Uno de los instrumentos principales de todo gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo, caracterizado como la hoja de ruta de cada nueva administración. En lo relacionado con los servicios públicos, el proyecto del actual gobierno aprueba, en el artículo 88, una reasignación de subsidios, para focalizarlos más, eliminándolos para el estrato tres, utilizando la medición inteligente AMI, que ha sido rechazada por usuarios de todo el país.
Además, sobre tarifas eléctricas, en el artículo 300, ratifica el proyecto el régimen especial tarifario para la Región Caribe al no excluir el artículo 318 aprobado en la Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior. O sea, que las luchas, movilizaciones y foros que se hicieron el año pasado en los siete departamentos de la costa rechazando las exorbitantes alzas no fueron tenidos en cuenta en este importante proyecto de ley. También se contempla una nueva estratificación en todo el país que subiría los estratos hacia arriba y bajarían, aún más, los subsidios para muchos ciudadanos. Estos aspectos deberían ser reconsiderados y modificados sustancialmente por el actual gobierno o el Congreso Nacional.
Empresa Triple A debe ser patrimonio público de atlanticenses
Después de sufrir varios despojos la empresa Triple A, entre ellos el de los españoles de Inassa y el Canal de Isabel II de Madrid por más de 80 millones de dólares que llevó a la Fiscalía a embargar la mayoría accionaria con fines de extinción de dominio, hubo una transacción entre el gobierno anterior y la empresa Alumbrado Público de Barranquilla que llevó al distrito de Barranquilla a controlar el 74% de las acciones de Triple A y a un potentado del interior con el 23%.
Este contrato, el cual tiene presunción de validez por cuanto no se conoce ninguna demanda en su contra, define que pagado el 50% de la transacción se le debe entregar la junta directiva de la empresa a la nueva composición accionaria, pero la Sociedad de Activos Especiales SAE optó por no cumplir dicho contrato y tomarse la junta directiva de la empresa, lo que podría llevar a los españoles de Inassa a retomar la empresa. En este caso deben primar los derechos de los barranquilleros y atlanticenses a ser resarcidos, reparados, por tanto saqueo y corrupción y, mientras no se demuestre la presunta ilegalidad del susodicho contrato, este debe cumplirse porque estamos en un Estado social de derecho.
En este sentido, las acciones del potentado beneficiado deberían ser adquiridas por los 14 municipios a través de sus alcaldías para que esta “joya de la corona” como se conoce, sea un patrimonio público de los atlanticenses, para que irrigue sus importantes utilidades a toda la población. Hay que constituir un comité en defensa del patrimonio público de Triple A para los atlanticenses.
Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Atlántico
