Popayán necesita un sacudón, no sísmico, pero sí mental, de sus habitantes y en especial de la clase dirigente y sus gobernantes, que durante sus administraciones no han superado la estrechez de miras y de recursos disponibles en sus periodos de gobierno, ni han sido capaces de despertar el aletargado espíritu cívico y de pertenencia entre los raizales y los inmigrantes que han hecho su vida en ella, para que la quieran y se motiven por construir una mejor ciudad.
Una ciudad, que a pesar de varias leyes y acuerdos para estimular su instalación, no ha sido atractiva para la industria; que su desordenado crecimiento físico y poblacional estuvo marcado por el terremoto de 1983, y que a medida que pasan los años, por inercia, consolida su vocación de ciudad turística y universitaria, que a la larga le brinda a sus gentes la principal fuente de ingresos, sin que quienes han regido su destino hayan adelantado proyectos y programas para fortalecerla, y desarrollarla; y con una alcaldía al mando de Cesar Cristian Gómez, que en lo que le resta de su convulsionado periodo, intenta planificar su desarrollo, buscando consolidar sus atractivos y fortalezas ligadas con la arquitectura, historia y riqueza ambiental, con la elaboración por parte de la administración municipal, del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y la puesta en marcha del Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico de Popayán (Pemp).
El proceso de elaboración del nuevo POT y la puesta en marcha del Pemp no deja de alentar la polémica y la críticas, y eso es la importante: que se masifiquen las propuestas y la discusión sobre el futuro de la ciudad. Si algo nos han mostrado las últimas administraciones que han gobernado es la ausencia de planificación a largo plazo: a pesar de las buenas intenciones y gestiones adelantadas durante la alcaldía de Ramiro Navia para jalonar los recursos nacionales destinados a cofinanciar las obras del plan de Movilidad en ejecución, y los debates públicos y estudios promovidos por Francisco Fuentes para actualizar el POT, no todo es color de rosa.
Tomando como referencia lo que en estos días han publicado y comentado en los medios de comunicación locales y lo debatido en Facebook y otras redes sociales, buena parte de la agenda ha sido ocupada por temas como: la aprobación por parte del Concejo Municipal de la autorización para que el alcalde gestione el préstamo de $75.000 millones, para adelantar diversos proyectos y vías, que no pudieron financiar mediante valorización, pues gran parte de la ciudadanía y políticos que representan algunos sectores no directamente beneficiados por las obras, se opusieron a pagar la contribución. Otro punto que desató polémica fue el del traslado de la estatua de Belálcazar a la plazoleta de San Francisco, y la instalación en el Morro del monumento al cacique Pubenza, propuesto en su columna de opinión por Álvaro Urbano Rojas.
También han desatado controversia las declaraciones concedidas a la cronista Olga Portilla Dorado, de El Nuevo Liberal, en la edición del 15 de julio, por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Francisco Zúñiga Bolívar, en la que anuncia que el Pemp adoptado en 2009, puede ser modificado para que cumpla su función de impulsar la protección del patrimonio arquitectónico, la revitalización del centro histórico y el desarrollo económico social y cultural de la ciudad. “El tema de la implementación del Pemp se centró en la normatividad, nosotros hemos querido darle una visión más amplia y por eso estamos creando la oficina del sector histórico, estamos pendientes de las Unidades de Gestión Urbanística”. Ocho para el centro histórico: Ejido, San Camilo, San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, La Ermita, Molino, El Callejón, que son entes de gestión y participación ciudadana para que los habitantes se organicen, discutan y participen en los proyectos que aprueben en sus sectores.
Mientras algunos arquitectos proponen la reducción del actual centro histórico para permitir la construcción de edificios para viviendas, oficinas, centros educativos, comerciales y de recreación, especialmente en el barrio El Empedrado, miembros de la Veeduría como Diego Caldas consideran que: “hay que consultar a la ciudadanía, si hay voluntad política considerando el beneficio de la mayoría cuando se hagan los ajustes permitidos. Se debe realmente comunicar, difundir e implementar el Pemp para que la gente sepa qué va a pasar con su vecindario, cómo lo pueden proteger”.
