"Cambio Radical es un partido con más prontuario que cualquier otra cosa, es el partido que más ha avalado parapolíticos, es el partido que más gente tiene encarcelada por diferentes casos de corrupción, que avaló a un asesino como ‘Kiko Gómez'": Fueron las palabras de la senadora Claudia López en medio de un fuerte debate con el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.
Las palabras de López parecen fuertes pero realmente se quedan cortas. Sobre Cambio Radical hay datos sorprendentes y que seguramente gran parte del país desconoce: 349 miembros de sus filas han sido sancionados y 41 destituidos.
Tiene 19 congresistas condenados por parapolítica, de 44 investigados; 11 alcaldes de Cambio Radical están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, y los gobernadores no se quedan atrás: la cifra llega a 8 entre investigados y condenados.
La cereza del pastel es el “inefable” Gustavo Moreno, el Fiscal Anticorrupción capturado por corrupto, quien llegó al cargo en virtud de su militancia en ese partido.
El mismo Germán Vargas Lleras, jefe máximo del partido y actual candidato a la Presidencia de la República, se encuentra salpicado por los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de “Santos Presidente”, de la fuera fórmula vicepresidencial.
Parapolítica
Un recuento de las sentencias contra congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia elaborada por el portal Verdad Abierta, arroja las cifras sobre la responsabilidad directa de los partidos políticos a los que pertenecían los parlamentarios que hoy se encuentran condenados por la justicia.
Cambio Radical con seis senadores y nueve Representantes a la Cámara condenados ocupa el primer puesto.
Los senadores son: Humberto Builes Correa, Rubén Darío Quintero, Reginaldo Montes, Jairo Enrique Merlano, Miguel Pineda y Javier Cáceres Leal.
Y los Representantes a la Cámara son: Fabio Arango Torres, José María Conde Romero, Oscar Leonidas Wilches Carreño, Edgar Eulises Torres Murillo, Jesús Enrique Doval Urango, Estanislao Ortíz Lara, Jaime Cervantes Valero, César Augusto Andrade y Manuel Darío Ávila Peralta.
Corrupción y otros delitos
Benjamín Socadagui Cermeño, alcalde de Arauca. La Fiscalía lo investigó por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Fue capturado en febrero de 2016. Quedó libre por vencimiento de términos.
César Fabián Villalba, alcalde de Girardot. En octubre del año pasado fue enviado a la cárcel por peculado por apropiación, concierto para delinquir, constreñimiento al elector y corrupción al sufragante. Un juez lo dejó libre por no representar un peligro para la sociedad, pero sigue vinculado al proceso.
El ex alcalde, Diego Escobar, del mismo partido, también fue capturado por hechos de corrupción.
José Fernando Vargas Palacio, alcalde de Galapa. Condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Fue reemplazado en la Alcaldía por su hijo José Fernando Vargas Muñoz, quien se encontraba inhabilitado al momento de inscribir su candidatura.
Eduardo Villa Mozo, alcalde de Pivijay. Fue enviado a la cárcel acusado de acceso carnal violento a menor de 16 años.
Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha. En enero de este año fue capturado junto con cinco funcionarios de su gobierno por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar. La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Marcos Daniel Pinera, alcalde de Montería. La Fiscalía ordenó su captura por las irregularidades detectadas en la construcción del Coliseo “Miguel Happy Lora” y la construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería. Un juez lo dejó en libertad pero continúa vinculado al proceso.
Henry Montes Montealegre, alcalde de Aguachica. Fue capturado en abril del 2016 por irregularidades en el suministro de alimentación escolar. La Fiscalía le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales y tentativa de peculado por apropiación.
Por estos hechos también fueron capturados su asesor jurídico, el secretario de Educación del municipio, el secretario de Planeación, la contratista que entregaba los alimentos y la coordinadora del colegio Sagrado Corazón.
El alcalde permaneció tres meses en la cárcel hasta que un juez le otorgó la libertad pero sigue vinculado al proceso.
Héctor Antonio Amado, alcalde de Sáchica. En febrero del año pasado un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.
Antonio Roa Montero, alcalde de Luruaco. Fue capturado en marzo del 2016 por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos en hechos ocurridos en su primer mandato como alcalde (2009).
Junto a Roa, fueron capturados Eddy Altamar, ex tesorero de la alcaldía, y Miguel Castellano, ex secretario de Planeación. Un juez lo dejó en libertad pero sigue vinculado al proceso.
Eurípides Pulido, alcalde de Maicao. Hombre cercano a “Kiko” Gómez, fue capturado en octubre del 2015, acusado por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales.
Un juez le dio prisión domiciliaria al considerar que no representa un peligro para la sociedad.
Uldarico Toloza, alcalde de Barranco de Loba. Fue capturado en el mes de mayo por el delito de concierto para delinquir. En su contra cursan cuatro investigaciones por presunto falso testimonio, amenazas, injuria y delitos contra la administración pública.
Alias ‘Ernesto Báez’ en una audiencia de Justicia y Paz afirmó que Toloza hizo parte de las AUC. Según el exparamilitar, el alcalde tenía nexos con los organizadores y firmantes del “Pacto de Loba”, reunión convocada por el grupo armado ilegal a la que asistieron políticos de la región, delegados de los comandantes de las autodefensas y miembros de movimientos como “No al despeje” y “Asocipaz”.
El propósito de dicha reunión, según el portal Verdad Abierta, era notificar a los asistentes de que en los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación.
Los gobernadores
El caso de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, gobernador de La Guajira, ha sido emblemático, pero no es el único.
Condenado a 55 años de cárcel por los asesinatos de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz y su conductor, Wilfredo Fonseca.
Las órdenes de ‘Kiko Gómez’ habrían sido ejecutadas por ‘Marquitos Figueroa’, uno de los delincuentes más peligrosos de la costa atlántica.
Oneida Pinto, gobernadora de La Guajira. Fue capturada en marzo de este año. La Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Pinto también es investigada por las presuntas amenazas de muerte que recibió el exgobernador Jorge Enrique Vélez.
Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca. Condenado a seis años de cárcel por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. Fue capturado en octubre del 2015 por pagar sobornos para afectar el proceso penal en su contra.
Aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. En un año el exgobernador podrá empezar a pedir su libertad si rebaja pena trabajando o estudiando.
Manuel Carebilla Cuéllar, gobernador del Amazonas. En marzo del año pasado la Corte Suprema de Justicia suspendió y ordenó la captura de Carebilla por los delitos de cohecho, peculado y falsedad en documento público.
El exgobernador fue denunciado por cobrar coimas a miembros de su UTL durante los años 2006 y 2010. Además es investigado por irregularidades en el plan de alimentación escolar.
Fredy Forero Requiniva, gobernador de Arauca. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos. Posteriormente el Consejo de Estado declaró nula su elección por haber estado incurso en una inhabilidad, el exgobernador representó como abogado a una empresa que ganó una licitación con el departamento sin que hubiera pasado un año antes de las elecciones en que fue elegido.
Joaco Berrio, gobernador de Bolívar. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 18 años por incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Gobernación, específicamente por falta de diligencia para contratar servicios de salud.
Edilberto Castro Rincón, gobernador del Meta. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 40 años de cárcel por el homicidio de tres dirigentes políticos de ese departamento. Las víctimas fueron el excandidato a la Gobernación del Meta, Euse Rondón; la diputada Nubia Sánchez y el exgobernador Carlos Javier Sabogal.
Castro Rincón también fue condenado por celebración indebida de contratos y concierto para delinquir agravado. Increíblemente un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria sólo dos años después de haber sido condenado.
Julio Enrique Acosta, gobernador de Arauca. En el 2011 fue capturado por el asesinato del ex registrador de Arauca, Juan Alejandro Plazas Lemónaco. Desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, aseguraron haber patrocinado su campaña y haber perpetrado crímenes por orden del exgobernador. Este año un juez lo dejó en libertad por vencimiento de términos.
Emilio, el “buen muchacho” de Vargas en el Tolima
No sobra decir que en el departamento del Tolima, el máximo líder de Cambio Radical es Emilio Martínez Rosales, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
En el 2.000 el Consejo de Estado lo despojó de su investidura por otorgarle un millonario contrato al tercero de su lista a la Cámara.
En el 2002 la Corte Suprema de Justicia determinó que Emilio debía responder por el delito de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. La Corte encontró irregularidades en la celebración de más de 50 millonarios contratos, así como en dos procesos licitatorios y siete órdenes de compra durante su periodo como presidente de la Cámara.
Fue condenado a 16 meses de prisión por peculado culposo.
En el 2008 la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué ordenó la captura de Emilio Martínez quien según testimonios de seis exparamilitares internos en la cárcel de Picaleña, tenía relación con el Bloque Tolima de las Auc.
Los “exparas” dijeron a la Fiscalía que Martínez había pedido apoyo a tres ex comandantes para sus candidatos de Cambio Radical a las alcaldías en Guamo, Rioblanco, Natagaima y Ataco.
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