Interesantes planteamientos los expresados por la doctora Carolina Corcho la próxima ministra de salud, frente a la reforma que anunció será tramitada el próximo año; empezando por aclarar que los 47 millones de afiliados al sistema de salud que equivalen al 99,2 % de cobertura, no implica que haya acceso y efectividad en la atención para todos ellos.
Sustenta la necesidad de la reforma entre otros aspectos en las cerca de 250 tutelas diarias (casi 95.000 al año) por atención en salud (75 % de ellas por servicios básicos); pero principalmente al riesgo eminente de llegar a un oligopolio, si de las 200 EPS iniciales y que ya son sólo 30, se retiraran las 14, con 14 millones de afiliados, que no cumplen con los requisitos mínimos financieros.
Y claro que la historia reciente le da en gran parte la razón, pues unas más que otras dilatan la autorización de cirugías y otros servicios, y cada que se ha intervenido (a veces peor la cura que la enfermedad) o liquidado alguna, se han perdido importantes recursos del sistema, siendo los prestadores públicos y privados los más afectados, llegando hoy las deudas a superar los 22 billones de pesos (más de 10 billones a hospitales públicos y más de 12 a clínicas privadas).
Cada que se ha pensado en liquidar las EPS juega un papel muy importante el análisis de la oportunidad de destinar el 8 % que hoy cuesta la administración del régimen subsidiado, a mejorar la contratación de los trabajadores del sector, o al fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, como unos de los principales destinos de dichos recursos.
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Al criticar el actual sistema siempre se recalca que no funciona como se necesita, a pesar que el 82 % de los giros directos van a prestadores que atienden régimen subsidiado; así como la integración vertical que hace a sus actores, juez y parte y frente a la que algunos piensan que realmente en la actualidad es de más del 30 % permitido.
Para pasar de la prevención a la predicción y demás buenas perspectivas que tiene la ministra; ayudaría muchísimo que seamos capaces de implementar un sistema de información en línea, de establecer un tarifario único, de aumentar la cobertura del PAI, de ofertar más plazas de especialistas por parte de las Universidades, de regular exceso de profesionales en algunas disciplinas que los hace optar a salarios ínfimos, de asumir por parte de los alcaldes la necesaria revisión de los colados en el Sisben, y de revisar el papel de las ARL, que contrario a ayudar a ser un sistema más bien, pareciera desintegrar el mismo.
Mención aparte merece el no ser conscientes que muchos de los determinantes en salud (agua, hambre, pobreza, vías, accidentes de tránsito, educación, etc.), no dependen del sector que protege los derechos fundamentales a la vida y a la salud, sin duda alguna los dos más importantes, y que apenas ocupa el tercer lugar en recursos del presupuesto nacional con menos del 12 %, después de educación, defensa y policía; y tal vez ya sea hora de un ajuste real a la UPC, que es deficiente para cubrir todas las actividades del Plan de Beneficios en Salud, aclarando eso si que el sistema fue pensado para un país con menos desempleo, y que por ello tiene que seguir subsidiando al 59 % del aseguramiento.
