Vuelve y juega: el Pacto Histórico radicó un proyecto de reforma política con el cual busca institucionalizar el deporte nacional del transfuguismo.
Por una sola vez y sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia, los honorables padres y madres de la patria, se podrán cambiar de camiseta. Una propuesta de políticos para políticos, que en nada, en absolutamente en nada, le sirve a la ciudadanía, pero que sí pone de manifiesto las prioridades que por estos días le asisten al Pacto Histórico en su afán por no perder representación en el Congreso de cara al 2026.
La propuesta (a la que le esperan ocho debates y que deberá ser aprobada para su entrada en vigencia antes del 20 de junio de 2025) se enmarca en una reforma política que, en su esencia, retoma los elementos centrales de la reforma política que se le hundió al Gobierno en diciembre de 2022.
El primer gran fracaso legislativo de Petro y que dejó para la posteridad la fotografía del entonces senador Roy Barreras rasgando el documento del articulado en la Comisión Primera del Senado.
Ahora, el Pacto Histórico insiste en lo mismo, pero lo hace de forma extemporánea, cuando el país no está para discutir reformas políticas, cuando la gobernabilidad del presidente se encuentra en su punto más bajo y sin combustible para alterar las reglas de juego a casi un año de iniciar la temporada electoral.
Para muchos analistas, lo anterior evidencia el desespero del Pacto Histórico por encontrar una fórmula que les permita continuar siendo la primera fuerza política en el Congreso. Algo que tienen muy cuesta arriba.
Además del irrespeto por promover el transfuguismo, el refrito de reforma política plantea, entre otras cosas: la creación de un modelo partidista de afiliados con un reconocimiento de la personería sobre una base de afiliados compuesta por al menos el 0.2% del censo electoral nacional; la restricción a tres periodos consecutivos de permanencia en las corporaciones públicas (desde la Junta Administradora Local hasta el Senado); la modificación de la edad para aspirar a la Cámara y al Senado (que se fija en 18 años); el voto obligatorio; la creación de un sistema de adquisición progresiva de derechos para nuevos partidos; y la obligación de presentar listas únicas y cerradas.
Un proyecto diseñado por políticos para políticos. Que en nada atiende las preocupaciones del ciudadano de a pie. ¿Es un intento desesperado por parte del Pacto Histórico por hacerle concesiones a los partidos tradicionales en su afán desmedido por institucionalizar el transfuguismo?
No obstante para muchos el refrito está condenado al fracaso. No solo por falta de ambiente, sino que, el país no está para dar esa discusión. El Gobierno ya tuvo su oportunidad en las primeras de cambio, pero la desaprovechó, permitiendo -a instancia de Alfonso Prada y el mismo Roy Barreras- que un proyecto bienintencionado radicado en agosto de 2022 se convirtiera en un Frankenstein.
No tiene mucho sentido insistir en lo mismo para asegurarle el cambio de camiseta a 15 o 20 congresistas inconformes con sus partidos de origen, que, al no tener el valor cívico para renunciar a su millonario salario y a los privilegios del cargo, pretenden distraer el país con una discusión innecesaria que solo resulta funcional a sus intereses.
En síntesis, será otra reforma política que no llegará absolutamente a nada. Si un Gobierno no se la juega por sacar una reforma política en sus primeros seis meses, ya luego, al tenor del desgaste, resulta imposible. No hay muchas razones para creer que en este momento será diferente.
*Con información suministrada por Fredy Chaverra, colaborador externo de la Sección Nota Ciudadana.
