Es 6 de mayo, ha pasado una semana de paro y movilizaciones sociales, una manifestación enorme de indignación y descontento ciudadano. Todo empezó con la propuesta de reforma tributaria del presidente Duque y su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Fue el Florero de Llorente. Fue eso lo que les facilitó a las centrales obreras y a las organizaciones sociales dar un golpe de gracia y sacar a la calle a millones de personas. Después cada quien le fue agregando sus propios motivos: los jóvenes su dolor contra los atropellos policiales y su desesperanza; los pobres y los marginados, el desempleo y el hambre; las clases medias la grave crisis económica que ha traído la pandemia con el desempleo y el cierre de pequeñas empresas; los campesinos la amenaza de las fumigaciones y el olvido; los defensores de la reconciliación, las graves violaciones al acuerdo de paz con su estela de muerte a las excombatientes y a los líderes sociales; el país entero las graves deficiencias del sistema de salud sacudido por el Covid 19, la lentitud de la vacunación. Es un doloroso ramillete de motivos.
Pero el partido de gobierno no entiende esto. En un comunicado el Centro Democrático señala que se trata de: “Un macabro plan de la izquierda radical y criminal financiado por el narcotráfico para desestabilizar la democracia”.
Con esta premisa su líder máximo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un deplorable trino que la misma plataforma twitter censuró, incitó a “Apoyar el derecho de soldados y policías para utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y los bienes de la acción del terrorismo vandálico”.
A renglón seguido el presidente Duque ordenó una militarización de las ciudades y una represión de las protestas ciudadanas acudiendo al Esmad, el cuerpo policial más agresivo y violento, con el resultado hasta ahora de 36 civiles y un capitán de la policía asesinados y cientos de heridos entre ciudadanos y miembros de la fuerza pública. En la confrontación se han producido además destrucción de bienes y saqueos en todas las ciudades. La Organización no Gubernamental Temblores registra 1078 hechos de violencia policial.
No obstante los manifestantes no cedieron a la represión y se mantuvieron en el paro, los bloqueos, las manifestaciones. Al tiempo que gente desesperada o simplemente vándalos y delincuentes han aprovechado la oportunidad para saquear y agredir a los civiles y a los cuerpos del Estado.
A Duque no le quedó más remedio que retirar su proyecto de reforma tributaria, aceptar la renuncia del Ministro de Hacienda y llamar a un espacio de concertación nacional.
Se pensó entonces que haría cambios de fondo. Pero con el transcurrir de las horas y los días se ve que fue un verdadero parto de los montes. En vez de invitar al gabinete a otras fuerzas políticas se mantuvo en la coalición que integra al Centro Democrático, al Partido Conservador y a algunas iglesias evangélicas e hizo un enroque con sus funcionarios. Pasó a José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio Exterior, a la cartera de hacienda. Ascendió a Juan Alberto Londoño, Viceministro de Hacienda, uno de los mentores de la hundida reforma tributaria, a Ministro de Comercio Exterior. La llamada concertación la convirtió en la misma conversación nacional que intentó en el paro de noviembre de 2019 y le dio la tarea de conducirla a Miguel Ceballos que ha fracasado como nadie en su gestión de Comisionado de Paz. Remedios viejos para problemas nuevos.
Ahí vamos. Duque y el uribismo decidieron escoger el camino de Maduro en Venezuela para detener la protesta social: militarizar el país. Esta fórmula, dada la tradición violenta de nuestro país va camino de producir una verdadera tragedia nacional. El saldo de muertos, heridos y destrucción en sólo una semana ha sido asombroso. Cali ha sido el epicentro de mayor violencia. Allí se ha producido una especie de golpe de estado. La Fuerza Pública se ha tomado la ciudad y para responder a las marchas pacíficas o a los desmanes ciudadanos ha recurrido a una utilización ilegal de las armas y ha dejado un reguero de muertos, especialmente en las comunas de Siloé y Agua Blanca.
Pero la otra diferencia con Venezuela es que aquí hay un establecimiento económico muy diverso y sofisticado; una amalgama de partidos y fuerzas políticas de oposición o que han declarado su independencia frente gobierno de Iván Duque, con organización regional y vocerías nacionales potentes; y un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil con fuertes lazos con la comunidad internacional.
Es muy probable que Duque fracase en su pretensión de controlar el país y ahogar la oleada de protestas por la fuerza o con el engaño de una conversación sin resultados inmediatos.
En esas condiciones Colombia puede tomar el camino que recorrió Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020: una radicalización democrática de la sociedad que se toma la calle y no detiene su protesta hasta que conquista un gran viraje, un gran cambio.
Ahora bien, de darse el este escenario de radicalización democrática, ¿cuál sería en Colombia el equivalente a la Reforma Constitucional que ofreció Sebastián Piñera en Chile para aplacar las protestas sociales y salir de la grave crisis institucional?
El nombre de la solución podría ser un gran pacto social y político sobre la base de los siguientes puntos:
1. La reforma policial con la abolición del Esmad, el paso de la policía al ministerio del Interior y la depuración de la fuerza pública de todos los agentes violadores de los derechos humanos.
2. Una renta básica para los estratos populares.
3. El cumplimiento de los acuerdos de paz con sus reformas política y agraria, el cese de los asesinatos de reincorporados y líderes sociales; un freno definitivo a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y un retorno a la idea de erradicación por acuerdo con los campesinos.
4. El retiro del proyecto de reforma a la salud y el fortalecimiento de la salud pública
5. Los recursos para estas reformas se buscarían en el abandono definitivo de la idea de comprar aviones de combate que costaban 14 billones de pesos, la mitad del dinero que aspiraban con la malograda reforma tributaria; en cuanto al aumento de la tributación hay que aplicar la fórmula propuesta por el exministro José Antonio Ocampo en entrevista al diario El Espectador: “Para evitar efectos sociales adversos, el aumento debe concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo la eliminación de los que se introdujeron en la última reforma tributaria, en un impuesto al patrimonio progresivo para personas naturales, y quizás en algunos impuestos de emergencia que graven a estos mismos sectores”; también es obligatorio acudir un préstamo de emergencia del Banco Emisor como lo aconsejan algunos economistas y, en último caso, cerrar el negocio de compra de ISA por parte de Ecopetrol.
Con una propuesta de Pacto Social y Político el gobierno de Duque podría lograr un acuerdo nacional a corto plazo, ahorrar vidas, evitar la destrucción de la infraestructura y recuperar el apoyo de la comunidad internacional tan maltrecho en este momento.
El primer paso de este gran acuerdo nacional es un entendimiento de todos los partidos independientes y de oposición -las coaliciones del Pacto Histórico y La Esperanza, el Partido Liberal, Cambio Radical y Sectores de la U- y los sindicatos y fuerzas sociales, para desatar una presión en el Congreso Nacional y en la opinión Pública que obligue al presidente Duque y a la coalición de gobierno a ceder de verdad para que Colombia recobre la estabilidad y pueda concurrir en calma y con garantías democráticas a la cita electoral de 2022.
En todo caso, desde la fundación Paz y Reconciliación, hacemos un llamado a la resistencia y protesta pacífica. Rechazamos la violencia como forma de resolución de conflictos y hacemos un llamado a que entre los donatarios y donantes de la cooperación internacional que han sido aliados en la búsqueda por la paz y la reconciliación, aunemos esfuerzos para apoyar este gran pacto social y político.
