La última encuesta de Invamer Gallup, para mí la más creíble de todas, raja ¡y de qué forma! a la administración de justicia del país. Más del 60% de los entrevistados dijo tener desconfianza respecto del aparato judicial colombiano.
Y no es para menos, con todo y que la muestra fue realizada mucho antes de que la semana pasada se conociera que once funcionarios del complejo judicial más importante del país, Paloquemao, en Bogotá, cuadraban expedientes y hacían todo para que algunos procesos terminaran dolosamente en manos de determinados servidores públicos.
Toda una afrenta para Colombia porque un país sin un aparato judicial creíble y sólido es la negación de la democracia. No se puede concebir un país serio con fiscales, jueces y demás servidores que traten de aplicar justicia a su amaño, y máxime por dinero, como al parecer habría sucedido en el referido caso de Paloquemao —siete de los funcionarios fueron enviados a prisión y a los otros cuatro se les concedió la libertad por falta de pruebas, según me enteré cuando estaba terminando este escrito—.
Pero, creo yo, la historia de los funcionarios judiciales de Paloquemao es solo una muestra más de lo mal que anda la administración de justicia en Colombia, al menos desde la óptica de los ciudadanos de a pie. ¡Cómo será entonces la cosa hacia arriba!
En oportunidad pasada habíamos aludido en este mismo espacio al caso del exdiputado vallecaucano Sigifredo López, quien, aunque al final fue exonerado de toda culpa, estuvo en prisión tres meses por cuanto a un grupo de fiscales delirantes les dio por encarcelarlo como presunto instigador del secuestro en 2002 de sus compañeros de la Asamblea del Valle, quienes, finalmente, resultaron asesinados por una cuadrilla de los que ahora están en La Habana.
Entonces la Fiscalía salió a decir que había un “cartel de falsos testigos” que con mentiras pretendía confundir a la justicia. Eso está muy bien, excelente diría yo: que se investigue y se meta a la cárcel a esa horda de mentirosos.
Aparte de que hasta ahora no se conoce ninguna indagación contra los funcionarios que consiguieron a los difamadores, el problema es que las investigaciones por el llamado “cartel de falsos testigos” solo obran para un lado: a favor de los contradictores políticos del expresidente Álvaro Uribe.
Fíjense ustedes que el exministro Germán Vargas Lleras, absuelto por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con paramilitares de Casanare, terminó siendo víctima de supuestos falsos testigos, situación que no sería rara con tanto bandido mitómano que terminó declarando en los despachos judiciales. Que quede claro: no estoy poniendo en duda la inocencia del doctor Vargas Lleras, máxime cuando de por medio hay una sentencia judicial que así lo acredita. Solo llama la atención que sea uno de los pocos políticos que salió avante del tamiz del alto tribunal.
Recientemente fue detenido y enviado a prisión otro aparente “cerebro” del cartel de los falsos testigos. Se trata de Gustavo Muñoz, director de una tal Fundación Nueva Esperanza y quien habría urdido mentiras contra el congresista Luis Fernando Velasco por aparentes nexos con la guerrilla.
Velasco y Vargas Lleras son enemigos acérrimos y públicos de Uribe, de eso no hay duda. En este caso, nuevamente, tampoco estoy poniendo en tela de juicio la inocencia de Velasco. Que quede claro. Son solo cosas que llaman la atención.
Vámonos para el otro lado: por lo que he leído en la prensa, todo parece indicar que Santiago Uribe, el hermano menor del expresidente, puede terminar en líos mayores por las afirmaciones que en su contra han hecho varios testigos. Uno de ellos es Juan Carlos Meneses, un mayor en retiro de la Policía, quien dijo que Santiago Uribe, en los años noventa, impulsó un grupo paramilitar en el municipio antioqueño de Yarumal.
Santiago Uribe rindió indagatoria el pasado 17 de octubre. Un día después lo debía hacer Meneses, quien, al mejor estilo de Yidis Medina, extrañamente se autoincriminó de gravísimos delitos. Pero Meneses no se presentó porque está en el exterior, vaya uno a saber protegido por quién (una especie de Rafael García, quien pese a que en principio fue condenado a más de veinte años de prisión por sus innumerables crímenes, pagó solo como tres o cuatro años y después se fue para el extranjero a señalar desde allá a todo el que se le antoje. Una especie de Pitirri, quien, a pesar de sus probadas mentiras, vive en Canadá a cuerpo de rey con unos treinta familiares que son pagados por los contribuyentes colombianos). Advierto: como no conozco el expediente, no tengo elementos para pregonar o la inocencia o la culpabilidad de Santiago Uribe. Solo que, como otros casos, causa curiosidad la forma como se está llevando el proceso en su contra.
Adicional y extrañamente, los mismos testigos que han servido para condenar a algunos políticos, por ejemplo, son catalogados de mentirosos en otros procesos de la misma envergadura. ¿Cómo medir que un testigo diga verdades en un caso y mentiras en otro? Embustero es embustero, pienso yo, y como tal debería tratársele en cualquier estrado judicial.
Y para terminar, ¿dónde están las investigaciones por los nexos entre la clase política y los grupos guerrilleros de las Farc y Eln? Hace poco fue llamado a juicio un político muy “importante” del departamento de Guainía por sus aparentes lazos con las Farc. Esa, hasta ahora, ha sido la decisión más importante de la justicia en el caso de la llamada Farc-política.
De nada han servido los computadores incautados a abatidos jefes guerrilleros Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. Esos aparatos, en la mayoría de casos, parecieran ser letra muerta que no pueden constituirse como prueba judicial.
En síntesis, no se trata de sacar la cara o por unos o por otros. Tampoco condenarlos sin juicio justo. La justicia es por igual. Quien haya transgredido el Código Penal debe asumir sus responsabilidades. Seguramente ese desequilibrio para ver las cosas en Colombia es el que tiene molestos a los colombianos cuando en las encuestas se les pregunta por la administración de justicia.
