El miércoles 22 de agosto el senador Álvaro Uribe Vélez dio a conocer el proyecto de ley con el que pretende subir “extraordinariamente” el salario mínimo legal en Colombia (1). A las numerosas críticas que tiene este proyecto de ley, ya sea por considerarlo irracional y populista, debe sumarse el riesgo inflacionario que conllevaría un aumento exponencial en los costos de producción de los bienes y servicios del país.
El aumento de los salarios, que realmente iría a los fondos de cesantías de los empleados, traería consigo un elevado aumento de los costos de producción. Estos costos de producción elevados se transmitirían directamente al consumidor, por lo tanto el precio de los bienes y servicios aumentaría. Sería algo normal, como suele ocurrir continuamente al inicio de todo año fiscal en donde se generan alzas en el salario mínimo, pero, en este caso, las afectaciones a la clase media y trabajadora del país tendría una afectación en su poder adquisitivo.
Al pasar directamente al fondo de cesantías, esos ingresos nuevos para los trabajadores del país no serían corrientes, pues las cesantías solo monetizan en tanto surjan problemas inmediatos para el trabajador (desempleo o inversiones), además de los costos financieros que deben asumir para liquidar esos ingresos. En términos generales, la masa monetaria no aumentaría, pero los costos de producción si, por lo que el poder adquisitivo en vez de aumentar, disminuiría.
A eso hay que sumarle que el control de los fondos de cesantías en Colombia lo tienen dos empresas con más del 86% de participación del mercado (Porvenir y protección) (2) lo que en últimas sería un ingreso extra para los activos de inversión, que ya suman más de 230 billones solo por Administración de cuentas de ahorro en Fondos de pensiones.
Esta propuesta en últimas sería perjudicial para la demanda interna del país, pues detendrá el poder adquisitivo de las clases más bajas de la sociedad, sumándose a reformas tributarias que pretenden disminuir oportunidad de compra (Renta por encima de 2 SMMLV) y aumento de costos con tasas fiscales (gravar canasta básica familiar).
