Durante los últimos días, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer su postura al respecto de la familia que considera ‘idónea’ para los niños y niñas en Colombia. Según reveló el máximo organismo del Ministerio Público, las parejas homosexuales son apropiadas para conformar una familia y adoptar.
En ese sentido, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez, insistió en que un referendo de participación ciudadana NO es el mecanismo idóneo para garantizar el derecho del niño, niña y adolescente a tener una familia.
La posición de la institución deja ver que el Gobierno no sólo está desconociendo los principios fundamentales de nuestra Constitución Política, sino también la importancia de la participación en un Estado democrático, como Colombia.
Esta entidad representa a los ciudadanos ante el Estado. El Procurador General es elegido en el Congreso de la República por los parlamentarios que designó el pueblo Colombiano, lo que implica que también debe velar por el ejercicio de la democracia y no subestimar a las urnas.
Los colombianos tenemos derecho a manifestar nuestra postura sobre un aspecto tan fundamental como lo es la familia. Conforme a lo que destaca el artículo 42 de la Constitución, “la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer” y es primordial que el Estado les garantice a los niños la posibilidad de desarrollarse en una familia natural.
Para la ciencia, para la naturaleza y para la religión cristiana, el núcleo fundamental de subsistencia es la unión de géneros diferentes, pero complementarios para procrear y continuar con la existencia.
Todos venimos de una relación heterosexual, tanto hombres, como mujeres, gays, blancos, afrodescendientes e incluso los animales. Bajo este argumento el género no se elige, pero sí define la formación de una familia. Sin embargo, como seres humanos tenemos algo diferente al resto de la creación: la mente, el alma, el espíritu y el libre albedrío, con el que decidimos qué hacer con lo que pensamos.
La libertad de una persona es propia de cada quien y debería afectar a cada uno, pero cuando afecta al entorno y a los demás, dejamos de ser individuos y nos convertimos en comunidad.
Con base en esto el género no cambia, lo que cambia es el pensamiento y las ideas y es en ese punto en el que como ciudadanos que hacemos parte de la sociedad colombiana consideramos que el Estado debe procurar porque el entorno en el que crece un niño no afecte sus ideas con respecto a la familia y las relaciones naturales que la constituyen.
El derecho que debe primar sobre cualquier postura social es el interés superior de los niños y niñas y su correcto desarrollo físico, mental, moral y económico. Sí bien la Procuraduría advirtió que los padres adoptantes se definen caso a caso, ya que no todas las personas tienen las condiciones apropiadas para asumir la responsabilidad que implica formar un hijo, no se puede desconocer que la claridad en el marco normativo legal es fundamental para la agilidad y la idoneidad de los procesos que conlleva una adopción.
Cabe resaltar que por las condiciones de nuestra sociedad se han dado otras formaciones de familia, que se han constituido en muchos de los casos por circunstancias, como ha sucedido por ejemplo con las madres solteras. No obstante, la obligación del Estado debe ser velar porque los niños gocen del derecho a tener una mamá y un papá, pues no podemos desconocer que el hombre y la mujer aportan de diferentes maneras aspectos primordiales para la formación.
Más allá de los constantes debates que se dan en los espacios sociales y los medios de comunicación, es labor del Estado encontrar un punto medio que acabe con esta disputa. Aunque para la Procuraduría una opción democrática solo favorece a las mayorías, es la sociedad la que tiene que decidir la constitución de la familia, ya que esta es su núcleo.
