Durante décadas por el río Atrato ha pasado la vida de toda una región. Las innumerables lanchas que han recorrido sus aguas buscando la capital del Chocó y las poblaciones que se construyeron en sus riberas, han conocido la historia de un pueblo que día tras día convivió con el río Atrato, viviendo de él, con él y para él.
De sus aguas sale la pesca que a diario extraen los robustos brazos de los habitantes de las poblaciones que surca el río. A él llegan los afluentes de la selva chocoana, afluentes que cada día se hacen más pequeños, menos ruidosos y más contaminados, entre otros factores, por la explotación minera ilegal, la tala indiscriminada de sus bosques y la contaminación que trae la población de sus riberas.
La población pidió que se brindara algún tipo de protección al río del que dependen sus vidas, que no se pierda la columna vertebral del Chocó en medio de la contaminación generada por el mercurio que usan en la explotación aurífera, que regulen el uso del agua, que se le entienda como la vena viva de la cultura regional. Años de ruegos y peticiones llegaron a su fin con el reconocimiento del río Atrato como un sujeto de derechos, reconocimiento que se hace por medio de la sentencia T-622 de 2016, donde el MADS ha dado inicio a la articulación de entidades que trabajan por la restauración de los derechos del principal afluente del Pacífico colombiano.
El Gobierno nacional nos designó como veedores del cumplimiento de estos derechos en representación del nivel gubernamental, al lado de las comunidades étnicas que habitan en la cuenca y que comparten con nosotros esta labor. Una responsabilidad que implica integrar las acciones de las entidades y comunidades responsables de la recuperación del río Atrato, con las políticas que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Ambiente con el fin de proteger este afluente vital para el Pacífico y el país.
Creamos una estructura organizacional, un plan de trabajo con cronograma y fases de cumplimiento. Elegimos a los guardianes del río Atrato entre miembros de las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó, quienes también asumen la responsabilidad de representar los derechos de este afluente frente al Minambiente, el cual después del Decreto 1148 de 2017 se convierte en el representante legal del Atrato.
La primera tarea propuesta para salvaguardar los derechos del río es un plan de descontaminación en convenio con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), que busca inicialmente tener una línea base sobre la situación del afluente y construir propuestas para convocar mesas de trabajo con las entidades participantes y las comunidades para definir acciones.
La búsqueda del trabajo mancomunado, la definición de las acciones de forma específica el complemento que se hace con otras acciones como la que está implementando el programa Bosques de Paz con las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento en el municipio de Bojayá, el aprovechamiento de todo el senderismo de la zona, muestran el gran potencial en biodiversidad y turismo del Chocó.
Para una mejor convivencia con la arteria fluvial del Pacífico se hace imprescindible eliminar la extracción ilícita de minerales. Por ello, el Ministerio con el acompañamiento de las Naciones Unidas y con cooperación internacional está trabajando un programa piloto de minería responsable con pequeñas comunidades de las zonas aledañas a los ríos Bebará y Bebaramá.
Teniendo en cuenta que el uso del mercurio en la minería ilegal, sobre todo del oro, contamina los ríos, entre ellos el Atrato; desde el año 2013 las regulaciones en Colombia han hecho más estricto el control de esta sustancia en el país. Precisamente, el Convenio de Minamata sobre mercurio está en proceso de ratificación en la Cámara de Representantes. Si bien Minamata no contempla la prohibición del uso del mercurio, sí compromete a los países suscritos a implementar acciones de carácter mundial para controlar su comercio, eliminar su uso en la minería de oro y reducir las emisiones y liberaciones de este metal.
En la tarea de mitigar el impacto del cambio climático, la ratificación en Colombia del Acuerdo de París es clave, ya que significa obligarse ante la comunidad internacional a cumplir los compromisos incluidos en dicho tratado, que están relacionados principalmente con: reducir en un 20% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) frente a lo proyectado a 2030, avanzar hacia la adaptación del país a los efectos del cambio climático y dirigirse hacia una economía baja en carbono.
Con el firme propósito de avanzar en el cumplimiento de la histórica sentencia de la Corte en pro de la recuperación del río Atrato y de eliminar el uso de mercurio en la minería de oro, Colombia seguirá buscando alianzas estratégicas con otros países de la región y cooperantes internacionales para lograr resultados en el mediano y largo plazo.
Somos los garantes y representantes de los derechos del Atrato, en cuyas riberas se levanta majestuosa la vida y la selva con toda su riqueza natural, tenemos el firme propósito de cumplir con una tarea única en el mundo: proteger los derechos de un río, que el hombre mismo está acabando y tenemos el tiempo en contra.
