La semana pasada, la Plenaria de la Cámara aprobó un proyecto de ley que sin duda va a cambiar el destino de las Juntas de Acción Comunal, en donde inicialmente tendrán un papel determinante en la construcción de los planes de desarrollo territoriales, porque ahora los alcaldes y gobernadores podrán incluir en éstos los conocidos “Planes Estratégicos de Desarrollo Comunal”, lo que significa ni más ni menos que darle “legalidad” a esta inclusión.
Es el inicio de una discusión y concertación del Estado con estos gremios comunales, que son portadores del sentir diferencial y específico de los sectores sociales a nivel urbano y rural, que sin duda va a consolidar lo que se conoce como “Gobernanza”, en donde la acción gubernamental está basada en el aporte de los ciudadanos, lo que genera una corresponsabilidad del ente gubernamental y la sociedad, que comúnmente se conoce como la “pirámide invertida” de las empresas japonesas.
Esta potestad no es casual porque la iniciativa establece un marco jurídico a las relaciones entre el Estado y las Juntas de Acción Comunal, en donde no solo se ratifica la conformación de empresas comunitarias y comunales, más la celebración de contratos, convenios y alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sino que además se promueve la figura de las “Empresas rentables”, quedando claro que las utilidades de esta actividad económica deben ser reinvertidas única y exclusivamente en planes, programas y proyectos de estas juntas de acción comunal, incluidos aquellos programas de vivienda de interés social.
Ese fortalecimiento de la acción comunal incluye que el tres por ciento de los presupuestos territoriales podrían ser destinados a un fondo comunal local, que se pueden invertir por ejemplo en proyectos del “Acuerdo final de paz”, y en consecuencia que las Alcaldías y Gobernaciones tengan el deber de ajustar y revisar la viabilidad de los proyectos comunales, incluida la posibilidad que sean financiados con los presupuestos territoriales, siempre y cuando tengan impacto regional y generen empleo.
La iniciativa legislativa -que ahora pasa a Comisión Séptima y Plenaria de Senado- delega además al Ministerio del Interior, en coordinación con Planeación Nacional y la Confederación Nacional de Acción Comunal, sentar los lineamientos de la formulación, implementación y evaluación de una política pública -en donde se acogió dos proposiciones del Representante José Vicente Carreño- con el fin de fortalecer y consolidar este tipo de entidades comunitarias, que necesariamente debe contar a nivel nacional y territorial con la activa participación de los actores involucrados, que permita el mejoramiento continuo de esa “gestión comunal”.
Asimismo, la iniciativa delega al Ministerio del Interior y la Alta Consejería Para la Juventud, en coordinación con la Confederación Nacional de Acción Comunal, la creación del Comité de Trabajo para los Jóvenes Comunales, con el fin de promover la participación y la inclusión de liderazgo de los jóvenes en el accionar comunal; y además la creación de una figura tan novedosa y tan acertada en lo pedagógico, como es la elección de cada cuatro años de las Juntas de Acción Comunal Infantiles (JACI), en las instituciones educativas de nuestro país.
