La idea del próximo ministro de Defensa, Guillermo Botero, de impulsar una ley para regular las manifestaciones ciudadanas ha despertado la molestia de organizaciones sociales, sindicales y del movimiento popular.
La protesta social es un derecho constitucional, pregonado y enarbolado como estandarte libertario por la mayoría de estados democráticos y de derecho del mundo. Este nació en las fraguas de la Revolución francesa, y ha campeado con honor y sin tregua en la defensa de derechos y contra tiranías autocráticas. Su noble fin busca que el pueblo y los diferentes sectores de opinión y gremiales expresen su descontento ante hechos que ellos consideren lesivos de sus derechos.
Sin embargo, cuando ello se convierte en un instrumento, en una máquina infernal de ataque siniestro e inescrupuloso contra un gobierno legítimo, obedeciendo a órdenes e intereses oscuros, perversos y deleznables, como lo ha dejado entrever el candidato de la oposición Gustavo Petro, debe tener una regulación normativa, una ley estatutaria, que la reglamente y organice.
No puede concebirse la protesta como un estallido tumultuario veintijuliero o vocinglero de hordas sin control y contención, invitando a la anarquía o al desorden. Eso no es protesta, es anarquía, desorden y si se quiere terrorismo, pues permite de manera cómoda e impune la infiltración de agentes y factores externos radicales que buscan un solo fin: la desestabilización de las instituciones elegidas de manera libre, legítima y democrática, mediante actos de vandalismo, caos y delincuencia, sirviendo como instrumento de revancha o venganza por parte de quienes perdieron las elecciones, que albergando y despertando odios pretenden desquitarse de su condición de perdedores, convertidos ahora en cómodas fuerzas opositoras. No olvidemos el papel que las aparente desmovilizadas Farc jugarán en todo esto, con milicianos entrenados en esta clase de luchas. Jamás la patria había corrido tanto peligro por la firma espuria de unos acuerdos de paz.
Retomando, si bien las manifestaciones son un derecho fundamental, ello no las instituye como axioma de impunidad absoluta para quebrantar la ley y la autoridad. Ese concepto romántico, añejo y casi irresponsable está siendo interpretado de manera maniquea y farisea por quienes persiguen fines torvos y deleznables. Como lo decía Dostoievski: “no olvidemos que el demonio puede citar las sagradas escrituras para cumplir sus propios propósitos”.
Así las cosas, y frente a las evidencias y nuevos acontecimientos históricos, es menester reglamentar la protesta social, dentro de los cauces de legalidad, orden, respeto y autoridad.
