Y si en lugar de dar beneficios tributarios a los empresarios por la contratación de pospenados que hayan sido condenados por delitos menores, más bien incentivamos a toda la sociedad civil a darle la mano a los recién llegados, sin importar el qué, a quién, el cómo, el cuándo o el donde del delito cometido. Pues no debería ser objeto de halago a los grandes empresarios que a bien integren a sus empresas a una persona que ha pasado x cantidad de años privada de la libertad; por el contrario, se debería conminar a la empresa privada, e incluso publica, a no tener ninguna clase de discriminación en el momento en que una persona pospenada solicite un empleo, toda vez que precisamente si fue objeto de castigo por una infracción en contra de la sociedad. También es cierto que viene a reintegrarse a esta última, luego de un proceso de resocialización, que a final de cuentas es una de las funciones que cumple el tratamiento penitenciario y carcelario.
Creo que el orden ideal en este tipo de situaciones debería ser que nos incluyamos como sociedad en dicho tratamiento penitenciario, abriendo la posibilidad a que emprendedores, pequeñas empresas y demás entes le brinden la mano a estas personas, pues podríamos dar nuestro granito de arena a que los índices de reincidencia tan altos que arrojan las cifras día a día disminuyan, ya que para nadie es un secreto que dentro de las cárceles no existen grandes posibilidades de llevar a cabo un tratamiento efectivo de resocialización. La falta de conocimientos y de oportunidades al momento de salir en libertad van directamente de la mano con que una persona reincida e incluso cometa nuevos delitos.
Se es poco consciente de que la resocialización efectiva y la reincidencia son causa y efecto. Lastimosamente, en Colombia los proyectos e iniciativas que buscan reformar la política criminal y los tratamientos penitenciarios y carcelarios siempre quedan en el tintero. Es momento de pasar a ser la parte activa en el asunto y proponer acciones encaminadas a que dentro de los diferentes penales se promuevan actividades que brinden a los privados de la libertad, tanto sindicados como condenados, los medios para adquirir nuevos conocimientos académicos, en oficios, habilidades, etcétera. A la larga, que se les enseñe y entregue herramientas (físicas, emocionales, sociales, etc.) para reintegrarse a futuro, y de esta manera compensarse a sí mismos y a la sociedad por la falta cometida.
Es bueno dar una mirada al proyecto de ley recientemente promovido con el fin de dar incentivos tributarios a los grandes empresarios del país que vinculen laboralmente a pospenados condenados por delitos menores. Sin embargo, si como sociedad pudiéramos cambiar poco a poco los estigmas que existen hacia este tipo de población, abriendo espacios donde se compartan experiencias y donde podamos entender qué hay detrás de la persona que comete un delito, podríamos prevenir a futuro la posible comisión de ellos. Este proyecto no debería excluir por un lado a pospenados condenados con otro tipo de delitos o penas altas, ni por el otro lado a pequeños emprendedores e incluso a la sociedad en general. De hecho, no debería ser necesario incentivar a grandes empresarios, esta debería ser una responsabilidad que tenemos todos como sociedad.
