Hasta la semana pasada, el gobierno nacional mostraba la zona del Urabá como uno de los ejemplos de la pacificación y de lo que sería la victoria contra el crimen organizado. Efectivamente, en esta región del país los indicadores de violencia habían caído de forma increíble. Urabá pasó de ser una de las regiones más violentas del país hace un poco más de una década, a una tasa de homicidio cercano a una cifra de un dígito.
Sim embargo, el paro armado de los Urabeños la semana pasada esta región del país, significó la parálisis de ciudades grandes como Apartadó, Montería, capital de Córdoba, también se vio afectada; y todo esto en medio de la famosa operación Armagedón, que según el gobierno nacional tenía al borde del colapso a Otoniel y su gente.
Los Urabeños o Clan Úsuga son tal vez la estructura neoparamilitar más fuerte actualmente en Colombia y su poder se extiende en 13 departamentos. La zona del Urabá es su base fundamental, pero se han hecho fuertes en toda la costa Pacífica colombiana. Su nacimiento se relaciona con el proceso fallido de desmovilización paramilitar en esta región. El fundador fue alias Don Mario, actualmente preso, a quien sucedió Giovanni y más recientemente Otoniel.
El problema con estos grupos neoparamilitares fue el proceso de desmovilización paramilitar puesto en marcha entre 2003 y 2006 y que significó, en el mejor de los casos, la desmovilización del aparato militar, porque sus estructuras políticas, económicas, las rutas del narcotráfico y los contactos con agentes estatales no se desmovilizaron, y tampoco fueron delatados por los desmovilizados. De tal forma que el rearme paramilitar fue algo apenas predecible.
En los últimos cuatro años el estado ha logrado neutralizar 22 jefes de bacrim. Por ejemplo, Giovanni murió en un operativo militar, los hermanos Comba se entregaron al gobierno norteamericano, Mi Sangre cayó en Argentina, Diego Rastrojo en Venezuela, Cuchillo en el Meta, el Loco Barrera en Venezuela, y a pesar de ello la influencia es estas estructuras no ha disminuido. La estrategia de la fuerza pública ha sido concentrarse en los objetivos de alto valor, bajo el presupuesto de que la organización criminal desaparece si se neutraliza a los jefes, premisa que ha sido errada.
La desaparición de estas organizaciones criminales es producto
del proceso de cooptación entre estos grupos neoparamilitares,
los Urabeños han cooptado a los Machos en el Valle del Cauca y a los Paisas en Antioquia
De hecho, se podría decir que gran parte de la desaparición de estas organizaciones criminales es producto del proceso de cooptación entre estos grupos neoparamilitares y no gracias a la efectividad de la fuerza pública. Por ejemplo, los Urabeños han cooptado a los Machos en el Valle del Cauca y a los Paisas en Antioquia.
Estos grupos neoparamilitares son el principal riesgo para el posconflicto, por dos vías. La primera es la posible cooptación de mercados en las zonas donde las guerrillas dejen las armas; la segunda, la contratación de estas estructuras por gentes interesados en que el proceso de paz fracase. Ambas vías son muy posibles, y de no limitarse la actuación de estas organizaciones, el posconflicto puede ser doloroso en algunas regiones.
Es por ello que se propone afrontar este reto con una estrategia que contemple la represión, pero que también ofrezca un proyecto de alternatividad penal, en el cual se legalice parte de la riqueza: cerca de un 30 %, el 70 % restante que pase al Estado para la reparación de víctimas. Y que se den pocos años de cárcel a cambio de delación de socios y entrega de rutas del narcotráfico. Es decir, hacer bien lo que no se hizo con la desmovilización paramilitar. Esto no significa estatus político o de beligerancia, de hecho, es una figura que ya se permite en la ley colombiana.
Se entienden los miedos del proceso 8000 y, obviamente, los fantasmas de la cooptación institucional para promover estos mecanismos son entendibles, pero el país debe afrontar este debate de forma abierta y trasparente para poder avanzar en un posconflicto pacífico.
