Es un hecho que la población que trabaja sexualmente ha sufrido de algún tipo de violencia en su vida laboral. Es un hecho indiscutible y no se puede negar. El asunto que se discute es como combatir esta violencia y el abuso al que se está expuesto. Otro punto que no se puede discutir y en el que hay un consenso generalizado es que quien ejerza este trabajo en contra de su voluntad, sin duda alguna es víctima de trata de personas.
La propuesta de la senadora Clara Rojas retoma el modelo sueco implementado desde finales de los noventa en la que se castiga al cliente que solicita servicios sexuales y resulta una propuesta seductora. Reaviva un ideal de protección moral de la sociedad (la idea del sexo recreativo y no el reproductivo genera aun escozor) y también reproduce la idea en la cual las mujeres necesitan ser salvadas, son víctimas a pesar que piensen lo contrario (aunque es importante recordar que también existe el trabajo sexual masculino). Además, es una solución eficiente a la problemática que hasta parece fácil: se castiga al consumidor, se reduce la demanda y por consiguiente la oferta.
Desafortunadamente, las soluciones a los problemas que vive esta población son un poco más complejos.
En primer lugar, no somos Suecia (ni tenemos su Estado de bienestar) y tampoco algo cercano a algún país europeo así que debemos mirar un poco más nuestra propia realidad. Por otra parte, en las últimas décadas el comercio sexual se ha diversificado exponencialmente así que con el proyecto de ley sólo penaliza a un sector reducido de la oferta de la gran industria del sexo.
El sector poblacional al que apunta el proyecto de Ley perjudicaría a quienes han decidido ejercer este trabajo voluntariamente y prestan sus servicios en lugares hoy visibles, generalmente en las calles y en establecimientos como burdeles, hostales y residencias. Justamente la población con mayores desventajas sociales.
Si se quiere desde el Estado ofrecer alguna solución a esta población, deberíamos partir por pensar en los procesos de desigualdad social que llevan a que las poblaciones más desfavorecidas tengan trabajos precarizados. No dudo que muchas personas elijan el trabajo sexual por necesidad, pero seamos honestos: ¿quién no trabaja en nuestra sociedad por necesidad? Pocos son los privilegiados que trabajan por gusto, como lo dice la feminista mexicana Marta Lamas, las trabajadoras sexuales elijen su trabajo entre “el menor de los males”. Aunque igual respeto merece quien trabaja sexualmente por total satisfacción.
Por otra parte, castigar a los clientes favorece formas más sofisticadas de oferta de comercio sexual en el que pierde autonomía quien trabaje sexualmente, generalmente la oferta en estos mercados puede darse de una manera clandestina y que por supuesto no tiene vigilancia del Estado.
Ahora, el proyecto de ley desconoce que en Colombia las trabajadoras sexuales ya se han organizado (tienen un sindicato) para luchar por sus derechos laborales, no para que por el contrario acaben con su fuente de ingresos ¿por qué si una población, como la de trabajadoras sexuales, que ha sido víctima históricamente de abusos y violencia, no puede pelear pos sus derechos para ejercer un trabajo con unas mejores condiciones de trabajo?
Es claro que cuando hablamos de trabajo sexual no se puede comparar en todas las dimensiones con otros trabajos, este tiene una dinámica muy particular, pero es por esta misma razón por la cual se hace más necesario la protección del Estado mediante la regularización de quien decide realizarlo en vez de castigar y someter este mercado a las profundidades de los mercados ilegales y sus consecuencias.
