lugar de propender por la concertación adecuada.
Concertación entre los dueños del territorio y sus recursos como sol y viento, y los que van a hacer negocio con esos recursos. Los fusiles buscan, como mínimo, amedrentar al más débil, y ya sabemos en esta ecuación quien es el débil.
El gobernador Nemesio nunca ha pensado en fortalecer las capacidades negociadoras de su gente y en la ilustración detallada de los impactos sobre la vida y costumbres de los habitantes del territorio. Si lo hubiera hecho, otras serían las propuestas.
Desconoce el gobernante el Sistema Normativo Wayuu fundamentado en el palabrero. Desconoce que ese sistema normativo tiene un conjunto de principios, procedimientos y ritos que regulan la conducta social y espiritual de los miembros de la comunidad.
Desconoce también que por muy difíciles que sean los problemas, para los wayuu siempre existe la posibilidad de resolverlos mediante un diálogo amplio. Ese mismo diálogo que el gobernante prefiere cambiar por la intimidación con fusiles.
Debe recordar Nemesio todo lo que dice la Constitución Política, la misma Ley 21 de 1991 y los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional acerca de la autonomía de los pueblos indígenas y del instrumento de la consulta previa. El Estado tiene el deber de consultar a los indígenas antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos en forma directa.
La consulta previa tiene por objeto asegurar la efectividad y la concreción de los derechos fundamentales a la integridad cultural, social y económica de la comunidad indígena y su subsistencia como grupo social. Y esto lo dice la Corte Constitucional, nada menos.
La comunidad wayuu exige respeto a su autonomía y este respeto debe traducirse en el goce de los derechos que le asisten. Antes que intimidarlos hay que darles herramientas para que concierten su futuro en igualdad de condiciones con el capital que llega.
Los Wayuu le dan mas importancia a la palabra y por eso no les hace gracia la intimidación con fusiles.
